Los GORE deberán identificar proyectos con contratación inmediata, levantar inversiones privadas paralizadas y evaluar una fórmula de cofinanciamiento con el Ejecutivo, mientras Biobío, Ñuble y Antofagasta concentrarán la primera etapa del despliegue territorial
Los gobiernos regionales se incorporaron a la Mesa Interministerial por el Empleo con tres tareas específicas: presentar proyectos públicos capaces de generar trabajo en el corto plazo, identificar inversiones privadas detenidas por problemas administrativos y evaluar un mecanismo para complementar los recursos dispuestos por el Gobierno.
La participación se concretó durante la cuarta sesión de la instancia, encabezada por el Presidente José Antonio Kast. La estrategia seguirá bajo la conducción del Ejecutivo, pero los GORE asumirán un papel territorial para conectar los instrumentos nacionales con las necesidades productivas, empresas y proyectos de cada región.
La incorporación regional forma parte de “Modo Empleo”, el plan gubernamental que combina subsidios a la contratación, trabajos transitorios mediante Conaf y obras urbanas ya adjudicadas. El Ejecutivo busca crear 50 mil puestos durante los próximos cuatro meses, con énfasis en regiones y en la contratación de mujeres.
Tres tareas para los gobiernos regionales
El primer compromiso será construir una cartera de proyectos públicos con capacidad de comenzar rápidamente y contratar trabajadores durante los próximos meses. La búsqueda estará orientada a iniciativas que ya cuenten con avances administrativos, diseños o financiamiento, evitando depender de obras que todavía requieren largos procesos de preparación.
Los GORE también deberán coordinarse con municipios y servicios públicos para detectar proyectos de mejoramiento urbano y barrial que ya fueron adjudicados. La finalidad es convertir inversión pendiente en empleo local, especialmente durante los meses de invierno, cuando distintas actividades productivas reducen su demanda laboral.
La segunda tarea será elaborar, junto con empresas y gremios, un catastro de inversiones privadas frenadas por dificultades de tramitación. El gobernador de Los Lagos y presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, Alejandro Santana, adelantó que esa información será entregada al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto con el detalle de los proyectos públicos.
“Esta alianza estratégica entre el Gobierno nacional y los gobiernos regionales es una convocatoria que nos motiva y creemos que podemos complementar estos esfuerzos y tener resultados de corto plazo”, sostuvo Santana.
El papel asignado a los GORE
| Tarea | Acción prevista |
|---|---|
| Proyectos públicos | Priorizar iniciativas con capacidad de contratación inmediata |
| Coordinación municipal | Identificar obras urbanas y barriales listas para ejecutarse |
| Inversión privada | Levantar proyectos detenidos por dificultades administrativas |
| Cofinanciamiento | Evaluar aportes regionales para complementar los fondos nacionales |
La tarea regional no consiste en reemplazar permisos ni evaluaciones técnicas, sino en identificar dónde se producen las demoras y coordinar respuestas con los organismos responsables. Su impacto dependerá, por tanto, de que ministerios y servicios nacionales tengan capacidad para resolver los problemas detectados.
Cofinanciamiento regional aún sin definiciones
La tercera línea será analizar un mecanismo denominado “1 más 1”, mediante el cual los gobiernos regionales podrían aportar recursos similares a los comprometidos por el Ejecutivo. Agorechi deberá presentar una propuesta para implementar esta fórmula el miércoles 15 de julio.
El esquema todavía no define cuánto tendría que aportar cada región, qué partidas presupuestarias podrían utilizarse ni cuáles serán los criterios para distribuir el financiamiento. Tampoco se ha informado si las transferencias requerirán la aprobación de los respectivos consejos regionales.
La discusión es relevante porque los GORE administran presupuestos que ya cuentan con proyectos y compromisos territoriales. Una reasignación destinada al empleo podría acelerar iniciativas, pero también postergar inversiones previamente programadas si no se incorporan recursos adicionales.
