Por José Miranda. Head de R+D en GoodRabbit
La protección de los datos personales en Chile está nuevamente frente a una espera. El gobierno ingresó un proyecto que propone postergar la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 desde diciembre de 2026 hasta diciembre de 2027, argumentando que necesita más tiempo para instalar la nueva agencia de datos personales y preparar las condiciones institucionales y operativas para aplicar la normativa.
La discusión sobre los plazos es válida, porque una legislación de esta magnitud necesita instituciones capaces de fiscalizar, reglamentos claros y organizaciones preparadas para cumplir. Pero hay otra pregunta que también debemos hacernos: ¿qué dejamos de avanzar cuando postergamos un nuevo estándar de protección de datos?
Chile lleva décadas funcionando bajo una legislación que ya no responde a la realidad tecnológica. Se basa en una normativa que fue publicada cuando el volumen, velocidad y sofisticación del tratamiento de datos personales eran muy distintos a los actuales. La nueva ley busca, precisamente, modernizar ese marco y acercarlo a estándares internacionales.
Por eso, entender esta postergación no es lo mismo que aceptar la espera como si no tuviera impacto. Retrasar la ley para asegurar una buena institucionalidad es una decisión defendible. Lo que no es defendible es pensar que la protección de datos puede esperar o que estamos bien así.
Las personas siguen hoy entregando sus datos, incluidos los más sensibles, bajo un marco pensado para otra época, sin una autoridad especializada que fiscalice y con sanciones que difícilmente disuaden su mal uso. Mientras la nueva ley no rija, ese vacío lo suple la buena voluntad de cada organización, y la buena voluntad no es un sistema de protección.
Esta problemática adquiere especial relevancia cuando hablamos de información sensible. En soluciones de control de asistencia, por ejemplo, podemos trabajar con datos biométricos. Son datos que una persona no puede cambiar si son comprometidos, porque una contraseña se puede modificar; una huella, no.
Incluso, si la entrada en vigencia se aplaza, el estándar de cuidado no puede hacerlo. La privacidad no es un proyecto que comienza cuando existe una obligación legal inmediata. Un sistema que sabe qué información tiene, por qué la tiene, dónde la almacena y quién puede acceder a ella es más sencillo de gobernar, operar, auditar y escalar. La privacidad desde el diseño no es un capricho; es una forma de construir mejor tecnología.
Las empresas pueden usar este periodo adicional para revisar sus sistemas, contratos, políticas de acceso, mecanismos de eliminación, trazabilidad y medidas de seguridad. Y los proveedores tecnológicos tienen la responsabilidad de acompañar ese proceso desde el diseño de sus soluciones.
La protección de datos es parte de la infraestructura de confianza que necesita un país cada vez más digital. Postergar una ley puede ser necesario para que exista una institucionalidad capaz de implementarla correctamente, pero no puede significar postergar la conversación ni la transformación cultural en torno al cuidado de la información sensible de cada ciudadano. La tecnología avanza todos los días y el cuidado de los datos personales no puede esperar a que la ley lo exija.
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