Se estima que se generaría un ahorro de más de 3 mil años en horas de trabajo, lo que representa una cifra millonaria en caudales fiscales que podría ser destinar a salud y reactivación de la economía
El senador por la Región de Valparaíso, Kenneth Pugh, se encuentra encabezando varias iniciativas para que las personas tengan los servicios públicos del aparato estatal al alcance de un clic desde sus celulares, computadores o dispositivos móviles sin salir de su casa. Ahora en el contexto de la discusión por el presupuesto de la nación para el 2021, el que debe ser ingresado al Congreso a más tardar a fines de septiembre, el parlamentario se encuentra en una campaña para que el Ejecutivo considere la digitalización de todos sus trámites con la ciudadanía dentro del erario fiscal, ya que esto generaría millonarios ahorros que se podrían destinar al siempre insuficiente gasto social, sobre todo en tiempos de crisis sanitaria y económica.
Cabe destacar que el senador presentó un proyecto de reforma constitucional con el objetivo de que Chile se convierta en un República Digital, lo que significa que a través del uso de las tecnologías los ciudadanos se puedan relacionar con el Estado para todo tipo de trámites y comunicaciones. Se estima que se generaría un ahorro de 3.149 años de horas de trabajo de funcionarios públicos y ciudadanos por un año de un Estado totalmente digitalizado, usando como referencia las mediciones que efectúa Estonia, que es potencia mundial en esta materia.
“Todo ganamos al tener una República Digital en que los ciudadanos no tendrán que hacer nunca más una larga fila para conseguir algún documento o certificado de algún servicio público. La pandemia por covid-19 ha acelerado la transición hacia una sociedad digital, y si bien Chile ha avanzado en esta materia, estamos lejos de los líderes mundiales en este sector como Estonia. Hoy tenemos una enorme posibilidad de encabezar en la región la transformación digital estatal, lo que conlleva un sinfín de beneficios como ahorro en horas hombre y sueldos de funcionarios que pueden ser destinados en el presupuesto 2021 a las necesidades más básicas que tenemos producto de la pandemia en las áreas de salud y en proyectos que promuevan la reactivación económica y generación de empleo y empresas”, explicó el senador.
“Todo ganamos al tener una República Digital en que los ciudadanos no tendrán que hacer nunca más una larga fila para conseguir algún documento o certificado de algún servicio público. La pandemia por covid-19 ha acelerado la transición hacia una sociedad digital, y si bien Chile ha avanzado en esta materia, estamos lejos de los líderes mundiales en este sector como Estonia. Hoy tenemos una enorme posibilidad de encabezar en la región la transformación digital estatal, lo que conlleva un sinfín de beneficios como ahorro en horas hombre y sueldos de funcionarios que pueden ser destinados en el presupuesto 2021 a las necesidades más básicas que tenemos producto de la pandemia en las áreas de salud y en proyectos que promuevan la reactivación económica y generación de empleo y empresas”, explicó el senador.La propuesta del parlamentario genera la creación de nuevo derecho en la Carta Magna, el derecho de las personas a relacionarse digitalmente con el Estado. La iniciativa modifica el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución, el que quedaría de esta forma si se aprueba el proyecto. “El derecho a relacionarse digitalmente con el Estado y a presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes”, explicó Pugh.
En línea a la propuesta del parlamentario por la Región de Valparaíso, el Ejecutivo se encuentra trabajando en el “Desarrollo e Implementación de un Modelo de Interoperabilidad del Estado bajo el marco de la Ley de Transformación Digital”. A través de esta plataforma se busca la adopción de una solución tecnológica que sea escalable para todo el aparato estatal.
Para concluir el senador aseveró que para conseguir una República Digital se debe potenciar la alfabetización tecnológica en nuestros adultos mayores y personas de un nivel socioeconómico más bajo, aumentar la conectividad del país con fibra óptica y 5G (para que no hayan estudiantes que tenga que subirse al techo de una casa para conectarse a Internet y asistir a clases online), y, por último, poner énfasis en la ciberseguridad y el cuidado irrestricto de la privacidad de los datos de más 18 millones de personas, con una ley que siga los pasos del modelo europeo de protección de datos conocido como General Data Protection Regulation (GDPR).
