El diputado por Atacama cuestiona el proyecto ancla del Presidente Kast, advierte menor inversión pública para las regiones, pide corregir la invariabilidad tributaria y defiende reglas ambientales con sanciones firmes y ordenamiento territorial efectivo para proteger comunidades e inversión
La discusión por la megarreforma del Gobierno entró en una fase decisiva para las regiones. No solo por sus efectos tributarios o por los incentivos que busca entregar a grandes proyectos de inversión, sino también por sus posibles consecuencias en la inversión pública, el financiamiento municipal y la protección ambiental de los territorios.
Desde la Región de Atacama, una zona marcada por la minería, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de nueva infraestructura, el diputado Jaime Mulet, parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social, plantea una mirada crítica.
A su juicio, la propuesta no garantiza mayor desarrollo regional y podría reducir la capacidad fiscal del Estado para financiar obras, servicios y proyectos en comunas con alta dependencia de recursos públicos.
El legislador ya había anticipado reparos frente a la invariabilidad tributaria de la megarreforma, uno de los puntos más sensibles de la tramitación. Para Mulet, el debate no debe limitarse a destrabar inversiones, sino distinguir entre certeza jurídica para proyectos estratégicos y beneficios demasiado amplios que puedan generar desigualdades, menor recaudación y menos margen de decisión para gobiernos futuros.
“Va a haber menos recursos para la inversión pública”
¿Qué impacto podría tener esta mega reforma en regiones como Atacama, especialmente en su capacidad de desarrollo, inversión pública y protección de sus territorios?
Prácticamente ninguno en su capacidad de desarrollo. No necesariamente una baja en los impuestos, como está planteada, va a determinar capacidades de desarrollo o impulso al desarrollo en la región. Puede haber algunos proyectos que se incorporen, pero no necesariamente van a significar desarrollo para Atacama.
En inversión pública, al contrario, va a haber menos recursos. La inversión pública más bien va a disminuir, como ya se ha notado en este gobierno por la disminución del presupuesto. Si además se van a dejar de recibir una serie de recursos fiscales por impuestos que se van a disminuir, entonces vamos a tener menos inversión pública.
En protección del territorio tampoco veo un impacto positivo. La mega reforma, en materia ambiental, más bien busca facilitar que proteger. Ahí hay que tener mucho cuidado en la manera en que se vigilan estas adecuaciones. Desde el punto de vista del impacto, creo que es bastante bajo y más bien negativo desde la inversión pública y la protección de los territorios.
“Hay que modificar profundamente la invariabilidad tributaria”
¿Qué efectos podría tener la invariabilidad tributaria para regiones mineras como Atacama?
La invariabilidad tributaria, así como está presentada, es compleja. Creo que hay que modificarla profundamente. De hecho, he preparado un requerimiento para el Tribunal Constitucional oponiéndome a la invariabilidad tributaria como está planteada.
Estoy de acuerdo en que grandes proyectos mineros puedan financiarse con empresas o proyectos que tengan invariabilidad tributaria, particularmente cuando se trata de inversión extranjera. Podría ser muy importante, por ejemplo, para hacer una fundición, una refinería, recuperar todo lo que se va en el concentrado de cobre, que es algo muy relevante y que vengo promoviendo hace mucho tiempo.
También podría servir para un ferrocarril que conecte con Argentina, un gran puerto, infraestructura, concesiones o deuda pública. Con inversión extranjera, dar invariabilidad tributaria puede tener sentido para ese tipo de proyectos. Pero así como está en el proyecto es muy complejo, porque se entrega a cualquier iniciativa sobre 50 millones de dólares y eso puede generar una economía dual. Espero que se corrija en el Senado.
Para grandes proyectos de inversión extranjera puede ser interesante en regiones como Atacama, pero hay que corregirla.
