El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó un diagnóstico actualizado sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los municipios y sus entidades vinculadas, relevando brechas que impactan directamente en la gestión local y en la relación con las comunidades.
La presidenta del organismo, Natalia González, expuso los resultados durante el panel “Balance del cumplimiento de la Ley de Transparencia en los municipios”, en el seminario organizado por la ACHM en Concón.
Según el CPLT, las municipalidades alcanzaron un 81,6% de transparencia activa en 2025, lo que representa un avance respecto del año anterior. Sin embargo, el retroceso en sus entidades relacionadas evidencia un escenario distinto. “En 2024, las corporaciones municipales registraron solo un 37% de cumplimiento, mientras que las asociaciones alcanzaron un 56%”, subrayó González, marcando un contraste que complica la gobernanza local.
Transparencia activa y registros múltiples: brechas que persisten en gobiernos locales
El CPLT presentó también los resultados de fiscalizaciones temáticas realizadas durante el año. Uno de los ejes fue la revisión de registros múltiples de personal, donde se identificaron 81.112 casos en 324 municipalidades. “El 73% correspondía a funcionarios registrados más de una vez en la misma institución”, afirmó González, precisando que el 27% restante aparecía duplicado en organismos distintos.

Este hallazgo, indicó, afecta la confiabilidad de los sistemas de gestión interna y limita el control público sobre la administración territorial. Por ello, el CPLT reforzó que estas fiscalizaciones buscan promover mejoras sostenidas en los gobiernos locales.
Royalty Minero y gestión territorial: desafíos para 307 municipios
El análisis del uso del Royalty Minero reveló otra brecha relevante. En 2024, los recursos alcanzaron los $93 mil millones, distribuidos en 307 comunas del país. No obstante, un 61% de las municipalidades beneficiarias no publicó correctamente los reportes de ejecución, incumpliendo obligaciones clave de transparencia.
El estudio identificó además una amplia diversidad en el destino de los fondos: 38% en inversión, 24% en bienes y servicios, 18% en transferencias, 12% en activos no financieros y un 8% en gasto de personal. Este patrón, explicó González, refuerza la necesidad de fortalecer los controles y asegurar que los recursos respondan a las necesidades del territorio.
En materia sancionatoria, el CPLT detalló que entre 2022 y 2024 la mayoría de las investigaciones sumarias instruidas a municipalidades derivó en multas vinculadas a incumplimientos de transparencia activa. “Los casos de sobreseimiento o absolución son excepcionales”, indicó la presidenta del organismo.
Finalmente, González destacó programas orientados a fortalecer capacidades locales, como InfoEnlaces, la certificación de enlaces municipales y las capacitaciones desarrolladas con la SUBDERE, además de iniciativas educativas dirigidas a estudiantes y organizaciones sociales para promover el derecho de acceso a la información.


