Por: Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl

Previo a las elecciones del 15 y 16 de mayo se instaló en la agenda mediática y política el concepto de “acuerdos mínimos comunes” como la gran estrategia política para avanzar en materia legislativa en busca de acelerar proyectos de ley que permitan entregar una ayuda concreta a los chilenos afectados por los impactos económicos derivados de la pandemia del coronavirus.

Este nuevo concepto, impulsado con fuerza por la presidenta del Senado, y que la oposición abrazó con optimismo, viene a graficar el momento político del país, pues resulta contraproducente e ilógico que los actores políticos chilenos, léase dirigentes de partidos,  diputados, senadores, ministros y hasta el propio presidente de la República, necesiten establecer un piso mínimo para sus relaciones, cuando la razón máxima de su existencia debiera ser la capacidad para encontrar acuerdos y generar acciones que permitan entregar mejores condiciones de vida a la sociedad chilena en su conjunto, y más aún un contexto de pandemia que golpea con fuerza la economía de los sectores más vulnerables y desprotegidos.

Es entendible la existencia de visiones y proyectos políticos disimiles, pero la tozudez, la soberbia y la indiferencia, tanto del oficialismo como de la oposición, no hacen otra cosa que ratificar el descredito que posee la clase política ante la sociedad. Parecen olvidar lo sucedido en octubre de 2019, donde millones de chilenos alzaron su voz para exigir cambios sustanciales en la forma y fondo de la política nacional. Para ellos, nada cambió, cuando en la práctica Chile cambió.

No cabe duda alguna que el Chile actual carece de liderazgos políticos capaces de convocar a otros, de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la ciudadanía, de entregar una visión país para el corto, mediano y largo plazo. En un contexto de profundo cambio económico, social, político y climático se sigue actuando con la lógica de siempre, es decir en base a cálculos personales, partidistas y electorales.

Hoy, son las fuerzas independientes quienes relevan propuestas y visiones para revisar el modelo económico y de desarrollo, son ellos quienes buscan avanzar hacia un nuevo estado descentralizado, que garantice derechos esenciales como la salud, la educación, la vivienda y la previsión social. Son los hombres y mujeres sin afiliación política quienes quieren establecer una nueva forma de relacionarnos con el medio ambiente y asumir acciones concretas ante la emergencia climática que afecta silentemente al país.

En paralelo, todos los sectores políticos tradicionales sacan cuentas alegres, incluso aquellos que sólo lograron escoger un convencional constituyente, ya que solo leen los resultados en función de sus propios intereses. El show que observamos los chilenos el pasado 19 de mayo en las oficinas del Servel, reafirma la nula conexión de los partidos con la realidad actual del país, volcando la agenda a una definición improvisada y egoísta sobre los candidatos presidenciales en horas que son los chilenos claman ayuda para llegar a fin de mes, en momentos que ya son cada vez más las pymes que están bajando sus cortinas… los 36 mil decesos que ha dejado la pandemia no son suficientes para dar forma concreta y real al concepto de “acuerdos mínimos comunes”.

No cabe duda alguna que el accionar de las cúpulas partidistas dificulta cualquier acuerdo transversal que entregue ciertas condiciones de gobernabilidad a un país que sufre, que transita y exige cambios profundos en las más diversas esferas de la sociedad nacional.

En este escenario, la esperanza descansa en la Convección Constituyente, específicamente en los independientes, en esos 49 hombres y mujeres que asumen, libres de dogmas y acuerdos con los partidos tradicionales, el desafío político más relevante para el presente y futuro de Chile.