Por: Egon Montecinos. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile
De acuerdo con diversos estudios de organismos nacionales e internacionales, Chile es de los países más centralizados del mundo. Esta problemática está tan arraigada en los partidos políticos (de izquierda a derecha), élite política e intelectual y en la sociedad civil, que se ha naturalizado que el nivel central de Gobierno deba tener tutela administrativa y política en cada región del país.
Es como que luego de cumplir la mayoría de edad, usted compra o arrienda una casa para irse a vivir de manera más independiente. Pero su padre o madre, le envía un representante a instalarse a su propia casa, incluso con mayor capacidad para tomar decisiones que usted, quien se supone es el legítimo representante de ese espacio. Pues bien, algo parecido sucede en Chile a nivel regional. Veamos.
Producto de las reformas políticas del año 2017 y 2018, a partir de mayo de 2021 y por primera vez en nuestra historia se eligen en las 16 regiones del país autoridades regionales de manera democrática, llamados gobernadores regionales, en reemplazo de los intendentes regionales.
No obstante, esa misma legislación estableció que, al lado de esta autoridad electa en el nivel regional, existirá una autoridad designada por el Presidente de la República llamada delegado presidencial regional. Adicionalmente, este diseño institucional dejó establecido que la autoridad regional designada, no es una autoridad protocolar ni meramente administrativa, sino que tiene atribuciones políticas y de gestión relevantes en materia de implementación de políticas públicas a escala regional.
Para entender mejor el funcionamiento de esta dualidad de autoridades regionales, y el desmedro que se produce especialmente sobre la autoridad democráticamente electa, ponga atención en el siguiente ejemplo.
Por cada 100 pesos que se destinan a inversión pública en regiones, entre 85 a 90 pesos provienen y son decididos por ministerios y/o servicios públicos desconcentrados con presencia en regiones, a través de sus representantes políticos conocidos popularmente como las Seremis (secretarias regionales ministeriales). ¿Quién coordina a esos servicios desconcentrados en regiones? Es el delegado presidencial regional y no el gobernador regional electo. Los restantes 10 a 15 pesos de inversión pública los decide el Gobierno Regional, a través de sus autoridades electas, Gobernador Regional y Consejeros Regionales. Claramente la decisión de la inversión pública en regiones está en favor de la autoridad regional designada y no de la autoridad regional electa.
Esta situación distorsiona altamente el proceso de descentralización, porque muchas de las soluciones a problemas regionales, sensibles para comunidades y para autoridades locales y regionales, no pueden ser decididas directamente por el gobierno regional, sino que deben ser abordadas por el nivel central, o como sucede en otras ocasiones, la urgencia y la prioridad regional, muchas veces entra en colisión con las prioridades nacionales en regiones.
¿Por qué llegamos a esta dualidad de autoridades en regiones? La discusión sobre la elección democrática de autoridades regionales comenzó con fuerza durante el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018). En ese entonces, se planteó elegir democráticamente al Intendente Regional con todas sus atribuciones. No obstante, esa idea no tuvo respaldo mayoritario en el Congreso y se optó por elegir democráticamente a la autoridad que dirija al Gobierno regional, pero también se optó por seguir designando a la autoridad que coordine los servicios públicos desconcentrados con presencia en regiones. Con ello, entre otras cosas se aseguraba el control político y la designación de las autoridades regionales en esos cargos por parte de la coalición de turno que gane la presidencia de la república.
¿En qué estamos ahora? Ad portas de terminar el primer periodo de gobernadores regionales electos (en octubre del próximo año nuevamente hay elecciones), nos encontramos en una encrucijada en materia de descentralización política.
Por un lado, el presidente Gabriel Boric comprometió suprimir la figura de delegado presidencial regional y que, al finalizar su mandato, el Gobierno central iba a terminar con menos poder en regiones, en favor de las nuevas autoridades democráticamente electas. Esta iniciativa, tiene alta aceptación entre los gobernadores regionales, quienes aspiran a contar con atribuciones que les permita coordinar a servicios públicos desconcentrados y tener mayor cantidad de recursos fiscales para responder a las demandas de la comunidad.
Por otro lado, el artículo 133 del borrador de nueva Constitución elaborado por el comité de expertos para la discusión en el consejo constitucional, considera continuar con un representante del Presidente de la República en regiones, y por cierto con la capacidad de coordinar servicios públicos desconcentrados. Es decir, esta idea planteada por el comité de expertos (designados por partidos políticos), se contrapone a lo planteado por gobernadores regionales y a la propuesta del Presidente de la República.
De este modo, el momento histórico que estamos viviendo en materia de descentralización, se puede sintetizar entre la encrucijada por avanzar con gobiernos regionales empoderados, o consagrar constitucionalmente la tutela del centro político a regiones.
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