Especialistas destacan la necesidad de protocolos unificados, fiscalización especializada y transparencia, para consolidar la eficacia de la Ley 21.595 en el ámbito corporativo

La Ley N° 21.595 sobre delitos económicos entró en vigencia para personas jurídicas el 1 de septiembre de 2024, estableciendo la responsabilidad penal corporativa y exigiendo la implementación de modelos de prevención de delitos (MPD) efectivos.

Desde su aplicación, las empresas han debido ajustar sus políticas internas, controles y capacitación, generando un nuevo estándar de cumplimiento en Chile.

Transformaciones internas en las empresas

“El impacto más notorio se ha observado al interior de las empresas, donde directorios y gerencias han ajustado estrategias para identificar riesgos con mayor precisión y fortalecer controles internos, capacitaciones y trazabilidad”, explicó Nicolás García Lorca, socio del estudio de abogados García Parot.

El especialista destacó que la ley transforma el escenario regulatorio mediante tres ejes:

• Clasificación de delitos en grupos
• Ampliación del catálogo de delitos y sujetos responsables
• Imposición de sanciones más rigurosas, con régimen especial para determinar penas aplicables

Estas modificaciones obligan a las organizaciones a revisar exhaustivamente sus protocolos de cumplimiento y prevención, incluyendo auditorías internas y monitoreo constante de riesgos.

Retos en la aplicación institucional

Uno de los desafíos más relevantes es la capacidad de persecución de delitos económicos, que requiere equipos especializados en finanzas, contabilidad, gobierno corporativo y medio ambiente, así como peritajes técnicos y coordinación entre justicia y organismos fiscalizadores.

Los tribunales han comenzado a exigir mayor transparencia en las capacitaciones, buscando elevar estándares de calidad y reducir errores procesales, mientras que los protocolos unificados entre fiscalías y organismos fiscalizadores son esenciales para disminuir la discrecionalidad en la aplicación de la normativa.

Avances en delitos ambientales y crimen organizado

“El ámbito ambiental introduce avances relevantes, con tipificación de atentados contra el medio ambiente. En crimen organizado, la ley eleva los estándares de responsabilidad corporativa, dificultando el uso de personas jurídicas como fachada para recursos ilícitos, incluido el lavado vinculado a delitos económicos”, agregó García.

Si bien la ley establece bases para sancionar delitos corporativos, la persecución directa de organizaciones criminales depende de herramientas especializadas como decomiso ampliado y cooperación internacional. La consolidación de protocolos ambientales y unificados es clave para garantizar certeza jurídica y transparencia en la aplicación.

Perspectivas de cara al segundo año de vigencia

Especialistas destacan la necesidad de:

• Consolidar equipos de fiscalización especializados
• Establecer reglas claras y auditables para la persecución
• Elaborar guías comunes para la prueba eco-penal

La Ley 21.595 ofrece una arquitectura robusta para prevención y sanción de delitos económicos, pero el desafío principal es demostrar capacidad, transparencia y eficacia en su ejecución. Para las empresas, esto implica adaptación estratégica, inversión en capacitación y fortalecimiento de controles internos para asegurar cumplimiento y minimizar riesgos legales.

En resumen, el primer año de la Ley de Delitos Económicos marca un hito en la gestión de riesgos corporativos, evidenciando avances en prevención y cumplimiento, pero también señalando desafíos pendientes en la implementación institucional y coordinación judicial.