Por: Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno
El 6 de noviembre se cumple el plazo para el desalojo de las 4.000 familias instaladas en el macro campamento situado en el cerro Centinela de San Antonio. Esta situación deriva de la aplicación de la ley 21.633 aprobada por el Parlamento chileno, que, además, establece una pena de presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años de presidio) a quienes se opongan a su cumplimiento.
Dicha Ley viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por Naciones Unidas en 1966 y ratificado por Chile en 1972, que garantiza el derecho a la vivienda, entre otros.
Por otra parte, recordemos que, durante su campaña presidencial, Gabriel Boric, sostuvo un encuentro con pobladores, efectuado en el Parque La Castrina junto con 5.000 representantes de Comités de Vivienda, donde suscribió el “Acuerdo por la Vivienda Digna y el Derecho a la Ciudad”, conteniendo doce puntos destinados a avanzar en solucionar el déficit habitacional, y apurar los cambios de uso de suelo, a fin de construir viviendas para arriendo a precio justo, entre otros. Boric, concluyó su intervención, subrayando la urgencia de “construir una ciudad digna con viviendas dignas”.
Estos conceptos, están absolutamente en pugna, con la indiferencia del gobierno frente a la demanda entablada por los propietarios de los terrenos de San Antonio.
El Ministro de la Vivienda Carlos Montes, ha rechazado la opción de adquirir el terreno, señalando que el gobierno no puede actuar por presiones, no obstante lo cual, en una reciente entrevista radial, manifestó que se están buscando fórmulas de acuerdo con los propietarios y las organizaciones de pobladores.
Un catastro efectuado recientemente por el MINVU en dicha toma, constató la existencia de 3.988 hogares comprendiendo a 9.845 personas, de los cuales el 32,8% son menores de edad y 81% son nacionales, provenientes mayoritariamente de San Antonio y Cartagena.
En definitiva, se trata de una demanda legítima, originada por la escasa o nula actividad constructora en la zona, tanto del MINVU, como de las empresas constructoras privadas. En una ciudad con 60.000 habitantes, no hay terrenos disponibles donde localizar a 10.000 personas. Su expulsión sería una catástrofe para toda la Región.
Por otra parte, con el tiempo transcurrido, un número no menor de familias, ha levantado viviendas relativamente aceptables, por lo cual su desalojo sería desconocer esfuerzos personales legítimos, dignos de conservar.
Es necesario hacer presente que las órdenes de desalojo se extienden a todo Chile. En una semana más, exactamente el 17 de octubre, se cumple la orden de desalojo, contra los campamentos “Esperanza de Jesús” y “Rocas del Viento” ubicados en Coquimbo.
Nos resulta inconcebible, que este drama les resulte indiferente, tanto a las autoridades de gobierno y municipales, como a algunos parlamentarios de un país donde el derecho de propiedad tiene mayor valor que el derecho a la vida.
El Movimiento de Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, apoya a las familias sin casa de todo Chile que han encontrado en un campamento, la opción de levantar un techo digno bajo el cual vivir. En particular, ponemos énfasis ahora en la inminencia del desalojo que amenaza a los 4.000 hogares instalados en el cerro Centinela de San Antonio.
Solo el MINVU y nadie más, puede y debe solucionar este conflicto, para lo cual posee atribuciones como la expropiación del terreno a un precio justo y convenir una fórmula de pago con los pobladores residentes en dicho lugar.
Por otra parte, consideramos urgente y necesario, organizar una movilización destinada a acabar con esta nueva Ley Maldita, contraria a las tradiciones del Movimiento de Pobladores en Chile, que hicieron posible en la historia de Chile, el sueño de la casa propia para decenas de miles de familias chilenas.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
