Por: Ana López Dietz. Académica Trabajo Social de la Universidad Central
Este año se conmemoran 50 años del golpe de Estado que marcó la historia de nuestro país y cuyas secuelas observamos hasta la actualidad. La represión ejercida por la dictadura tuvo como consecuencia la desaparición forzada de más de 1.400 personas, casi mil ejecutadas y otras miles que vivieron prisión política, tortura, exilio y relegación.
En 1991 se publicó el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en 2005 el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Sin embargo, queda mucho por conocer sobre el destino de las personas desaparecidas, la responsabilidad estatal de quienes cometieron los crímenes y los efectos de la dictadura en el daño provocado a la sociedad.
En estas semanas se están realizando diversas actividades de conmemoración, muchas organizadas por la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, enfocadas en plantear la pregunta por la verdad, la exigencia de justicia y reparación.
Verdad, ya que falta conocer el destino de las y los detenidos desaparecidos, lo que implica que se mantiene el pacto de silencio de quienes participaron y tienen responsabilidad en estos crímenes.
Reparación, que implica asumir la responsabilidad del Estado y avanzar en el reconocimiento del daño con medidas específicas. Y justicia, que es fundamental en el camino de la no repetición, y que no pueden seguir esperando.
Es necesario reconocer el rol que las organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han llevado adelante en estos 50 años, ya que a su trabajo ha sido fundamental para la preservación de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.
En el caso de trabajo social, tanto la carrera como la profesión fueron afectadas por la dictadura, con el cierre de escuelas, cambios en el currículo y, expulsión de estudiantes y docentes. Asimismo, siete profesionales y estudiantes fueron ejecutados y nueve están desaparecidos.
Es fundamental no olvidarles, como parte de las medidas de reparación y en el camino de seguir construyendo la carrera de trabajo social con perspectiva crítica y un enfoque de defensa y promoción de los derechos humanos. No podemos repetir la historia y quienes trabajamos en el tema estamos llamados a asegurarnos de que sean recordados para construir una sociedad que aspira a nunca más cometer estos crímenes.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
