Por Pablo Carrizo Orellana. Administrador Público y MBA
En numerosos municipios, el Fondo Común Municipal (FCM) representa más del 60% de sus ingresos propios. Es determinante para prestar servicios como aseo, alumbrado y seguridad, y financiar programas sociales y aportes a la salud comunal.
Este mecanismo solidario y redistributivo se compone principalmente de contribuciones, permisos de circulación, patentes y otros ingresos municipales. En 2025 acumuló alrededor de $2,6 billones y el 60,5% provino del impuesto territorial. Modificar las contribuciones repercutiría en todo el sistema municipal.
La reforma en discusión contempla eximir de este pago a la vivienda principal de personas mayores de 65 años, sin considerar su situación socioeconómica. Distinto sería focalizar el beneficio en quienes poseen una vivienda, pero carecen de ingresos suficientes. Más allá del criterio de selección el punto crítico es cómo se reemplazarán los recursos.
Dipres estimó menores recursos para el Fondo por $56.894 millones el primer año y $140.852 millones el segundo (Informe Financiero N° 84/ abril 2026). Para dimensionar esta última cifra, solo un municipio registró en 2025 ingresos propios permanentes superiores a ella.
En 2025, 97 municipalidades tuvieron ingresos totales entre $12.000 y $30.000 millones. Sus IPP promediaron $5.736 millones: la pérdida proyectada para el segundo año equivale a lo generado anualmente por unos 25 municipios de ese nivel presupuestario. No significa que cada uno perderá esos recursos, pero muestra la magnitud para el sistema municipal.
El análisis cobra mayor relevancia después de los sistemas frontales que afectaron desde Atacama hacia el sur. Municipios ya tensionados han debido responder a viviendas dañadas, caminos interrumpidos, aislamiento y necesidades urgentes, destinando recursos no presupuestados a despeje, albergues, ayuda comunitaria y recuperación de infraestructura.
Quienes hemos trabajado en municipios sabemos que un presupuesto bien formulado no cubre necesariamente las necesidades del territorio. Las brechas de infraestructura, seguridad, conectividad, mantención y servicios suelen superar los recursos disponibles.
La compensación debe ser total, permanente, automática y calculada sobre la pérdida efectiva, con anticipos, pagos oportunos y transparencia comuna por comuna. No se trata solo de una cifra financiera, sino de resguardar servicios que inciden directamente en la calidad de vida.
Cuando un municipio no cuenta con recursos suficientes, las consecuencias no quedan solo en el presupuesto: se ven en la calle, en los servicios que se postergan y en problemas que siguen esperando respuesta. Cualquier reforma que afecte su financiamiento debe asegurar que las comunas no retrocedan. En su estado actual, esta reforma todavía no ofrece garantías suficientes de que así sea.
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