Una fiscalización del Consejo para la Transparencia detectó graves deficiencias en el acceso a información sobre compras y arriendos de inmuebles municipales realizadas durante 2024. El gasto supera los $68 mil millones y abre un nuevo foco de revisión sobre la gestión pública local
Las compras de terrenos, casas o edificios por parte de municipalidades rara vez ocupan titulares. Sin embargo, detrás de esas decisiones se mueven millones de pesos del presupuesto público, proyectos urbanos de largo plazo y definiciones que afectan directamente el desarrollo de las comunas.
Por eso el último informe del Consejo para la Transparencia (CPLT) encendió una alerta institucional, ya que luego de una fiscalización extraordinaria realizada durante 2024 se detectaron importantes brechas en el acceso a información pública sobre compras y arriendos de inmuebles municipales, operaciones que en conjunto superaron los $68 mil millones a nivel nacional según registros del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) y la Contraloría General de la República.
El dato por sí solo ya es relevante. Pero lo que realmente preocupa a los organismos de control es algo más profundo: la dificultad que enfrenta la ciudadanía para conocer cómo se toman estas decisiones y bajo qué condiciones se utilizan recursos públicos de gran magnitud.
Contratos ausentes y respuestas incompletas
La fiscalización del CPLT analizó el comportamiento de los municipios frente a solicitudes de información relacionadas con compras de bienes inmuebles realizadas durante 2024.
En total, 105 municipalidades reportaron adquisiciones de terrenos, casas o edificios en los registros oficiales.
Sin embargo, al revisar los portales de transparencia activa de esas comunas, el resultado fue sorprendente: solo siete municipalidades tenían publicados los contratos de compraventa respectivos en sus sitios web.
Para profundizar la revisión, el Consejo envió solicitudes formales de acceso a información solicitando antecedentes clave:
- contratos de compraventa
- actos administrativos que aprobaron las operaciones
- actas de concejos municipales
- informes de tasación utilizados para definir los precios.
La respuesta evidenció un problema estructural. Un 55% de los municipios incumplió el procedimiento legal de acceso a información pública, ya sea por no responder dentro del plazo, entregar antecedentes incompletos o solicitar prórrogas fuera de la normativa.
A ello se suma otra situación delicada: un 38% de los municipios entregó datos personales sin el debido resguardo, incluyendo información como RUT, domicilios, firmas o cuentas bancarias, lo que constituye una vulneración a la normativa de protección de datos personales.
Arriendos millonarios y problemas de transparencia
El informe también puso el foco sobre los arriendos de inmuebles municipales, un mecanismo utilizado habitualmente para habilitar oficinas administrativas, centros comunitarios o dependencias públicas.
Según los registros del SINIM, los municipios destinaron más de $52.600 millones al arriendo de inmuebles durante 2024, lo que equivale a cerca del 0,31% del gasto municipal total.
Para analizar este fenómeno, el Consejo revisó una muestra de 35 municipalidades que concentran un mayor porcentaje de gasto en arriendos respecto de sus presupuestos.
La fiscalización detectó problemas recurrentes en los portales de transparencia municipal:
- contratos que no aparecen publicados
- documentos desactualizados
- enlaces que no conducen a los archivos
- montos informados sin especificar si corresponden a valores mensuales o totales
- registros genéricos que no permiten identificar el destino de los inmuebles.
Incluso se detectaron casos en que arriendos municipales estaban destinados a fines habitacionales para funcionarios públicos, incluido un alcalde, lo que abre un debate sobre el uso de recursos municipales para estos fines.
Municipios con mayor proporción de gasto en arriendos
El informe también identificó comunas donde el gasto en arriendos representa una mayor proporción de su presupuesto municipal.
Municipios con mayor porcentaje de gasto en arriendos (2024)
| Municipio | Gasto en arriendos | % del presupuesto municipal |
|---|---|---|
| Primavera | $53.895.000 | 2,06% |
| Arica | $1.331 millones | 1,22% |
| Coyhaique | $293 millones | 1,21% |
| Santa Bárbara | $198 millones | 1,18% |
| Pucón | $494 millones | 1,18% |
El caso de Primavera resulta especialmente llamativo. Según el informe, la comuna presenta el mayor porcentaje de gasto en arriendos respecto de su presupuesto municipal, pero no registra contratos recientes publicados en su portal de transparencia, lo que genera inconsistencias entre los registros oficiales y la información disponible públicamente.
Un problema de transparencia que escala a nivel nacional
Los hallazgos del informe no se quedarán solo en el diagnóstico. El Consejo para la Transparencia anunció que los antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República, con el objetivo de que el organismo evalúe eventuales acciones dentro de sus atribuciones de control administrativo.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, advirtió que la magnitud de estos recursos obliga a elevar los estándares de acceso a la información pública.
“Cuando se trata de inversiones públicas por montos tan relevantes como los que destinan las municipalidades a la compra o arriendo de inmuebles, existe un evidente interés público en conocer los antecedentes de esas decisiones. La ciudadanía tiene derecho a revisar si estas operaciones se realizan a valores de mercado, si están debidamente justificadas y si responden efectivamente al interés general y no a intereses particulares”, sostuvo.
La autoridad agregó que la información disponible hoy en muchos casos no permite ejercer ese control ciudadano, lo que resulta especialmente sensible considerando que en los últimos años diversas compras de inmuebles por parte de municipios han sido objeto de cuestionamientos públicos y revisiones administrativas.
“La transparencia no es solo una obligación formal para las instituciones públicas. Es una condición esencial para que las personas puedan evaluar cómo se utilizan los recursos fiscales y exigir responsabilidades cuando corresponde”, enfatizó.
La confianza pública en juego
Las compras y arriendos de inmuebles municipales no son solo decisiones administrativas. También pueden influir en el desarrollo urbano, en la disponibilidad de infraestructura pública y en la gestión del patrimonio municipal.
Por eso, cuando operaciones por más de $68 mil millones presentan brechas de transparencia, el debate deja de ser técnico y se transforma en una cuestión de confianza pública.
Porque detrás de los contratos, las tasaciones y las decisiones de compra o arriendo hay algo más profundo en juego: la capacidad del sistema institucional chileno para garantizar que los recursos públicos se administren con transparencia, trazabilidad y acceso real a la información por parte de la ciudadanía.
