Por: Carlos Cantero O. Geógrafo, Master y Doctor en Sociología. Director del Consejo Chileno de Tecnologías de Información y Comunicación. Académico, conferencista y pensador laico chileno, estudia la Sociedad Digital y la Gestión del Conocimiento. Fue Alcalde, Diputado, Senador y Vicepresidente del Senado de Chile
Es urgente superar la hipocresía política y comunicacional en torno al narcotráfico y llamar las cosas por su nombre, sin los eufemismos que usan los informativos para dar cuenta de la cruda realidad drogo-delictual, que se intenta ocultar. Por ejemplo, cuando se dice: “bala loca mato a ……”. ¿Es preciso señalar que no hay balas locas? Habitualmente son balas del enfrentamiento entre narcotraficantes o sus soldados que disputan territorios o se quitan las drogas (la mexicana).
Chile ha visto aumentar exponencialmente los delitos, en las cárceles más de la mitad de la población penal está sentenciada por narco-delitos o algunos de sus derivados, la victimización aumenta como sensación ciudadana, nuestros barrios sufren el proceso de deterioro a la mexicana o colombiana, sin que las autoridades reaccionen. En Chile se detienen a los burreros y los consumidores, pero, nunca a los financistas o señores del narcotráfico.
Es evidente que Chile se trasformó en un preferente corredor de drogas[1] que se distribuyen al mundo. Los grandes carteles ven en el país un verdadero paraíso para sus ilícitas actividades: el cartel de Sinaloa, el Cartel Iraní, bandas derivadas de los tres principales carteles de Colombia, que operan en países vecinos y extienden sus actividades hacia Chile. De hecho, en su momento de gloria, Pablo Escobar, tenía a su familia y una potente base en Chile. Esto se ve favorecido por la escasa consciencia y alta hipocresía de nuestra sociedad, con una economía abierta, un Estado ineficiente y débil, un control de fronteras terrestres y marinas casi nulo, una descoordinación de los aparatos del Estado llamados a enfrentar el flagelo y un evidente proceso de debilitamiento profesional y ético en muchos de los más altos oficiales y agentes del Estado. No será necesario recordar todos los escándalos por dinero mal habido que se ventilan en los tribunales, testimonio de la falta de probidad. También hay que señalar, como contra cara, que hay otros abnegados funcionarios que arriesgan su vida diariamente en sus procesos investigativos y controles, no siempre con el apoyo, el respaldo y comprensión de sus complejas tareas, a quienes valoramos, reconocemos y estimulamos.
El cambio radical se verificó cuando el pago de los narco-traficantes dejó de ser con dinero y se hizo con parte de la droga que se transportaba. Los denominados “burreros y burreras” que mueven la droga de un lugar a otro, para obtener su dinero deben comercializar ese pago (droga) a nivel local. Aquello gatilló una serie de procesos que explicaremos, para una mejor comprensión de los lectores. Al disponer de droga a nivel local se requirió incentivar el CONSUMO, partió por la zona norte con personas de altos niveles de ingresos para el caso de la cocaína, debajo siguió la adictiva y destructiva pasta base. Luego se extendió al resto del país. Entretanto en Caldera se eliminó el control fitosanitario, sepa “Moya” las razones.
Por lo anterior, en la frontera, particularmente con Bolivia, se produjo una ALTA DISPONIBILIDAD DE DROGA al menudeo. Ello gatilló en todo el país el EXPLOSIVO ROBO DE VEHÍCULOS, los que se llevan a Bolivia como parte de pago (en ese país se legalizan rápidamente) y a cambio se recibe droga que se traslada a Chile. Las aseguradoras de autos han vivido un calvario derivado de esta práctica. Ha sido recurrente que patrullas del ejercito y de la policía de Bolivia crucen la frontera hacia Chile. La pregunta es si ¿estaban perdidos o escoltan el narcotráfico?.
Cuando escucho informaciones sobre estos temas, me pregunto si hay desinformación o complicidad. Está muy documentado el tráfico de teléfonos y medios tecnológicos, que permiten coordinar muchas de las actividades ilícitas desde la cárcel. Así también las etapas de los drogadictos que comienzan con estirar la mano pidiendo una monedita, luego cobran verdaderos peajes por circular en sus barrios, ya avanzada la dependencia comienza la etapa de los robos (los bidones de gas) y las casas de sus vecindarios, para luego asaltar y robar, incluso con violencia.
En las ciudades quienes están más abajo en esta estructura -o los más dependientes- duermen en las calles y espacios públicos, en los horarios de mayor afluencia se toman las esquinas para pedir la moneda, en Antofagasta uno de ellos, bajo los evidentes efectos de las drogas, terminó asesinando a un conductor. Todos saben donde se vende, cuadras completas, pero se detiene a los que compran o consumen. Extraño procedimiento ¿verdad?
En el norte hemos sido testigos, además, del aumento de crímenes y asesinatos de una violencia inusitada, casi siempre vinculados a temas de droga o deudas asociadas. También es recurrente escuchar que estos mismos personajes operan como intimidadores y sicarios en nuestro país y las autoridades parecen ajenas a esta realidad. En esta misma línea, durante años se intentó señalar que aquellos que se expresaban a balazos en el Día de Combatiente eran jóvenes idealistas de la izquierda. Lo cierto es que hoy se trata de los soldados de la droga, aquellos que han privatizado sus servicios para dar protección al narcotráfico, en diversos sectores de la ciudad donde se han establecido estas actividades ilícitas.
