Por: Nolberto Zúñiga Contreras y Eduardo Marchant Cabrera

Marzo fue un mes convulso. La crisis de seguridad sigue marcando la agenda, mientras el gobierno de Gabriel Boric entra en su último tramo. Es el momento de evaluar lo avanzando y de proyectar lo que realmente necesita el país: una estrategia de transformación profunda que no solo combata el delito, sino que enfrente sus raíces estructurales.

El reciente asesinato de un matrimonio en Graneros ha estremecido a la región y avivado el debate sobre seguridad. A pesar de las 65 leyes aprobadas, incluyendo la creación del ministerio de seguridad, la ley antiterrorista, la ley de reincidencia, las restricciones a los funerales narcos y la persecución del crimen organizado, la percepción ciudadana sigue siendo de desprotección. ¿Por qué?

Porque el problema de fondo no se resuelve con medidas punitivas aisladas, sino con cambios estructurales en el modelo de desarrollo que genera desigualdad, precarización y descomposición social.

El Frente Amplio ha mantenido una postura clara: la seguridad debe abordarse desde una perspectiva multisistémica, pero la respuesta del Estado sigue atrapada en la lógica de administrar las consecuencias, sin transformar las causas.

Mientras no cambiemos las condiciones que producen la inseguridad, empleos precarios, barrios abandonados, jóvenes sin perspectivas de futuro, cualquier avance será insuficiente.

La derecha aprovecha el dolor legítimo de las victimas para promover salidas simplistas como la pena de muerte, mientras criminaliza la inversión en cultura y cohesión social. Es el mismo discurso de siempre: más represión para contener los efectos, pero sin tocar la raíz del problema.

Las cifras muestran que la tendencia al alza de los homicidios desde 2018 se ha estabilizado y que en 2024 comenzó a descender. Pero esto no es suficiente. En una región con alta ruralidad, marcada por el rezago y la falta de conectividad, el crimen organizado avanza porque el capitalismo en su fase actual solo reproduce desigualdad y fragmentación social. En este contexto, la delincuencia no es un problema aislado, sino un síntoma de un sistema que ha mercantilizado todas las esferas de la vida.

Seguridad y transformación económica: un solo problema, una sola solución

No podemos reducir la seguridad a una discusión sobre más policías o más penas. La seguridad real se construye garantizando condiciones de vida dignas. La precarización laboral, la crisis habitacional y la marginación de sectores populares son el caldo de cultivo del delito. Por eso, transformar la matriz productiva y generar empleo de calidad es también una estrategia de seguridad. No basta con administrar el modelo; hay que cambiarlo.

Tomemos un ejemplo concreto: recuperar un espacio público tomado por el narcotráfico y devolverlo a la comunidad. ¿Como se logra? No solo con más presencia policial, sino con inversión en cultura, deporte e integración barrial. Medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el crecimiento del PIB en 2024(2,6%) son pasos en la dirección correcta, pero deben estar acompañadas de una estrategia más ambiciosa: reindustrialización ecológica, fortalecimiento del Estado y democratización de la economía.

El aumento de penas, por sí solo, ha demostrado su ineficacia. Sin trabajo digno. Sin acceso a educación de calidad, sin un sistema de protección social robusto, el delito seguirá reproduciéndose. El desafío es transformar las condiciones estructurales que lo originan.

Porque seguridad no es solo ausencia de delito. Seguridad es garantía de una vida digna para todas y todos.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo