Por Pablo Carrizo Orellana. Administrador Público y MBA
El proyecto que moderniza la firma electrónica avanzada vuelve a situar un desafío: contamos con tecnologías capaces de reducir trámites, costos y tiempos de respuesta, pero trabajamos como si el papel fuera la única garantía de seguridad.
Desde 2002, la Ley N.º 19.799 reconoce la validez de los documentos y firmas electrónicas. Sin embargo, vemos documentos que se generan digitalmente, se imprimen para firmarlos, se escanean y se archivan en formato físico y digital. En consecuencia, disponer de tecnología no transforma por sí solo, y automáticamente, la forma de trabajar.
La resistencia de algunos tampoco puede atribuirse a falta de voluntad. Puede surgir de dudas jurídicas, temor a perder el control de los documentos, desconocimiento de su seguridad o preocupación por las responsabilidades asociadas a su uso. Si el nuevo sistema no reemplaza tareas, sino que agrega obligaciones, la resistencia resulta comprensible.
Existe una dimensión menos visible. Nuestra relación con los documentos no es únicamente racional o administrativa; también es física. Aprendimos a leer y validar información sosteniendo una hoja, subrayando, anotando o tomando un lápiz para firmar. Esas referencias táctiles y espaciales generan familiaridad y control. Por eso, imprimir un PDF no siempre expresa rechazo a la tecnología: puede facilitar la lectura y devolver seguridad. Algo similar ocurre al reemplazar la firma manuscrita por una confirmación digital. La transformación también modifica la experiencia sensorial con la que aprendimos a relacionarnos con los documentos.
Este componente humano no justifica mantener duplicidades, pero obliga a conducir mejor la transición. Si una institución adquiere certificados electrónicos y conserva las autorizaciones, revisiones y registros anteriores, no moderniza su gestión: solamente digitaliza parte de su burocracia. Implementar bien exige revisar el proceso, eliminar tareas innecesarias, definir responsabilidades y acompañar a las personas con capacitación práctica.
Los resultados no deberían medirse por la cantidad de certificados o documentos firmados, sino por la reducción de tiempos, costos, desplazamientos y duplicidades; por una mejor trazabilidad y respuestas más rápidas y seguras.
La firma electrónica avanzada es una oportunidad para el Estado y las empresas. Su éxito dependerá menos de las plataformas que de la capacidad de las organizaciones para revisar cómo trabajan, generar confianza y modificar prácticas arraigadas. De lo contrario, tendremos sistemas modernos, pero seguiremos viendo a alguien imprimir un documento electrónico para guardarlo en una carpeta y sentirse tranquilo.
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