Gloria de la Fuente, quien encabeza el Consejo para la Transparencia (CPLT) sostuvo reunión protocolar con la senadora Adriana Muñoz, para abordar, entre otros temas relevantes de su gestión, las propuestas que presentará la entidad para el órgano constituyente y mecanismos en general, dado que a su juicio “en el acceso a la información pública y en la transparencia se juega parte importante del proceso”
La necesidad de colaborar con el proceso constituyente, no sólo en los hitos plebiscitarios –de salida y entrada- sino desde antes de la conformación del órgano constitucional y durante todo el proceso, planteó la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en un encuentro protocolar.
La titular del CPLT detalló a la senadora parte del trabajo que desarrolla el órgano que lidera desde octubre pasado y que le adelantó que en los próximos días presentará una propuesta concreta en términos del reglamento que debiera regir a la Convención Constituyente.
En este sentido, comentó que “desde el punto de vista de las competencias que tenemos desde la Ley de Transparencia queremos hacer una propuesta entendiendo que en el acceso a la información pública y en la transparencia se juega parte importante del proceso”.
En este sentido, comentó que “desde el punto de vista de las competencias que tenemos desde la Ley de Transparencia queremos hacer una propuesta entendiendo que en el acceso a la información pública y en la transparencia se juega parte importante del proceso”.
La idea del Consejo, acorde lo planteó en el encuentro De la Fuente, es abrir el debate en términos del reglamento y normas vinculadas a probidad, transparencia y acceso a la información desde los inicios del proceso, e ir más allá de lo que está definido respecto del funcionamiento del órgano constitucional, como por ejemplo las obligaciones en materia de Ley del Lobby, la declaración de patrimonio e intereses, entre otras.
En la misma línea, la titular de Transparencia señaló que el organismo tiene una propuesta en materia de contenidos, que se asocia a la aspiración de consagrar en el texto de la nueva Constitución tanto el derecho de acceso a la información pública como el derecho a la protección de datos personales, así como el reconocimiento constitucional o “alguna fórmula para subir el estatus que tiene el Consejo para la Transparencia” con el fin de tener potestad sobre otros órganos del Estado.
En la cita, De la Fuente también revisó el estado de los dos proyectos de ley que se discuten en el Parlamento asociados a los principales ámbitos de competencia del CPLT: transparencia 2.0 y protección de datos personales, los que esperan puedan ver la luz pronto en un escenario en el que se requieren mejoras y adecuaciones de la normativa con miras a la consolidación de un ecosistema de transparencia, acceso a la información y probidad y un ecosistema de seguridad de los datos.
Agenda de DDHH
Asimismo, las autoridades coincidieron en la pertinencia de que el CPLT participe en la mesa de Derechos Humanos, iniciativa impulsada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta y que se ha propuesto, entre otros objetivos, generar una ley que a 30 años del fin de la dictadura militar se haga cargo de manera integral de la reparación de víctimas de vulneraciones y abusos a los Derechos Humanos. En la instancia ya participan el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), representantes de la academia, organismos internacionales como Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre este punto, la titular del Consejo comentó que el Consejo puede colaborar desde las competencias, experiencia y jurisprudencia. “Entendemos que el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales son derechos fundamentales, y que tienen que estar al servicio de la integridad de las personas”, detalló la cientista política.
Destacó entre las acciones impulsadas por el Consejo se cuentan acciones de promoción de obligaciones establecidas por la normativa vigente asociadas a la disponibilización y publicidad de grabaciones de video y otro tipo de registros captados en el contexto de las manifestaciones sociales desde el 18 octubre, así como de los listados de detenidos que deben tener las comisarías. Asimismo, se valoró el aporte que podría hacer el Consejo a esta instancia de trabajo en términos de memoria histórica.
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