El Consejo para la Transparencia revisó las 345 municipalidades y detectó que 47 de las 50 que publicaban planes de inversión no tenían disponibles en línea rendiciones sobre fondos destinados a veredas, ciclovías y otras mejoras comunitarias
Cuando una inmobiliaria construye un edificio o un conjunto habitacional, el impacto no termina en sus propios terrenos. Más habitantes pueden significar mayor circulación de vehículos, nuevas necesidades de transporte y un uso más intenso de calles y espacios públicos. Por eso, la legislación chilena contempla que determinados proyectos realicen aportes económicos o en terrenos para financiar mejoras urbanas. Sin embargo, conocer cómo se utilizan esos recursos no siempre resulta posible para los vecinos.
Una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que, entre 50 municipalidades que publicaban planes para invertir estos aportes, 47 no tenían disponibles las rendiciones anuales exigidas por la normativa. El organismo revisó las 345 municipalidades del país y constató que solo tres del grupo señalado mantenían documentos que permitían examinar el uso de esos fondos.
El hallazgo plantea un problema de transparencia que afecta directamente al desarrollo de los barrios. No se trata de establecer que el dinero desapareció o fue utilizado irregularmente, sino de que los ciudadanos no podían verificar públicamente su destino. Es una dificultad que también ha aparecido en otras fiscalizaciones sobre transparencia en la gestión de recursos municipales, aunque referidas a operaciones diferentes.
Dinero para veredas, ciclovías y espacios públicos
La Ley N.º 20.958 sobre Aportes al Espacio Público establece que determinados proyectos inmobiliarios deben contribuir a compensar los efectos que generan sobre la movilidad y el entorno urbano. Dependiendo de las características de cada iniciativa, esos aportes pueden materializarse en dinero o terrenos y destinarse a obras como veredas, calles, ciclovías, áreas verdes, cruces peatonales, luminarias y paraderos.
Las municipalidades deben contar con un plan que identifique las inversiones prioritarias y publicar una rendición anual sobre los recursos recaudados, utilizados y disponibles. De esta manera, los vecinos pueden conocer cuánto recibió su comuna y qué obras fueron financiadas, además de comprobar si existen aportes pendientes de ejecución. La obligación no depende de que el municipio quiera difundir esa información: está establecida por ley.
“Las personas tienen derecho a saber si su municipio recibió recursos, cuánto recibió, qué obras se financiaron y qué dinero continúa disponible”, afirmó Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia.
Solo tres municipios tenían rendiciones disponibles
Los únicos municipios del grupo examinado donde se encontraron rendiciones fueron Hualpén, en el Biobío; Punta Arenas, en Magallanes; y Renca, en la Región Metropolitana. Sin embargo, los documentos disponibles no correspondían necesariamente a los mismos períodos. Hualpén publicaba antecedentes de 2024, 2025 y enero de 2026; Renca mantenía información hasta 2025, mientras que en Punta Arenas la última rendición encontrada correspondía a 2023.
La fiscalización fue realizada durante enero y febrero de 2026, aunque sus resultados se difundieron el 22 de octubre. Por lo tanto, las cifras reflejan lo que estaba publicado durante la revisión y no permiten establecer si alguna municipalidad incorporó posteriormente los documentos pendientes. Tampoco indican que los 47 municipios carezcan de registros internos, sino que las rendiciones exigidas no estaban disponibles para consulta pública.
El problema no es solo recaudar, sino rendir cuentas
Para una comunidad, conocer estos antecedentes puede ser tan importante como la ejecución de una nueva obra. Una ciclovía, un cruce peatonal o la recuperación de un espacio público pueden financiarse mediante mecanismos vinculados al crecimiento inmobiliario. Sin una rendición accesible, resulta difícil seguir la trayectoria de esos recursos desde su recepción hasta las obras financiadas.
La fiscalización deja una pregunta concreta para las administraciones locales: cómo garantizar que los vecinos puedan revisar las inversiones que la ley contempla para mejorar sus comunas. La necesidad de fortalecer ese control ya había aparecido en el debate sobre los estándares de transparencia de los gobiernos locales.
La ausencia de información no demuestra un mal uso del dinero, pero impide comprobar públicamente que los recursos destinados a mejorar los barrios estén cumpliendo su propósito.
