El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que los costos del proyecto aparecen desde el primer año, mientras sus beneficios dependen de un crecimiento incierto. La Comisión de Hacienda del Senado abrió una ronda clave de audiencias para revisar la sostenibilidad fiscal de la iniciativa
La discusión del proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social entró en una fase crítica en el Senado, luego de que el Consejo Fiscal Autónomo advirtiera ante la Comisión de Hacienda que la iniciativa mantiene un descalce relevante entre costos inmediatos y beneficios fiscales futuros, lo que podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas.
La exposición del organismo técnico dejó una alerta directa para el Ministerio de Hacienda: los menores ingresos asociados al proyecto comenzarían a sentirse desde el primer año de vigencia de la ley, mientras los beneficios derivados de un eventual mayor crecimiento llegarían de manera gradual y con mayor incertidumbre. Esa diferencia de tiempos, magnitudes y certezas se transformó en el principal punto de fricción de la jornada.
La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, explicó que el informe de mayo ya mostraba un efecto deficitario durante todo el horizonte de evaluación y que, incluso incorporando efectos indirectos por mayor crecimiento, el cuadro seguía deteriorándose.
Según precisó, “al sumar todo, el déficit quedaba en 0,41 al 2030, y 0,78 en el 2050. Luego vienen los resultados de los IEF que vuelven a alterar los números. Así todo implica un deterioro del balance fiscal de un 0,1 puntos porcentuales del PIB respecto al proyecto original. Con todo, vemos un empeoramiento en relación a la proyección original”.
Costos inmediatos y crecimiento incierto
El punto más sensible del diagnóstico del CFA está en que el proyecto compromete costos fiscales relativamente ciertos, pero descansa parte de su equilibrio en ingresos futuros asociados al crecimiento económico. Benavides lo planteó con claridad al advertir que “vemos un riesgo transversal del proyecto por el descalce entre costos y beneficios fiscales”, porque los costos o menores ingresos aparecen desde el primer año, mientras los beneficios dinámicos se incorporarían de forma gradual, con incertidumbre sobre cuándo, a qué velocidad y en qué magnitud podrían materializarse.
Esa advertencia golpea el núcleo técnico y político de la propuesta. El Gobierno busca instalar la iniciativa como una herramienta de reconstrucción, crecimiento y reactivación, pero el organismo autónomo plantea que, sin compensaciones suficientes, el proyecto podría deteriorar el balance fiscal más allá de lo estimado originalmente.
El informe concentró sus mayores reparos en la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría, cuyo costo crecería entre 2026 y 2030, y en los cambios vinculados a la franquicia Sence, que también reducirían ingresos esperados. A ello se suma la necesidad de revisar la compensación al Fondo Común Municipal, un punto que ya movilizó a senadores y alcaldes de oposición.
| Punto crítico | Riesgo fiscal advertido | Impacto político |
|---|---|---|
| Rebaja del impuesto corporativo | Menores ingresos crecientes entre 2026 y 2030 | Exige compensaciones claras |
| Franquicia Sence | Reducción de ingresos esperados | Cuestiona el financiamiento |
| Fondo Común Municipal | Posible presión sobre recursos locales | Moviliza a municipios |
| Beneficios por crecimiento | Alta incertidumbre en magnitud y tiempo | Debilita la proyección oficial |
| Balance fiscal | Deterioro frente al diseño original | Obliga a recalibrar el proyecto |
Neutralidad fiscal como exigencia técnica
La recomendación del Consejo Fiscal Autónomo fue avanzar hacia una neutralidad fiscal efectiva. Benavides sostuvo que los ajustes anunciados hasta ahora “no resultan suficientes para corregir el deterioro fiscal y avanzar en la convergencia fiscal de manera simultánea”, por lo que el proyecto debería incorporar medidas adicionales compensatorias de ingreso y gasto.
La presidenta del organismo también planteó alternativas concretas para reducir el riesgo fiscal, al señalar que “pueden considerarse medidas adicionales compensatorias de ingreso y gasto, por ejemplo, aplicando cambios en la gradualidad, límites de costo y esquemas de monitoreo”. Con ello, el CFA no cerró la puerta al proyecto, pero sí dejó instalada una condición técnica: Hacienda debe mostrar un financiamiento más robusto.
Esa recomendación deja al Ejecutivo ante una decisión compleja. Mantener el diseño actual permite sostener las medidas emblemáticas del proyecto, pero eleva el costo técnico de su aprobación en el Senado. Introducir ajustes, en cambio, puede abrir espacio para acuerdos, aunque obligaría a redefinir el alcance fiscal de la reforma.
Senado presiona por respuestas de Hacienda
Tras la exposición del CFA, la senadora Paulina Vodanovic cuestionó la ausencia de certezas fiscales y apuntó directamente al Ejecutivo. La parlamentaria sostuvo que el Consejo fue claro al advertir que “este proyecto no tiene financiamiento, no alcanza la disminución del gasto, nos hablan de un impacto deficitario y riesgos claros”, por lo que pidió saber si el ministro Jorge Quiroz escuchará proactivamente las recomendaciones y si el Gobierno estará dispuesto a abrir una mesa técnica real.
El senador Diego Ibáñez también puso el foco en la relación entre el Ejecutivo y el organismo autónomo. En su intervención, consultó si Hacienda se ha acercado al CFA para responder las inquietudes expuestas y pidió aclarar cómo se incorporan en el balance eventuales medidas de gasto, como la devolución del IVA a pañales, además de los nuevos ingresos tributarios que el proyecto contempla.
