En Congreso Nacional se dio un paso relevante en materia de seguridad hídrica y regulación ambiental, al avanzar en la tramitación de dos proyectos de ley respaldados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). en busca establecer marcos normativos para el desarrollo sostenible de plantas desaladoras y para la extracción de áridos en cauces naturales, sectores clave para la gestión del agua y la infraestructura del país.
El primero de los proyectos, aprobado en su primer trámite constitucional en el Senado, establece un marco general para la desalinización del agua de mar en Chile. La norma fue despachada a la Cámara de Diputadas y Diputados, y forma parte de la agenda hídrica y de adaptación al cambio climático impulsada por el MOP.
“Este es un tremendo aporte a la seguridad hídrica del país, y con esta aprobación en el Senado estamos avanzando para que eso sea una realidad”, afirmó el ministro (s) de Obras Públicas, Danilo Núñez Izquierdo, tras participar en la sesión parlamentaria.
Desalinización con planificación y resguardo ambiental
La nueva legislación busca ordenar un sector que ha crecido de manera inorgánica, estableciendo regulaciones para proyectos de desalinización que contemplen distintos usos —entre ellos el consumo humano y el saneamiento—, siempre bajo criterios de sostenibilidad y coordinación con la planificación hídrica nacional.
De acuerdo con lo expuesto por el ministro (s), el proyecto considera la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización, que actuará como instrumento rector, y fija un procedimiento transparente para la otorgación de concesiones marítimas, las cuales deberán elaborarse con participación de distintos ministerios.
Asimismo, el texto legislativo asigna un rol central a la Dirección General de Aguas (DGA), que deberá normar y fiscalizar las plantas desaladoras. Núñez subrayó que “la DGA tendrá un rol fundamental en garantizar que parte de la producción de las plantas se destine al consumo humano, fortaleciendo el acceso equitativo al recurso”.
Este enfoque busca asegurar una gestión integral del agua en zonas críticas, especialmente en regiones afectadas por sequías prolongadas, donde las desaladoras representan una alternativa estratégica para la continuidad de los sistemas sanitarios y productivos locales.
Marco regulatorio para la extracción de áridos
En paralelo, el Congreso también avanzó en el proyecto que regula la extracción de áridos en cauces naturales y sus zonas anexas, tras ser despachado por la Comisión Mixta encargada de su análisis. Con ello, solo resta que ambas salas ratifiquen el texto para su conversión en ley.
El ministro (s) Núñez explicó que la iniciativa busca establecer un procedimiento estandarizado para las extracciones, junto con un registro público, normas de prevención y trazabilidad, y sanciones frente a extracciones ilegales. “Esto significa actualizar las atribuciones de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), crear un sistema unificado y establecer certificados de origen obligatorios para quienes extraigan, transporten o comercialicen áridos”, puntualizó.
El nuevo marco normativo responde a la necesidad de ordenar un sector de alto impacto territorial, donde la falta de regulación ha generado conflictos ambientales, erosión de cauces y riesgos de seguridad en comunidades aledañas. Además, permitirá a los municipios y gobiernos regionales contar con herramientas claras de fiscalización y control, fortaleciendo la gestión local de los recursos naturales.
Avances legislativos con proyección territorial
Ambas iniciativas —la desalinización y la regulación de áridos— reflejan un enfoque integral de política hídrica, orientado a garantizar sostenibilidad, transparencia y equidad territorial. El MOP ha destacado que estos marcos legales son esenciales para enfrentar los desafíos del cambio climático y asegurar infraestructura resiliente y sustentable en las regiones.
Los próximos pasos legislativos se centran en la aprobación definitiva en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que permitiría al Ejecutivo implementar instrumentos de gestión y fiscalización a partir de 2026, consolidando un sistema regulatorio más moderno y coordinado entre el Estado y los actores locales.
