Por: Manuel Baquedano M. Fundador y Presidente del Instituto de Ecología Política
La rápida descarbonización del país será uno de los elementos que prevalecerá en la discusión de la Nueva Constitución en relación a la crisis climática. Este tema, la descarbonización exprés de la matriz energética para el año 2030 y el plan de neutralidad del carbono para el año 2040, tendrá que derivar necesariamente en el diseño de un nuevo modelo energético para el país.
No es casualidad que el pasado domingo en el plebiscito, el apruebo haya superado la media nacional del 78 por ciento en las “zonas de sacrificio” donde hay presencia de centrales de carbón. El apruebo en Mejillones llegó al 89,56%; en Tocopilla, 90%; en Huasco, 90,41%; en Quintero 81,33% y en Puchuncaví, 84,07%. Esta realidad hace prever que la presión ciudadana por cerrar rápidamente estas centrales de carbón irá en aumento mientras dure el proceso constituyente y que, al mismo tiempo, son muy altas las probabilidades de que estas centrales terminen cerradas más temprano que tarde, con o sin el acuerdo de las empresas del sector.
El establishment que formula las políticas energéticas del país consensuó como meta el año 2040 para obtener una matriz eléctrica descarbonizada y el año 2050 como la fecha límite para alcanzar la neutralidad del CO2. Sin embargo, la gravedad de la crisis climática no deja de aumentar –con pandemia incluida- y seguramente este año será el más cálido de la historia humana o estará, de todas maneras, entre los cinco años más calurosos de la historia de la humanidad. Esta situación nos demuestra que ni siquiera la pandemia pudo frenar el aumento de la temperatura del planeta y que este proceso ya se encuentra fuera de control en el corto y en el mediano plazo.
Como los seres humanos no pueden vivir sin energía, su accesibilidad se transformará en una necesidad existencial y esencial, al mismo nivel que el acceso al agua, a la alimentación o a la salud.
En este contexto, el acceso a la electricidad en nuestro país ya no es un problema técnico: el 99,5 por ciento de los hogares tiene el servicio básico. Sin embargo, es un problema económico pues muchas personas están conectadas pero no pueden utilizar la energía debido a las tarifas que cobran las compañías privadas. Se estima que cerca del 22 por ciento de los hogares, es decir más de 5 millones de personas, se encuentran en una situación de pobreza energética y no alcanzan a satisfacer sus necesidades esenciales.
Así como el uso del agua es consagrado como un derecho humano básico, el acceso a la energía debería seguir el mismo camino. Por ser un bien común, las energías primarias como el sol, el viento y la hidráulica no tienen dueño -o mejor dicho, todos somos sus dueños- y su utilización debería estar al alcance de cualquier ser humano.
La energía solar y sus formas de captarla deberían convertirse en una de las más útiles formas de redistribuir la riqueza que produce la sociedad. La energía solar enfocada en el autoconsumo de los hogares debería ser una política pública ya que su fomento está relacionado con un sentido de equidad. Al mismo tiempo, si no existe esa política pública y si no se involucra el Gobierno de turno, deberíamos ser los propios ciudadanos los que, sin pedirle permiso a nadie, comencemos a aplicarla de forma individual o comunitaria.
La crisis climática nos apura: estamos corriendo contra el tiempo. Sin una parte significativa de energía producida directamente por la ciudadanía no alcanzaremos a realizar la rápida descarbonización que nos permita enfrentar la crisis climática con mejores probabilidades de éxito.
Tenemos que dejar de considerarnos meros clientes de compañías –como sujetos a los que se les suministra un servicio de energía- y convertirnos en gestores y generadores de nuestras propias energías. Hermann Scheer, quien fue mi maestro y el padre de la ley alemana de energías renovables, dijo alguna vez: “De una innovación técnica surge un movimiento social. Se puede impulsar desde arriba. Pero el despliegue masivo se hace desde abajo. La revolución energética se basa en el establecimiento de múltiples nuevos hechos sin pedir permiso a los titulares de las estructuras energéticas existentes”.
Siguiendo sus palabras, creo que llegó el momento asumir la tarea y comenzar a transitar el camino de la democratización de la energía en nuestros hogares y junto con nuestra comunidad.
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