“No soy partidario de eximir a la gente rica”
La propuesta también considera una exención en contribuciones para adultos mayores. ¿Cómo evalúa esa medida y qué impacto podría tener en el Fondo Común Municipal y en el financiamiento de los municipios?
No soy partidario de eximir del pago de contribuciones de bienes raíces a la gente rica. Sí estoy de acuerdo en apoyar a la gente más modesta, de clase media, respecto de su primera vivienda, como de alguna manera ya se estaba haciendo, y creo que hay que ampliarlo más.
Pero no estoy de acuerdo con que toda persona que tenga una casa y más de 65 años deje de pagar contribuciones. ¿Por qué una persona rica, un empresario que gana mucho dinero, no va a pagar contribuciones de bienes raíces? Ese es el aporte al territorio, el aporte a la comuna.
Una casa está en una calle que tiene alumbrado público, donde pasa el camión de la basura, donde hay inspectores municipales, donde existe un consultorio cerca o servicios municipales, establecimientos de salud, educación, cultura. Eso es una contribución a la ciudad que la persona que tiene recursos debe hacer.
El que no tiene recursos, no debe pagar. Un jubilado que gana poco, obviamente no. Pero no veo por qué eximir a la gente rica. Eso deteriora el Fondo Común Municipal y no estoy de acuerdo, porque se va a disminuir el financiamiento de municipios muy pobres. Hay municipios ricos, pero en Atacama la mayoría de los municipios son muy pobres.
“No hay que relajar el sistema sancionatorio ambiental”
¿Qué riesgos o resguardos identifica en la propuesta del Gobierno, especialmente frente a proyectos de inversión que puedan impactar territorios y comunidades?
Respecto del tema medioambiental, creo que hay que estar muy atentos. La ley busca desregular algunos aspectos, especialmente en materia de plazos y trámites que muchas veces no tienen una respuesta oportuna, y creo que eso es importante revisarlo.
Me he preocupado mucho de que no se disminuyan las sanciones, los incumplimientos y las penas respecto de violaciones en materia ambiental. Eso es lo más relevante. Disminuir plazos, en general, me parece razonable, o eliminar trámites que son dobles. Pero no se puede debilitar el sistema sancionatorio cuando no se cumplen las normas.
Las regiones lo que más necesitan en materia medioambiental son los PROT, los programas de ordenamiento territorial. Que se sepa dónde se puede hacer una determinada industria o actividad económica y dónde no. Qué zonas quedan protegidas, dónde pueden existir actividades más contaminantes y dónde no.
Para eso se requieren programas de ordenamiento territorial que ordenen toda la región, más allá de los planes reguladores comunales o intercomunales. Ahí hay un tremendo desafío.
También se requiere avanzar en taxonomía verde, para que esté determinado con anticipación qué actividades se pueden hacer y cuáles no. De esa manera, la inversión puede actuar rápido y saber dónde puede instalarse y dónde no, sin tener que esperar ocho o diez años, ni enfrentar juicios o incidentes interminables.
La disputa que puede terminar en el Tribunal Constitucional
La postura de Jaime Mulet ya no aparece como una advertencia aislada. Su cuestionamiento a la invariabilidad tributaria se suma a la ofensiva que abrió la bancada del Partido Socialista, que anunció que acudirá al Tribunal Constitucional una vez que la megarreforma sea despachada como ley.
El punto de fondo es el mismo: si una mayoría parlamentaria puede dejar amarradas por hasta 25 años reglas tributarias que afectarán la capacidad fiscal de futuros gobiernos y el margen de acción de regiones como Atacama.
El desenlace legislativo marcará mucho más que el futuro de una norma tributaria. Para las regiones mineras, la discusión definirá qué tipo de inversión se quiere atraer, bajo qué condiciones, con qué retorno territorial y con qué resguardos ambientales. Si el Gobierno no corrige el diseño, la megarreforma podría llegar al TC convertida en una disputa mayor sobre recaudación, autonomía democrática y desarrollo regional.
