Informes de auditoría evidencian fallas en licitaciones, pagos sin respaldo y vulneraciones a la probidad en el principal recinto asistencial de la provincia de Biobío, abriendo cuestionamientos sobre control del gasto público en salud
La gestión del Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles quedó bajo fuerte cuestionamiento luego que la Contraloría Regional del Biobío detectara irregularidades por más de $1.500 millones en contratos, licitaciones y ejecución de servicios, configurando un escenario que derivará en procedimientos disciplinarios y eventuales responsabilidades penales.
Los hallazgos, contenidos en dos informes de auditoría —N°636 y N°700—, no solo revelan fallas administrativas, sino que instalan dudas sobre la capacidad de control interno en uno de los principales recintos de salud pública del sur del país, en un momento donde la eficiencia del gasto sanitario es crítica.
Fallas estructurales en control de contratos y servicios
Uno de los puntos más sensibles del informe es la detección de pagos por servicios no ejecutados o insuficientemente acreditados, incluyendo aseo, seguridad, mantención de equipos médicos y apoyo logístico. Solo por estos conceptos, la Contraloría formuló un reparo superior a $1.112 millones.
A esto se suma que el hospital pagó mantenciones de equipos que ya habían sido dados de baja, además de operar sin registros claros sobre repuestos o intervenciones realizadas, lo que impide verificar la correcta ejecución de los recursos públicos.
El informe también advierte que profesionales sin acreditación técnica elaboraron informes clave, mientras que unidades internas concentraron funciones críticas, debilitando los controles y aumentando el riesgo de errores o irregularidades.
La auditoría detectó situaciones que van más allá de errores administrativos. Se identificó que jefaturas participaron simultáneamente en distintas etapas de procesos de compra, contraviniendo la normativa vigente y afectando la transparencia.
En uno de los casos más graves, un funcionario certificó experiencia de empresas licitantes mientras integraba la comisión evaluadora y actuaba como contraparte técnica, vulnerando el principio de imparcialidad y probidad administrativa.
Este tipo de prácticas no solo comprometen la legalidad de los procesos, sino que impactan directamente en la confianza pública sobre cómo se asignan recursos en el sistema de salud.
Uso cuestionado del trato directo
Otro eje crítico es el uso de la modalidad de trato directo. El hospital realizó adquisiciones por más de $477 millones sin justificar adecuadamente la inexistencia de otros proveedores, además de contratar servicios sin resoluciones que acreditaran su pertinencia técnica.
Incluso, se detectó que servicios contratados correspondían a funciones habituales del propio hospital, lo que abre interrogantes sobre externalización indebida y gestión ineficiente de recursos humanos.
Pagos sin respaldo y falta de trazabilidad
El segundo informe profundiza en una de las debilidades más complejas: la falta de respaldo documental. Se identificaron pagos por más de $563 millones en obras menores sin documentación suficiente, imposibilitando su trazabilidad y verificación en terreno.
A esto se suman más de $215 millones en trabajos de mantención sin respaldo, pagos por equipamiento sin evidencia de instalación y montos cancelados en exceso respecto de obras realmente ejecutadas.
Estas situaciones no solo afectan la eficiencia del gasto, sino que comprometen la capacidad del Estado para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a mejorar la atención de los pacientes.
Impacto y consecuencias: más allá de lo administrativo
Las irregularidades detectadas derivaron en un nuevo reparo por cerca de $800 millones y la remisión de antecedentes al Ministerio Público, lo que abre la puerta a eventuales investigaciones penales.
Más allá de las sanciones, el caso instala una discusión de fondo: cómo fortalecer los sistemas de control en la red pública de salud, especialmente en contextos donde la presión por recursos, demanda asistencial y urgencia operativa tienden a relajar estándares.
Lo que está en juego no es solo la correcta ejecución presupuestaria, sino la capacidad del sistema para responder con eficiencia, transparencia y calidad a las necesidades de la ciudadanía, en un sector donde cada peso mal gestionado tiene impacto directo en la atención de las personas.