Todo esto ocurre por la falta de una eficiente política pública, que no se ha implementado por desconocimiento, insensibilidad o sepa Dios la causa. Se ha expresado en muchas ocasiones la necesidad de mejorar la coordinación de los servicios públicos destinados a enfrentar este flagelo, esa es una de las razones para la creación de la ANI la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, que ahora se quiere asimilar a la forma de la CIA americana, particularmente en materia de autonomía de funcionamiento. En efecto, el trabajo de inteligencia es precario, escaso y deficiente, denotando una evidente necesidad de mayor coordinación de la información que fluye del trabajo de Carabineros, Investigaciones, Aduana, el Servicio de Impuestos Internos, Gendarmería, el SAG, los controles de Aeronáutica de la Fuerza Aérea, la Policía Marítima, la inteligencia militar, etc. Las agencias norteamericanas y sus coordinaciones con las policías chilenas tampoco han sido muy efectivas, transparentes ni limpias, particularmente el FBI y la DEA, incluso en el Congreso critiqué el estilo de esta última por impropias operaciones con oficiales chilenos.
Nuestras fronteras son vulneradas por los vehículos todo terreno, motocicletas y hasta drones. La misma fragilidad se observa en el borde costero, es fácil burlar la precaria fiscalización y es evidente que en “caletas” hay una gran actividad para combinar en alta mar los embarques con las naves de tamaño mayor. Bolivia, Perú y el norte de Argentina han sido espacios propicios para este tipo de actividades, pero, los medios ya informan de la presencia de laboratorios en el territorio nacional. Está muy documentada la relación de las FARC, es decir, la guerrilla colombiana con el narcotráfico. En el caso chileno incluso se ha acreditado que han dado entrenamiento militar a sectores violentistas.
Respecto de su despliegue territorial, el tráfico de drogas tiene amplia expresión en nuestro país, como es obvio, con mayor gravedad en el norte, degradando hacia el sur. Puede parecer ficción, pero, hay sectores poblacionales tomados por el narcotráfico, en los que las policías tienen grandes problemas para poder acceder o ejercer un control, por la presencia de soldados del narcotráfico, los que muchas veces muestran un poder de fuego mayor que los agentes del Estado. Hay ciudades que, en una absurda pretensión se negaron a controlar la proliferación de los bares, clubes nocturnos, cafés con piernas y el ejercicio de la prostitución y el tráfico de drogas en pleno centro. El tiempo, que es el mejor juez, nos dio la razón, una década después esas ciudades tienen verdaderos barrios rojos en pleno centro urbano, con todas las secuelas, degradación y violencia asociadas. Esos mismos vecinos que se escandalizaron han debido dejar sus viviendas por el grave deterioro de esos sectores.
Chile, pretende cierta inmunidad en torno a este problema, esconde la cabeza como el avestruz. Pero, lo cierto es que se ha transformado en una realidad cotidiana, que daña la calidad de vida, los intereses y el desarrollo urbano. Se requiere asumir la verdadera dimensión de este flagelo, para implementar las políticas públicas necesarias para poner bajo control esta temática. Esperemos que esto se logre a tiempo. Puede ser que la metástasis delictual y descomposición social nos superen y lleguemos demasiado tarde. Ha sido muy largo el tiempo de “dejar hacer y dejar pasar” y las autoridades siguen mostrando una exquisita ineptitud.
El narcotráfico tiene ya mucho terreno ganado en Chile, muy probablemente no sólo ha comprado combatientes, soldados o zombies, que le dan cobertura. Es probable y lógico que avance penetrando en diversos espacios de poder en nuestra institucionalidad y más temprano que tarde intentará hacer el vínculo con la política y la justicia. Esto puede parecer groseramente aventurado, pero aún no se seca la tinta de la denuncia sobre un narco-municipio, que hoy se ventila en los tribunales, con todas las complejidades que ello conlleva, ya que además algunos de ellos se vincularon con dirigentes políticos.
Es vox populi la amplia extensión del consumo de drogas en nuestra sociedad, en las más diversas actividades. Es ya muy habitual el consumo social de drogas blandas, como la marihuana, la que incluso en algunos países se ha legalizado. También el consumo de cocaína en actividades de alta presión, o de la destructiva pasta base es los sectores más pobres. Entre la juventud las drogas químicas alucinógenas. Es impostergable y urgente actuar y enfrentar esta realidad.
Basta de hipocresía y de mentiras sobre el narcotráfico. Se requiere abordar la implementación de efectivas políticas públicas. Este flagelo social es como el cáncer, si no se detecta y enfrenta con oportunidad lo que viene es la metástasis social. Actuemos a tiempo, para modificar la Ley de Drogas, de Extranjería, lavado de dineros, control de armas, asociaciones ilícitas, obstrucción a la justicia, actos con violencia y crimen organizado, entre muchas otras acciones.
[1] Nuestro reconocimiento y recuerdo para Carlos Valcarce, que en los 90, como Diputado de Arica, fue el primero en denunciar estos procesos y lograr la primera Sesión Secreta, en la Cámara de Diputados, para tratar en profundidad el tema. Aunque sus preocupaciones y denuncias siguen desatendidas por el centralismo hasta ahora.
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