Think tanks del Congreso: ¿asesoría técnica o caja política?

Centros de estudios ligados a partidos integran el sistema formal de asesorías parlamentarias. La duda es si sus informes fortalecen el trabajo legislativo o si terminan operando como soporte político financiado con recursos públicos

Por Daisy Castillo Triviños

Más de $412 millones mensuales están disponibles este año solo para asesorías externas directas de diputados y senadores. La cifra sube a más de $886 millones si se incorporan los recursos asignados a comités parlamentarios, aunque esa segunda bolsa incluye también personal de apoyo y gastos operacionales. No todo ese dinero llega a centros de estudios, pero el volumen permite dimensionar el ecosistema público que financia informes, minutas, análisis legislativos y apoyo técnico para el trabajo del Congreso.

En esa ruta aparecen asesores individuales, consultoras, fundaciones, corporaciones y centros de pensamiento vinculados a distintas sensibilidades políticas. La existencia de estos actores no es ilegal ni excepcional. Los partidos y bancadas necesitan equipos técnicos, formación programática y capacidad de análisis para enfrentar discusiones legislativas cada vez más complejas.

La pregunta incómoda es otra: ¿dónde termina la asesoría técnica y dónde comienza el financiamiento político de estructuras cercanas a los partidos?

El punto es especialmente sensible porque las asignaciones parlamentarias no forman parte de la dieta de diputados y senadores. Son recursos públicos destinados al cumplimiento de la función legislativa, sujetos a normas de uso y rendición. Por eso, el debate no apunta solo a cuánto se gasta, sino a qué se contrata, quién lo entrega, qué calidad tienen los productos y si existe trazabilidad suficiente para evaluar su utilidad real.

La discusión se conecta con otros cuestionamientos recientes sobre el uso de fondos legislativos, como la contratación de concejales y consejeros regionales como asesores parlamentarios, una práctica que volvió a poner bajo la lupa la frontera entre apoyo técnico, despliegue territorial y redes políticas financiadas con recursos públicos.

La bolsa fiscal de las asesorías

Para 2026, cada diputado cuenta con $1.229.273 mensuales para asesoría externa, mientras que cada senador dispone de $4.448.223 por el mismo concepto. En conjunto, esa línea específica representa $412.948.465 mensuales entre ambas cámaras.

A eso se suman los fondos de comités parlamentarios. En la Cámara, cada comité recibe $1.892.167 mensuales por diputado integrante, principalmente para personal de apoyo y gastos operacionales. En el Senado, el monto total por senador integrante del comité llega a $3.596.251, cifra que incluye personal de apoyo, asesoría externa y gastos operacionales.

La suma no representa pagos directos a think tanks ni centros de estudios. Es el universo mensual de recursos disponibles para asesorías externas, apoyo de comités y funcionamiento asociado al trabajo parlamentario. Precisamente por eso, la pregunta no puede formularse como una acusación general, sino como un problema de trazabilidad: cuánto de esos fondos financia asesoría técnica verificable y cuánto termina reforzando estructuras políticas ya alineadas con partidos o bancadas.

La nómina pública de asesores externos de la Cámara muestra que entre las personas jurídicas habilitadas para prestar servicios figuran instituciones como la Fundación Jaime Guzmán, la Fundación Nodo 21 y el Instituto Libertad, además de otras consultoras, fundaciones y profesionales. Ese registro no prueba por sí solo pagos específicos ni montos acumulados, pero confirma que los centros de pensamiento forman parte del ecosistema formal de asesorías parlamentarias.

Centros partidarios en la ruta del dinero público

Los centros de estudios vinculados a partidos cumplen funciones diversas. Pueden elaborar informes, minutas de votación, propuestas programáticas, análisis de coyuntura, estudios sectoriales, capacitaciones y documentos de apoyo para la discusión legislativa. En la práctica, operan como laboratorios de ideas con orientación política definida.

Esa orientación no es necesariamente un problema. Ningún centro partidario trabaja desde la neutralidad absoluta. La tensión aparece cuando el financiamiento proviene directa o indirectamente de recursos públicos y el sistema no permite evaluar con claridad si los documentos contratados tienen calidad suficiente, si fueron usados en la tramitación legislativa o si solo validaron posiciones ya definidas por una bancada.

También existe una segunda ruta distinta: los aportes públicos del Servicio Electoral a los partidos políticos. Esos recursos tienen reglas propias y pueden financiar funcionamiento, formación cívica, preparación de candidatos, formación de militantes, estudios, diseño de políticas públicas, investigación y difusión de ideas. Además, la Ley N° 18.603 exige que al menos el 10% del total aportado a cada partido sea destinado al fomento de la participación política de las mujeres.

La distinción es clave. No es lo mismo una asesoría externa contratada por un parlamentario, una asesoría de comité, una actividad de formación financiada por un partido o un estudio rendido ante el Servel. Mezclar esas bolsas puede inflar conclusiones o generar confusión. Separarlas, en cambio, permite mirar con más precisión dónde están los riesgos y dónde están las prácticas justificables.

