Por: Alberto Torres B. Sociólogo y Académico de la Universidad de Antofagasta. Mg. en Ciencias Sociales Mención Gestión Social
Hace algunos días el Presidente Sebastián Piñera anunció el veto a la Ley de Migración que está siendo tramitada en el Congreso Nacional, por considerar inadmisibles dos indicaciones: la primera, que establece que toda persona que llegue a la frontera de Chile pueda pedir una visa para buscar trabajo; y la segunda que cualquier persona que ingrese al país hasta 90 días después de que se apruebe la ley se le promete que se le va regularizar su situación.
Sin duda, los tiempos actuales plantean importantes desafíos para nuestro país, en materia de priorización. En ningún caso los reparos del Gobierno a la ley deben ser interpretados como una actitud xenófoba y negacionista de un fenómeno sociológico evidente en distintos países, especialmente Chile, acentuado por su concepción antiquísima de la “Europa de América” y de nación garante de estabilidad política y económica.
No obstante, en el tenor de acontecimientos recientes, como el estallido social y la pandemia por COVID – 19, es claro que la incertidumbre se ha apoderado de nuestra cotidianeidad: nos enfrentamos a una población enfrentada a penurias económicas, a una movilidad social descendente, altos niveles de desempleo, con profunda insatisfacción de necesidades básicas como la alimentación y salud mental.
En ese sentido, resulta valedero priorizar, en la contingencia actual, la solución y respuesta inmediata a los problemas sociales que aquejan a los chilenos y por supuesto a aquella población migrante que ya reside en nuestro país.
Si consideramos dichos factores, es menester la promoción de una migración segura y ordenada. Un ingreso abultado podría ser un desencadenante de mayor desocupación laboral para las propias personas migrantes, por la ausencia de oportunidades, acrecentando con ello la pobreza multidimensional en este grupo, incrementada en 8 puntos desde el año 2012 al 2017, según resultados de la encuesta CASEN 2017. Debemos recordar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) agrupa en la pobreza multidimensional a “personas que sufren carencias en dimensiones como: educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general”.
Debemos abogar por el respeto a los procesos de multi e interculturalidad que experimenta nuestro país y distintas regiones, velando por la dignidad de las personas que por nacimiento o voluntad propia deciden radicarse en nuestro país. Sería una tremenda irresponsabilidad aceptar las indicaciones defendidas por la oposición si como nación experimentamos serias complicaciones en proveer condiciones adecuadas de confort a los ciudadanos que ya habitan en nuestro país y que han enfrentado el panorama lúgubre heredado de las contingencias sociales actuales.
Esta perspectiva se acentúa cuando reconocemos, per – se, que todo migrante busca como fin último la autorrealización personal, punto cúlmine de la pirámide de necesidades humanas, enunciada por Abraham Maslow en la década de los 50, lo que es refrendado en uno de los resultados de la encuesta CASEN 2019, en donde un 61% de la población inmigrante en Chile refiere que su principal motivación para asentarse en Chile es la “búsqueda de una mejor calidad de vida”.
Requerimos una gestión pública responsable, con visión de largo plazo, que considere e integre las variables socioeconómicas involucradas en los procesos de migración.
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