La Superintendencia de Pensiones (SP) denegó acceso a antecedentes relacionados con el cálculo de estas cifras alegando afectación a derechos comerciales o económicos de terceros
El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió por unanimidad de sus integrantes ordenar a la Superintendencia de Pensiones (SP), la entrega de información relativa a cálculos de saldos o excedentes de AFP Provida (Rol C7347-19). Lo anterior al acoger, parcialmente, un amparo en contra del organismo, que denegó el acceso a partir de las alegaciones de la entidad previsional basadas en una afectación a sus derechos comerciales o económicos y tras informar que parte de los antecedentes consultados se encuentra disponible en el portal de internet del organismo fiscalizador.
La solicitud involucraba además antecedentes relativos a “los procedimientos actualizados de Provida” para realizar el cálculo de pensiones y excedentes, indicando cada una de las unidades administrativas que participan en estos procesos.
Respecto de esta parte del requerimiento, vinculada a montos, tasas, fórmulas y certificados, el CPLT decidió rechazar el amparo a partir de la constatación de que la SP accedió a su entrega y dispuso su retiro en las oficinas y horarios indicados por la entidad, por tratarse de información que contiene datos de carácter personal, conforme a lo dispuesto en la Instrucción General N°10 del CPLT.
A su vez, respecto de los trabajadores de la AFP que participaron en los procedimientos consultados, se dispuso su reserva por tratarse de información que forma parte de la esfera privada, puesto que se trata del nombre o identidad de personas naturales que trabajan en una empresa privada, y no corresponde a la identidad de funcionarios públicos.
Asimismo, se desestimó la petición de ordenar a la Superintendencia el cálculo “correcto” de los valores consultados, por tratarse de un requerimiento en el ejercicio del Derecho de Petición establecido en la Constitución, y no de una solicitud de información conforme a la Ley de Transparencia.
La SP presentó a fines de la semana pasada un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que deberá pronunciarse respecto de la decisión del Consejo sobre procedimientos y cálculos solicitados.
