Deuda histórica amenaza la estabilidad del sistema de salud público, ya que el Estado mantiene en promedio un retraso en los pagos de 300 días
La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) reveló que el Estado chileno mantiene una deuda cercana a los 50 millones de dólares con empresas que suministran dispositivos médicos esenciales, situación que pone en riesgo la continuidad operativa del sistema de salud nacional.
El problema se originó en marzo de 2023, cuando el gobierno desactivó la plataforma de pago automático para los proveedores del sector salud, dejando a 25 servicios sin esta modalidad de financiamiento.
Según informó el director ejecutivo de APIS, Eduardo del Solar, a El Mercurio, el retraso en los pagos promedia los 300 días, afectando el suministro de insumos críticos como jeringas, guantes, desfibriladores y ventiladores mecánicos.
“Somos una industria muy ética y no vamos a detener nuestra labor. Sin embargo, las empresas están al límite y muchas podrían quebrar”, advirtió del Solar.
La crisis ya mostró sus primeros efectos durante 2024., cuando varios hospitales públicos enfrentaron dificultades operativas en el último trimestre del año, llegando a casos críticos como el del Hospital Van Buren, que se vio obligado a suspender actividades en diversos pabellones.
Del Solar profundizó en la gravedad de la situación, resaltando que “El Estado se olvidó de la salud y se olvidó de la Salud”. El ejecutivo precisó que los proveedores asociados a APIS abastecen “entre el 45% y 55% de lo que consumen los hospitales públicos”.
Plataforma de Pago Automático
La plataforma de pago automático, implementada durante el gobierno del presidente Piñera en agosto de 2019, fue suspendida por la actual administración bajo argumentos de supuestos pagos duplicados. “Cuando uno tiene pagos duplicados, si el banco me paga dos veces un cheque, el banco se demora exactamente segundos en reversar la plata”, cuestionó del Solar a Radio Bío Bío.
Aunque el Ministerio de Hacienda ha comunicado a APIS su intención de restablecer el sistema de pago automático y contemplar recursos en el presupuesto 2025 para saldar la deuda, hasta el momento no se han concretado soluciones efectivas.
La situación afecta especialmente a las pymes del sector. “Hay facturas que tienen más de mil días de atraso, que vienen de la pandemia”, señaló del Solar, explicando que las empresas enfrentan múltiples obstáculos. “Un socio nuestro, pyme, está trabajando con todas las líneas de crédito ocupadas, no puede bonificar porque no puede abrir boleta de garantía, no tiene caja, y el Estado lo aprieta con las imposiciones y con el IVA”.