La senadora Daniella Cicardini elevó el tono crítico y calificó el informe como categórico. A su juicio, “el Gobierno no quiere escuchar” y los ajustes de gasto no garantizan el financiamiento de una reforma que, según dijo, está mal diseñada.
La parlamentaria resumió el problema fiscal con una frase que cruzó buena parte del debate: “El CFA nos dice que los costos son ciertos y los ingresos no lo son, entonces por qué el gobierno quiere que nosotros legislemos sobre la base de expectativa de crecimiento”.
Oficialismo defiende el efecto crecimiento
Desde el oficialismo, el senador Rojo Edwards defendió la necesidad de incorporar una mirada más amplia sobre el impacto del crecimiento en la recaudación. El parlamentario sostuvo que, aunque se habla de apertura al diálogo, resulta difícil avanzar cuando algunos sectores ya han anunciado su rechazo a la idea de legislar.
Edwards pidió al CFA mirar escenarios alternativos y recordó que Chile ha tenido períodos de superávit fiscal con tasas tributarias menores. En esa línea, planteó que “la tasa histórica muestra elasticidad del ingreso fiscal respecto al crecimiento, entonces las cifras podrían ser mejores”, por lo que solicitó un análisis de sensibilidad que permita medir cómo una economía más dinámica podría modificar las proyecciones.
El senador Rodolfo Carter también valoró el pronunciamiento del organismo técnico, pero pidió observar el origen del deterioro fiscal. El parlamentario sostuvo que “este proyecto no es un capricho” y llamó a revisar cómo se llegó a tres años sucesivos de incumplimiento fiscal, además de consultar qué debería entenderse como un acuerdo prudencial para enfrentar la situación.
Expertos piden compensar y ordenar la trayectoria fiscal
La ronda de audiencias también incorporó a la economista Andrea Repetto, al exministro de Hacienda Mario Marcel y al expresidente del Banco Central, José de Gregorio, quienes introdujeron matices relevantes. Repetto advirtió que “sobreestimar el crecimiento y la recaudación no es lo mismo”, aunque reconoció que existen espacios para mitigar algunos riesgos del proyecto.
Marcel apuntó a una debilidad estructural de la discusión fiscal. El exministro sostuvo que “el Ejecutivo no ha dado a conocer la trayectoria de la política fiscal, entonces no es posible determinar cómo encaja la reforma”, y advirtió que, si el proyecto se aprueba por un margen estrecho, no será posible despejar plenamente la incertidumbre tributaria.
De Gregorio introdujo una precisión relevante sobre la rebaja del impuesto corporativo. El expresidente del Banco Central sostuvo que “la rebaja al impuesto corporativo es una buena política”, pero agregó una condición clave: debe hacerse de manera compensada. Su planteamiento desplaza el debate desde el “sí o no” a la rebaja tributaria hacia la pregunta de cómo se financia, con qué gradualidad y bajo qué resguardos fiscales.
Municipios levantan alerta por recursos locales
El impacto en los municipios se convirtió en otro foco de presión para Hacienda. Senadores del Comité Unido y del Comité Socialismo Democrático, junto a presidentes de partidos y alcaldes de oposición, acordaron defender los recursos municipales que llegan directamente a las familias más vulnerables, especialmente aquellos asociados al Fondo Común Municipal y a programas de apoyo comunitario.
Las parlamentarias Claudia Pascual y Yasna Provoste plantearon que los gobiernos locales son la primera línea de relación con las comunidades y que su inversión social debe ser resguardada. Ambas enfatizaron que “hay coincidencia de que los gobiernos locales como entidad de relación directa con las comunidades debiera resguardarse su inversión social”, por lo que rechazaron iniciativas que signifiquen menores recursos para programas municipales de apoyo a la comunidad.
En esa misma línea, las y los legisladores pidieron que la Comisión de Hacienda escuche a la asociación de alcaldes, para evaluar los efectos que tendría el proyecto sobre los ingresos propios municipales y sobre el Fondo Común Municipal. El punto puede transformarse en una frontera política relevante si la iniciativa es leída como una amenaza a la capacidad de los municipios para entregar servicios locales.
Hacienda enfrenta una negociación cuesta arriba
La advertencia del Consejo Fiscal Autónomo no detiene la tramitación, pero sí obliga al Ejecutivo a recalibrar sus cifras. La Comisión de Hacienda continuará recibiendo a más de 25 expositores, entre economistas, exautoridades, gremios, entidades públicas, expertos tributarios y representantes de organizaciones empresariales y sociales.
Para el Gobierno, la tarea será demostrar que el proyecto puede promover crecimiento sin sacrificar convergencia fiscal. Para la oposición, la prioridad será exigir compensaciones, proteger recursos municipales y evitar que el Senado apruebe una reforma basada en beneficios que, según el CFA, todavía dependen de variables inciertas.
La discusión entra así a una etapa donde las definiciones técnicas tendrán efectos políticos directos. Hacienda deberá responder cómo financiará los menores ingresos, qué ajustes está dispuesto a introducir y de qué manera evitará que los costos ciertos del proyecto terminen pesando más que beneficios fiscales que todavía dependen de un crecimiento por comprobar.
