Por: Alberto Torres B. Sociólogo. Mg. En Ciencias Sociales. Académico de la Universidad de Antofagasta
Como país fuimos testigos de la remoción de la estatua del General Manuel Baquedano del sitial que ocupó por largas décadas. El principal motivo esgrimido radica en su restauración, producto de los actos de vandalización sufridos en el último tiempo, con la promesa de ser devuelta en un lapso prudente de tiempo a su lugar habitual.
Frente a lo anterior, debemos tener presente algunas consideraciones. En primer término, es absolutamente sano para nuestra convivencia democrática que la estatua sea restituida en su lugar de origen una vez superadas las tareas de restauración, caso contrario su remoción será claramente interpretada como una debilidad frente a grupos violentistas que han empañado el legítimo sentir de desencanto de la sociedad chilena frente a la desigualdad acrecentada en nuestras tres décadas de democracia.
En segundo lugar, no debiesen primar criterios conducentes a reemplazar la estatua del General por la de otra insigne figura histórica, ya que estaríamos frente a una actitud arbitraria de quienes promuevan esa idea. Si se accediera a esta solicitud, marcaríamos un muy mal precedente, ya que abriríamos la puerta a que otros grupos de ciudadanos o sectores políticos, en una actitud que podríamos catalogar de “revanchista”, promovieran el retiro y reemplazo de otros monumentos históricos de sus sitiales habituales, por razones justificados aparentemente en lo ideológico.
Cada ciudadano, cada nación, es libre de interpretar el significado de los diferentes personajes históricos. En caso que fuese necesario destacar a otros héroes, anónimos o ya conocidos, es imprescindible proceder del modo correcto, promoviéndose las instancias políticas y participativas para el emplazamiento de monumentos, placas históricas o cualquier elemento cuya finalidad sea recordar y educar a la población en el legado del personaje histórico.
Sólo a modo de ejemplo, hace un par de años la Municipalidad de Paillaco (Provincia de Valdivia) promovió la instalación de “señaléticas educativas”, cuya característica era la cita de una breve alusión histórica debajo del nombre de la calle, indicado en letras blancas. Iniciativas tan simples como éstas nos permitirían educar en forma equitativa a nuestra población respecto al rol de nuestros héroes o personajes destacados de nuestra historia.
La restauración de estatuas es un procedimiento propio de la conservación de monumentos, pero en ningún caso debe marcar la antesala de dar rienda suelta a caprichos ideológicos que atentan contra la convivencia democrática en nuestro país.
Finalmente, debemos considerar que en otros países la eliminación definitiva de estatuas o elementos recordatorios de personas históricos, ha respondido a la implementación de Leyes de Memoria Histórica que prohíben ensalzar figuras históricas controvertidas.
En este caso, dichas Leyes emergen producto del consenso político y una discusión acabada de sus ventajas y desventajas. Tal no es el caso de nuestro país, en donde, desde hace un par de años, se ha intentado estimular la implementación de dicha Ley. Por lo tanto, cualquier otro criterio decisional sólo respondería a las pasiones del momento.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