Los gobernadores ya habían reclamado al Ejecutivo mayores atribuciones para ejecutar sus presupuestos y reducir las demoras de ministerios y organismos centrales. Esa tensión fue planteada durante la reunión en que las autoridades regionales presionaron al Gobierno por inversión, seguridad y burocracia.
La fórmula de cofinanciamiento pondrá a prueba esa relación. Si los gobiernos regionales aportan recursos propios, también buscarán incidir en la selección de sectores, comunas y proyectos, en lugar de limitarse a financiar una política diseñada completamente desde Santiago.
Tres regiones concentrarán el primer despliegue
Biobío, Ñuble y Antofagasta fueron definidas como regiones prioritarias para el trabajo en terreno y la asignación inicial de recursos. El Gobierno las identificó entre los territorios con realidades laborales especialmente complejas, aunque no ha entregado públicamente una metodología detallada para justificar la selección.
El criterio no estaría determinado únicamente por la tasa de desocupación. Ñuble alcanzó 10,1% durante el trimestre marzo-mayo, mientras Antofagasta registró 7,3%, por debajo del promedio nacional de 9,4%. En el mismo periodo, O’Higgins llegó a 10,2% y Maule a 10%, pero no fueron incluidas en la primera prioridad.
La diferencia indica que también se estarían considerando pérdida de empleos sectoriales, estacionalidad, proyectos detenidos y posibilidades de ejecución inmediata. Sin embargo, transparentar esos criterios será necesario para evitar que la focalización territorial dependa de decisiones difíciles de evaluar.
El deterioro laboral ya había dejado a Valparaíso y O’Higgins encabezando el desempleo regional con 10,2%, confirmando que la respuesta deberá ampliarse más allá de los tres territorios inicialmente priorizados.
El Ejecutivo aporta subsidios y fondos de emergencia
Mientras los GORE levantan proyectos y evalúan recursos, el Gobierno pondrá a disposición los instrumentos principales. El paquete contempla 20 mil nuevos subsidios a la contratación, que se suman a los cinco mil anunciados previamente y elevan el total a 25 mil cupos. Las postulaciones mediante Sence comenzarán el 15 de julio.
Para la contratación de mujeres, el aporte cubrirá el 60% del ingreso mínimo mensual, equivalente a cerca de $330 mil, mientras que en el caso de los hombres alcanzará el 50%. La diferenciación busca responder a una tasa de desocupación femenina de 10,5%, superior al 8,6% registrado entre los hombres.
También se destinarán $20 mil millones mediante la Subdere y otros $5 mil millones a través de Sercotec. En conjunto con los subsidios, el Ejecutivo cifró en $50 mil millones el primer paquete destinado a enfrentar la crisis laboral.
La ampliación profundiza el primer paquete de subsidios para contratar trabajadores en empresas regionales, que consideraba cinco mil cupos y financiamiento estatal durante cuatro meses.
La prueba será la capacidad de ejecución regional
La participación de los gobiernos regionales puede mejorar la focalización porque permite vincular los recursos con las actividades productivas, empresas y comunas que enfrentan mayores dificultades. También puede acelerar proyectos que ya están preparados, pero permanecen detenidos por falta de coordinación o decisiones administrativas.
El resultado dependerá del margen efectivo que tengan los GORE. Si su función queda restringida a entregar listados y complementar recursos, mientras las decisiones siguen concentradas en ministerios y servicios nacionales, su incorporación tendrá un alcance limitado.
La próxima propuesta de Agorechi deberá aclarar cuánto podrían aportar las regiones, quién seleccionará los proyectos y cómo se medirá el empleo generado. También será necesario establecer cuántos contratos continúan vigentes después de terminar los subsidios y trabajos transitorios.
Los gobiernos regionales se suman a una política conducida por el Ejecutivo, pero su conocimiento territorial puede marcar la diferencia entre una distribución uniforme de recursos y una respuesta adaptada a cada economía regional. La prueba no será solo cuántos puestos se creen durante el invierno, sino cuántos logren mantenerse cuando termine el apoyo estatal.
