Alcalde Justo Zuleta adelantó que se presentará una querella contra quienes resulten responsables y que ya han adoptado una serie de medidas para hacer frente a la crisis financiera que atenta contra los interesés de la comunidad
Como una enorme pérdida para todos los sampedrinos y un duro golpe a las arcas municipales calificó el alcalde Justo Zuleta Santander, los cerca de 4 mil millones de pesos por los que está condenado el municipio; cifra que arrojó la auditoría externa que analizó las finanzas municipales del periodo anterior, liderado por el ex alcalde Aliro Catur.
Despidos injustificados y deudas previsionales, son los principales motivos por los que se encuentra condenada la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Poner término a estos juicios, significa sacrificar cerca del 50% del presupuesto municipal anual, lo cual resulta imposible de ejecutar, ya que de hacerlo ocasionaría un desmedro al funcionamiento del municipio.
El alcalde de la comuna, Justo Zuleta Santander, señaló que “otro aspecto importante de la auditoría fue evidenciar el desorden administrativo y financiero que existía en la gestión anterior, lo que ha derivado en la ejecución de estrategias como las instrucciones a los distintos procedimientos administrativos y la reestructuración interna para superar esta crisis. Además, es importante señalar que esta situación ha generado un importante daño y un duro golpe no solo a las arcas municipales sino también a toda nuestra comuna”.
El alcalde de la comuna, Justo Zuleta Santander, señaló que “otro aspecto importante de la auditoría fue evidenciar el desorden administrativo y financiero que existía en la gestión anterior, lo que ha derivado en la ejecución de estrategias como las instrucciones a los distintos procedimientos administrativos y la reestructuración interna para superar esta crisis. Además, es importante señalar que esta situación ha generado un importante daño y un duro golpe no solo a las arcas municipales sino también a toda nuestra comuna”.Presupuesto Municipal
Al respecto, Sandra Malgue, administradora municipal manifestó que “por lo menos, pagar esta deuda demorará alrededor de 7 años, teniendo en consideración que de manera responsable esta administración no puede destinar más de un 5% del presupuesto municipal anual para pagar el arrastre por concepto de deudas previsionales y así ponerle término definitivo a los juicios vigentes que heredamos de la administración pasada”.
“Nuestra administración se comprometerá a pagar 500 millones anuales por esta deuda, suma que generará un gran impacto en el presupuesto actual municipal, que tendrá como consecuencia el costo de oportunidades en financiar otras iniciativas que podrán ir en directo beneficio de la comunidad, tal como un mejoramiento integral a la planta de osmosis de agua potable, una necesidad muy demandada y sentida por todos nuestros vecinos y vecinas. Además, es importante señalar que el monto que tenemos que pagar representa la cartera total de inversiones del municipio, lo que se traduce en más de 80 iniciativas de inversiones”, añadió la administradora.
Por su parte, Evelyn Martínez, abogada y directora de la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio, indicó que “esta administración recibió más de 15 juicios vigentes por concepto de despidos injustificados, los cuales abarcaban cerca 20 despidos de ex funcionarios quienes prestaban servicios a honorarios; alguno de ellos desde el año 1998. La administración pasada no tuvo capacidad de negociación, por lo cual, la sentencia definitiva generó un fuerte golpe para el municipio, que no se hizo cargo de paralizar dichas causas y solo se limitó a pagar las liquidaciones solicitadas por los demandantes. En razón de la vigencia de la Ley Bustos”.
“Se están evaluando las acciones legales que tomará el municipio en virtud del informe de auditoría externa dado a conocer el día miércoles 09 de febrero; dichas acciones serán evaluadas en conjunto entre el alcalde y el concejo municipal, por lo que no se descarta interponer una querella en sede penal”, añadió Martínez.
Por su parte, Evelyn Martínez, abogada y directora de la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio, indicó que “esta administración recibió más de 15 juicios vigentes por concepto de despidos injustificados, los cuales abarcaban cerca 20 despidos de ex funcionarios quienes prestaban servicios a honorarios; alguno de ellos desde el año 1998. La administración pasada no tuvo capacidad de negociación, por lo cual, la sentencia definitiva generó un fuerte golpe para el municipio, que no se hizo cargo de paralizar dichas causas y solo se limitó a pagar las liquidaciones solicitadas por los demandantes. En razón de la vigencia de la Ley Bustos”.La antigüedad de los casos se remonta al año 2017, donde se despidieron a más de 20 personas de forma injustificada. A la fecha, existen 18 sentencias firmes y ejecutoriadas, lo que quiere decir, que ya se cumplieron los plazos para interponer recursos y poder rebajar los montos.
Sentencias ejecutoriadas
En términos de cuantía, son alrededor de mil millones de pesos en sentencias firmes y ejecutoriadas, a lo que se suma las costas procesales, personales, más los intereses y reajustes, los que son calculados a la fecha del pago efectivo, los que van aumentado a medida que pasa el tiempo.
Ignacio Salas, encargado de presupuesto municipal, agregó que “durante el periodo desde el año 2016 al primer semestre del año 2021, la administración anterior solo pagó 900 millones de pesos por concepto de pagos de liquidaciones por juicios donde no se logró convalidar los despidos, en razón de que no se encontraban pagadas las cotizaciones previsionales. En este sentido, la nueva administración municipal en un periodo de 7 meses, ha pagado casi el 63% de lo que se pagó durante 5 años en la administración anterior, pagando alrededor de 600 millones de pesos, haciéndose cargo de regularizar, pagar y negociar con los terceros e instituciones previsionales, con el objetivo de ir cerrando las causas vigentes”.
Desde el municipio sampedrino informan que se ha rebajo cerca mil millones de esta importante deuda, los que se han conseguido a través de negociaciones con terceros, y a las gestiones realizadas con las instituciones previsionales a fin de que estas últimas, condonen los intereses, reajustes y multas anteriores a la fecha en que la sentencia se encontraban firmes y ejecutoriadas.
** Revisa Informe de la Auditoria