Parlamentarios defienden el valor técnico

Desde el Congreso, hay quienes sostienen que los centros de estudios cumplen una función necesaria y que el debate no debe reducirse a su vínculo ideológico. El diputado y subjefe de la bancada de Renovación Nacional, Eduardo Durán, plantea que lo relevante es el rigor de los productos entregados, no una supuesta neutralidad que estos espacios no tienen por qué reclamar.

“La autonomía de un centro de estudio ligado a un partido no se mide por la neutralidad ideológica, sino por el rigor técnico de su trabajo. Es natural y legítimo que compartan una mirada de sociedad con el partido que apoyan. Sin embargo, su verdadero valor radica en su capacidad de entregar análisis basados en evidencia empírica y datos reales. Un buen Centro de Estudios debe tener la libertad de advertir a los legisladores cuando una propuesta no es viable, actuando como un cable a tierra técnico y no como un simple validador de la contingencia política”.

La diputada Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario, también defiende la utilidad de estos insumos cuando existe transparencia respecto de su origen y enfoque. Desde su mirada, que un análisis tenga una determinada línea política no lo vuelve inútil para el trabajo legislativo, siempre que los datos sean confiables.

“Los datos que dan los centros de estudios son imparciales. Mientras sean transparentes, que eso es lo que a uno le sirve, es el insumo que a uno le sirve. Ahora, los análisis, por supuesto, pueden tener cierto enfoque, pero también creo que es beneficioso que sean de la misma línea política, porque es justamente un insumo importante para uno, para tomar ciertas decisiones o encaminar ciertos proyectos y siempre es mejor que las ideas estén alineadas con las convicciones y pensamientos que uno tiene”.

La defensa de Durán y Muñoz apunta a una realidad difícil de desconocer: legislar exige conocimiento especializado. Las discusiones tributarias, ambientales, laborales, de seguridad, salud, educación, descentralización o tecnología requieren apoyo técnico. Sin asesoría, el debate parlamentario puede quedar entregado a intuiciones, consignas o presión comunicacional.

El problema es que esa necesidad convive con una exigencia pública mayor. Cuando el financiamiento proviene del Estado, los informes, minutas y estudios deben poder ser evaluados no solo por su existencia formal, sino por su calidad, pertinencia y uso efectivo en la función legislativa.

El riesgo del amiguismo

La crítica más dura apunta a la profesionalización de estos espacios. El exdiputado y exsenador por la región de Antofagasta Carlos Cantero reconoce que los partidos necesitan centros de pensamiento, reflexión y respaldo académico, pero advierte que el sistema puede deteriorarse cuando los criterios de selección se ordenan por cercanía política o personal antes que por mérito técnico.

“El problema es que hoy día no hay una lógica de respeto al mérito, de valoración al mérito, y en realidad estos cargos se llenan sólo con amiguismo o dependencia más bien de amistocracia. De tal manera que lo que menos se cuida es la solvencia profesional, técnica, académica, la calificación de los que allí actúan no tiene en realidad el nivel o el estatus que corresponde”.

La diputada Zandra Parisi, del Partido de la Gente, colectividad que no cuenta con un centro de estudios propio, plantea una mirada similar desde la experiencia parlamentaria. A su juicio, la militancia no debe ser el criterio principal para definir la calidad de una asesoría ni tampoco su ausencia garantiza independencia.

“Parte de mi equipo de trabajo no milita en el partido y en la bancada también contamos con asesores legislativos que no pertenecen a ninguna colectividad política. Creo que lo importante no es la militancia de una persona, sino su capacidad, su experiencia y, por supuesto, su compromiso con realizar un trabajo serio y profesional. Respecto de los Centros de Estudios vinculados a partidos políticos, es natural que puedan tener una determinada mirada o una línea de pensamiento, sin embargo, esa cercanía no debería impedir que sus análisis sean rigurosos, transparentes y basados en evidencia, mientras exista independencia técnica y se transparenten los vínculos”.

Parisi añadió que “el desafío está en fortalecer la transparencia, diversidad de opiniones y la calidad de las asesorías que reciben los parlamentarios, para que las decisiones legislativas siempre se tomen pensando en el bienestar de todos los chilenos”.

Ese punto ordena buena parte del debate. No se trata de prohibir centros de estudios vinculados a partidos, sino de elevar el estándar. Si un informe se paga con recursos fiscales, debería ser posible conocer quién lo hizo, cuánto costó, qué metodología usó, qué fuentes incorporó y si fue efectivamente utilizado en el trabajo legislativo.

¿Desigualdad de ideas?

La existencia de think tanks robustos también puede generar diferencias entre partidos y bancadas. Los sectores con centros consolidados, redes académicas y equipos permanentes tienen mayor capacidad para producir propuestas, anticipar debates, responder a proyectos complejos e instalar conceptos en la discusión pública.

El analista político y director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, Roberto Munita, sostiene que esa disparidad puede existir, aunque recuerda que las asignaciones parlamentarias precisamente buscan entregar recursos razonables para que los legisladores cuenten con apoyo técnico.

