El diputado Jaime Araya, representantes de la región de Antofagasta, manifestó su preocupación por una eventual reducción del presupuesto en seguridad, calificándola como una “pésima decisión” que podría afectar la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado en Chile.
Araya señaló que el presupuesto en seguridad debe asegurarse y crecer en áreas estratégicas, destacando la importancia de fortalecer instituciones clave: Ministerio Público, Carabineros, PDI, Gendarmería, Unidad de Análisis Financiero, Aduanas y Servicio de Impuestos Internos.
Según el legislador independiente, estas entidades son esenciales para abordar de manera integral la criminalidad organizada.
Prioridad: combatir el crimen organizado
El parlamentario hizo un llamado directo al Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, instándolo a priorizar la principal preocupación del país, que según Araya es el combate al crimen organizado. “Chile no puede ahorrar en recursos frente a este fenómeno, que mueve montos millonarios de dinero ilícito”, afirmó.
Araya explicó que el crimen organizado en Chile involucra más de 10 mil millones de dólares en lavado de activos, cifra que evidencia la magnitud del desafío y la necesidad de un presupuesto robusto y bien dirigido.
Necesidad de mayor inversión estatal
El diputado insistió en que el Estado debe fortalecer sus capacidades, destinando recursos suficientes a la prevención, investigación y persecución del delito organizado. Para Araya, esto requiere mayor inversión y planificación estratégica, evitando recortes que puedan debilitar la infraestructura y operatividad de las instituciones de seguridad.
“El presupuesto de seguridad no es un gasto opcional; es un instrumento para proteger a la ciudadanía y garantizar la efectividad de nuestras instituciones frente al crimen organizado”, concluyó el representante del distrito 3.
La discusión sobre el presupuesto en seguridad continuará en el Congreso, mientras las autoridades analizan las prioridades de inversión para enfrentar los desafíos en materia de seguridad pública y crimen organizado en Chile.
