Por Carlos Cantero O. Geógrafo y Doctor en Sociología
Me preguntan: ¿a qué se debe la falta de desarrollo en las regiones? Respondo que sus causas son múltiples. No es un accidente, sino el síntoma de una política debilitada, en la que la representación regional tiene un peso y una influencia muy limitados.
Se ha impuesto una política pop, degradada y convertida en espectáculo, donde campea el egocentrismo, cuando no el narcisismo. Vivimos el tránsito desde una política de acuerdos para el bien común hacia una política centrada en la figuración. Este fenómeno no distingue ideologías: atraviesa a la izquierda, al centro y a la derecha.
En la política pop, el valor del actor político no se mide por sus conocimientos, su capacidad de gestión o los problemas que resuelve, sino por su destreza para el espectáculo, la banalidad, lo superfluo, el ataque al oponente o la cancelación digital. Las plataformas digitales actúan como catalizadores: premian la velocidad, la emoción visceral y el conflicto, y castigan la mesura, el matiz y la profundidad argumental.
Lejos de expandir el diálogo racional, las redes exhiben lo peor de la sociedad. La tecnología ha hipertrofiado las dinámicas sociales y ha convertido la descalificación en un negocio altamente rentable, donde una agresión mediática puede borrar un trabajo riguroso.
Esta dinámica instala una cultura binaria y maniquea que reduce la complejidad social a una caricatura: amigo o enemigo, leal o traidor, con una fuerte tendencia a la polarización. Cuando el disenso se asume como amenaza, la posibilidad de acuerdos se desvanece. Así, las urgencias reales -seguridad, salud, educación y desarrollo- quedan rezagadas mientras la clase política se consume en sus propias descalificaciones y cancelaciones.
Este fenómeno se incuba en un entorno cultural de materialismo e individualismo desbordados. La sociedad de consumo transformó el éxito en acumulación y la identidad en exhibición; la política adoptó la misma lógica y convirtió los cargos públicos en botín, y la visibilidad, en trampolín de ascenso personal. El político no busca transformar la realidad, sino ser visto: prefiere el titular estridente al argumento, la pantalla a la gestión y la confrontación al acuerdo. Así no se construye desarrollo ni bienestar.
Los partidos políticos han extraviado su rol de escuelas cívicas y centros de pensamiento. Salvo contadas excepciones, se han transformado en agencias de privilegios y redes de tráfico de influencias que administran cuotas y reparten cargos, en lugar de formar equipos o debatir doctrinas.
Bajo esta estructura, el amiguismo y la mediocridad se erigen en los principales criterios de selección: “el gobierno de los amigos de los amigos”. La preparación, la experiencia y la probidad se postergan en favor de la incondicionalidad y la subordinación.
Este servilismo oculta una probidad debilitada: quien accede a un cargo por favor y no por mérito queda sometido a una red de lealtades opacas, donde los privilegios se pagan con favores y los silencios con nombramientos funcionales a intereses particulares.
El costo de esta mediocridad lo paga directamente la ciudadanía. Cada designación arbitraria margina a un profesional idóneo, cada polémica prefabricada posterga una política pública estratégica y cada escándalo erosiona la confianza pública. La sociedad oscila entre la apatía, la polarización y el desinterés electoral, terreno fértil para populismos que ofrecen respuestas simplistas y agravan la crisis. El mayor daño es la resignación colectiva: asumir que la política es, indefectiblemente, un negocio sucio.
Superar esta condición no implica idealizar el pasado ni condenar en bloque a quienes ejercen la función pública con ética. Se trata de corregir un diseño que incentiva las malas prácticas y castiga el mérito. Esto requiere una ciudadanía responsable e informada.
Recuperar el sentido de la política exige restituir el mérito en el Estado, con concursos transparentes y evaluaciones de desempeño; reforzar la probidad de los partidos; promover una ciudadanía crítica, y asumir una ética de la responsabilidad que entienda el poder como servicio y al adversario como interlocutor legítimo.
La política no es un espectáculo, sino el proceso esencial para gestionar la diversidad y construir un horizonte compartido de dignidad y justicia. El mérito es la base del ejercicio democrático; recuperarlo es un compromiso urgente, más aún en las regiones, postergadas en relación con el centro del país.
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