“Sí, se podría generar una disparidad a nivel de ideas o de preparación de políticas públicas, pero precisamente para evitar eso, las dos ramas del Congreso consideran montos bastante razonables, incluso, que podrían ser considerados altos, para asesoría. El problema es realmente cómo se utilizan esos fondos y si los parlamentarios están más interesados en fortalecer la asesoría legislativa o fortalecer su equipo territorial. Sin duda, ambas cosas son importantes, pero en algunos casos la expertise en políticas públicas ha sido mirado en menos frente a la asesoría territorial”.

El académico resalta además que “si hay disparidad a nivel de gestión de políticas públicas puede ser, porque se nota una mejor organización de ciertos actores respecto de los aportes disponibles, para contratar expertos en ciertas materias e, incluso, contar con el apoyo de un centro de estudios”.

La observación de Munita abre otra dimensión del problema. Las asignaciones pueden financiar asesoría técnica, pero también soporte territorial, comunicacional o político. Esa amplitud vuelve más difícil evaluar cuándo el gasto fortalece la función legislativa y cuándo opera como respaldo de una estrategia partidaria o personal.

La discusión no es nueva. Cada vez que aparecen investigaciones sobre gasto parlamentario, vuelve la pregunta por los controles y la utilidad de los servicios contratados. El debate sobre probidad y control del gasto legislativo muestra que la legalidad formal ya no basta para despejar dudas ciudadanas.

Autonomía con identidad política

El analista político Patricio Guajardo plantea que un centro de estudios puede tener orientación política sin perder autonomía intelectual. Desde su experiencia, estos espacios comparten principios con determinados partidos, pero eso no impide que existan opiniones divergentes ni análisis críticos hacia las decisiones de sus propios referentes.

“En todas las oportunidades que me ha tocado trabajar en centros de estudios de partidos son bastante autónomos y uno puede tener opiniones divergentes. Evidentemente, se sustentan en ciertos principios que uno conoce, porque está vinculado al partido, pero eso no significa que uno no tenga la autonomía ni la independencia”.

Según Guajardo, los centros de estudios de un partido buscan principalmente asesorar legislativamente y políticamente a sus dirigentes. “Uno puede y de hecho uno da las opiniones que no tienen por qué ser coincidentes con la de los dirigentes, se entrega información que sea relevante para colocar temas en el debate público. Si no tuvieran autonomía, sería un adoctrinamiento sin ningún sentido, por lo tanto, todas las fundaciones que pertenecen a un partido se vinculan con un partido, tienen el nivel de autonomía necesario para tener estudios de calidad y opiniones de calidad”.

El analista agrega que tener una postura política explícita no inhabilita el intercambio de ideas. “La ventaja que tienen los centros de estudios, a diferencia de las ONG, de las organizaciones sociales o de las organizaciones de la sociedad civil es que, en general, ese tipo de entidades no están obligadas a pensar el país en su conjunto, como sí lo están los partidos que tienen que ganar elecciones, tienen que formar y posicionar liderazgos y, eso, no significa adoctrinamiento, sino que significa reflexiones de fondo que permitan a los futuros candidatos, en cualquier ámbito, generar un pensamiento crítico, es decir, de un pensamiento que surge a partir de una perspectiva, porque por algo están en un partido que no es una academia filosófica”.

La defensa de Guajardo instala un matiz necesario. No todo vínculo partidario equivale a captura. No toda asesoría ideológica es inútil. No todo centro de pensamiento debe operar como una universidad neutral. Pero si el financiamiento proviene de fondos públicos, la explicación debe ser más exigente que en una contratación privada.

La zona gris: quién paga, qué se entrega y quién controla

El debate por los think tanks del Congreso no se resuelve con una condena general ni con una defensa corporativa. El Congreso necesita conocimiento especializado. Los partidos necesitan formar cuadros, construir propuestas y sostener una mirada programática. Pero el origen público de los recursos obliga a responder preguntas básicas.

¿Quién recibe los pagos? ¿Qué servicio entrega? ¿Cuál es el producto final? ¿Ese informe se utilizó en una comisión, indicación o votación? ¿Existe control de calidad? ¿Se transparentan los vínculos políticos, comerciales o personales? ¿Los documentos financiados con asignaciones públicas son accesibles para escrutinio ciudadano?

Con los documentos disponibles, se puede afirmar que existe un volumen relevante de recursos públicos para asesorías y comités, que los centros de estudios y personas jurídicas forman parte del registro formal de proveedores y que el sistema tiene reglas de rendición. Lo que todavía requiere una investigación más profunda es la trazabilidad fina de pagos por institución, los productos entregados y la calidad real de esos informes.

El dilema no es si los partidos deben pensar, formar cuadros o contratar especialistas. El dilema es si el Congreso puede seguir financiando asesorías con recursos públicos sin una evaluación más clara sobre calidad, utilidad legislativa e independencia técnica. Si los think tanks cumplen un rol técnico, deberían poder demostrarlo. Y si funcionan como caja política, la ciudadanía tiene derecho a saberlo.