El objetivo del SAIG es fortalecer el control del gasto público y mejorar la gestión de riesgos en los órganos del Estado
Con 83 votos a favor, 14 en contra y 27 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión mixta que da forma definitiva al proyecto de ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG). El texto ahora pasará al Senado para su última revisión antes de su despacho del Congreso.
El objetivo del SAIG es fortalecer el control del gasto público y mejorar la gestión de riesgos en los órganos del Estado. Se trata de un órgano técnico, independiente y calificado, que actuará como soporte clave para la correcta rendición de cuentas, apoyando procesos de gobernanza, control interno y probidad.
Uno de los puntos más debatidos fue la inclusión de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad como entidades sujetas a esta nueva normativa. Finalmente, y tras resolución de la comisión mixta, estas instituciones quedaron incorporadas al alcance del SAIG, excluyéndose únicamente a organismos como la Contraloría, el Banco Central, municipalidades y universidades estatales, entre otros.
¿Qué funciones cumplirá el SAIG?
El nuevo servicio tendrá un rol estratégico: supervisar y evaluar de forma objetiva el uso de recursos públicos, detectar riesgos, promover buenas prácticas y velar por el cumplimiento de políticas y programas estatales. Además, será el encargado de dirigir la Red de Auditoría Interna junto a la Contraloría.
La política de auditoría será definida cada cinco años por decreto supremo, y se trasladará desde la Segpres al Ministerio del Interior la tutela del sistema, consolidando la articulación interministerial.
El proyecto también contempla la creación del cargo de Auditor de Gobierno, así como el traspaso de funcionarios desde la Segpres, asegurando continuidad laboral y respeto a los derechos adquiridos.
“No habrá duplicidad de funciones con la Contraloría, ya que esta realiza un control ex post, mientras que el SAIG desarrollará un enfoque preventivo”, aclaró la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, despejando críticas de sectores que proponían fortalecer exclusivamente el ente contralor.
Un paso hacia la transparencia y el control eficaz
El proyecto contempla un plazo máximo de un año para su implementación total, tras la publicación de la norma. Durante este período deberán fijarse las plantas de personal y reglamentos internos.
Desde el oficialismo se destacó que el SAIG no es una nueva burocracia, sino el reconocimiento legal de una estructura ya existente, lo que permitirá robustecer el ecosistema de control del Estado sin mayores costos adicionales.
La creación del SAIG representa un paso decisivo en el fortalecimiento institucional del país. Chile avanza hacia una administración más transparente, con controles internos modernos y coherentes con las demandas ciudadanas de mayor probidad.
