Por: Jaime Mulet M. Diputado de la Federación Regionalista Verde Social por la región de Atacama
El año 2009, después de una intensa y larga discusión parlamentaria, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.337 que reformaba nuestra Carta Fundamental con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los y las ciudadanas y su inscripción automática en los registros electorales. Luego, el año 2012 fue publicada la Ley N° 20.568 que regula la inscripción automática, modifica el Servicio Electoral y moderniza el sistema de votaciones que, en definitiva, concretizó esta reforma constitucional, eliminando la sanción asociada al incumplimiento de la obligación de votar. De esta forma, el voto pasó a ser voluntario.
Esta decisión, que contribuyó a separar a la ciudadanía de su rol político, no estuvo exenta de detractores, quienes considerábamos y aún consideramos que si queremos que los chilenos y chilenas participen tiene que ampliarse el universo de votantes y debe haber inscripción automática facilitada; sin embargo, si queremos que también que voten, el voto debe ser obligatorio, por cuanto la historia electoral del país demuestra claramente que, a mayor grado de obligatoriedad del voto, son más las y los ciudadanos que participan en las elecciones.
En efecto, desde la primera elección municipal, estando en vigencia la voluntariedad del voto, se evidenció una fuerte baja en la participación electoral, pese a que al mismo tiempo fue aumentando sostenidamente el padrón electoral.
Esto es sumamente preocupante, ya que se ha sostenido que “si todos los ciudadanos son iguales en términos políticos, la elección de las autoridades del Estado debe ser realizada por todos ellos. Cuando la mayoría no es la que decide, parece ser que la opinión de unos vale más que la de otros y que no todos los ciudadanos son iguales en términos políticos. (…) Una comunidad política democrática tiene un legítimo interés en proteger la forma de vida democrática que se funda en la idea de la igualdad política. Así, la obligatoriedad del voto puede ser justificada, por ejemplo, en la necesidad de salvaguardar un sistema de legitimación de las autoridades estatales que considere la opinión igual de cada uno de los ciudadanos” (Pablo Marshall, 2009).
Es por ello que, junto a otros parlamentarios y parlamentarias, presenté el año 2020 un proyecto de reforma constitucional para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares (Boletín 13212-07), el cual fue refundido con otro proyecto presentado en el mismo sentido.
Celebramos que estas iniciativas hayan sido aprobadas el día lunes 19 de diciembre por la Cámara de Diputadas y Diputados, por cuanto entendemos que la obligatoriedad del voto es una medida que contribuye a la profundización de la democracia y refuerza las instituciones representativas del Estado.
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