A medida que se acerca el balotaje de las elecciones presidenciales del 14 de diciembre, la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) intensificó su análisis sobre los programas de Jeanette Jara y José Antonio Kast, debido al impacto directo que sus definiciones podrían tener en las y los trabajadores del sector minero.
Para la organización, el escenario electoral no solo representa un cambio político, sino la posible reconfiguración de las condiciones laborales, productivas y de seguridad en las regiones donde la minería sostiene la economía local.
“El futuro del sector minero no se juega únicamente en indicadores de inversión. Se juega en la seguridad, la institucionalidad y los derechos efectivos de quienes sostienen las faenas”, plantean desde CTMIN, subrayando que las decisiones del próximo Gobierno influirán en el empleo regional, la estabilidad operativa y la productividad a largo plazo.
CTMIN y el programa de Jeanette Jara: institucionalidad laboral y expansión minera
El análisis de CTMIN detalla que el programa de Jeanette Jara incorpora un eje robusto dedicado a minería, donde se propone aumentar en 25% la inversión sectorial, elevar en 10% la producción de cobre y generar alrededor de 50.000 empleos. Para la organización, estas definiciones constituyen una hoja de ruta que combina expansión productiva con fortalecimiento institucional.
Asimismo, destacan el impulso a la modernización de ENAMI, la formalización de pequeños productores, un Sistema Nacional de Fomento Minero y el desarrollo de minerales críticos, además de un énfasis sostenido en avanzar hacia un cobre verde certificado, capaz de responder a las exigencias globales de la transición energética.
En el ámbito laboral, CTMIN valora que el programa incluya ingreso vital de $750.000, una Agencia Nacional de Empleo, negociación colectiva multinivel, mejoras en seguridad y continuidad de la jornada de 40 horas, poniendo el foco en una institucionalidad más robusta para sectores de alto riesgo.
“Los avances en prevención, diálogo social y formación no son un lujo regulatorio. Son herramientas esenciales para evitar accidentes y asegurar productividad sostenible”, advierten desde la Coordinadora, enfatizando que la experiencia internacional demuestra que las faenas seguras dependen de marcos regulatorios sólidos, fiscalización efectiva y participación organizada de los trabajadores.
Visión de José Antonio Kast: flexibilización y menor intervención estatal
CTMIN también examinó el programa de José Antonio Kast, cuyo eje central es la reducción del rol del Estado y la desregulación para impulsar la inversión privada. Entre sus propuestas se incluyen la agilización de permisos, recorte de regulaciones y disminución de cargas tributarias para proyectos mineros. Para la organización, este enfoque podría modificar sustancialmente las condiciones operativas del sector.
En materia laboral, el programa prioriza flexibilización de jornadas, fortalecimiento de acuerdos individuales y reducción de costos para las empresas. CTMIN reconoce que estas medidas podrían dinamizar ciertos segmentos productivos, pero advierte riesgos en la pérdida de mecanismos colectivos e institucionalidad preventiva.
“La desregulación extrema no solo debilita los espacios de negociación. También incrementa la exposición al riesgo en faenas donde la seguridad depende de estándares estrictos y no de voluntariedad empresarial”, sostienen desde la instancia sindical, detallando que las faenas mineras requieren estabilidad normativa para evitar brechas en seguridad, supervisión y cumplimiento técnico.
Dos modelos en disputa y un sector estratégico para las regiones
CTMIN concluye que ambos programas presentan dos modelos contrapuestos: Jara propone mayor regulación, expansión estatal y derechos colectivos fortalecidos; Kast, un esquema liberalizado donde el mercado define estándares y relaciones laborales.
Para la organización, el impacto será determinante en regiones como Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins y Tarapacá, donde la minería sostiene empleo, inversión y encadenamientos productivos.
“El debate no es ideológico. Es práctico. La minería chilena necesita claridad regulatoria, seguridad laboral y participación efectiva para proyectarse en un mercado global competitivo”, afirman desde CTMIN, insistiendo en que un desarrollo minero sostenible exige una institucionalidad laboral sólida y una relación equilibrada entre Estado, empresas y trabajadores.
La Coordinadora aseguró que continuará promoviendo información, análisis técnico y participación de las y los trabajadores, considerando que el sector minero seguirá siendo decisivo para el crecimiento del país en la próxima década.
