Subsecretaria de Hacienda destacó que “una mayor educación financiera ayudará a que las personas comprendan la relevancia de permitir el acceso a la información sobre sus deudas pagadas”

Con la aprobación de uno de los dos artículos rechazados en tercer trámite por la Sala de la Cámara de Diputados, la Comisión Mixta devolvió a dicha instancia el proyecto de ley que crea un Registro de Deuda Consolidada, público y gratuito, cuyo objetivo es contribuir a combatir los problemas derivados de la parcialidad de la información por la vía de aumentar la competencia y con ello mejorar el acceso y las condiciones a financiamiento crediticio, para reducir el sobreendeudamiento de las personas y empresas de menor tamaño.

El artículo 5, referido a las reglas de acceso por parte de los reportantes (entidades financieras) a dicho registro, especificando el consentimiento por parte de las personas, fue aprobado por unanimidad con las propuestas presentadas por el Ejecutivo para subsanar las diferencias entre ambas cámaras, trabajadas previamente en una mesa técnica. Por tanto, para acceder a la información contenida en el registro, los reportantes requerirán del consentimiento previo, expreso e inequívoco solicitante, que deberá constar por medio verbal, escrito o electrónico equivalente. El consentimiento será otorgado con la sola finalidad de evaluar su riesgo y por un plazo limitado, dependiendo del tipo de operación de que se trate, el que será fijado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en una norma de carácter general.

Los reportantes solo accederán a información de obligaciones reportables de las personas que soliciten créditos que identifiquen en sus requerimientos de información, ya sea que dichas obligaciones estén vigentes o se hayan extinguido con un tope de 5 años atrás, lo primero que ocurra. Tampoco podrán acceder a información de deudas cuya acción esté prescrita.

Además, se incorpora una mejora a la regla de acceso posterior al otorgamiento de un crédito, con la finalidad exclusiva de hacer seguimiento de un crédito vigente, y desarrollar y aplicar metodologías para la gestión del riesgo de pago de dicha obligación, particularmente provisiones y otras exigencias regulatorias, siendo responsabilidad de cada entidad financiera guardar la reserva, confidencialidad y asegurar el uso exclusivo de la información para los fines indicados, incluso al interior de la propia institución.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner destacó la importancia de este artículo en particular para las personas y pequeñas empresas que requieren financiamiento “La mayor educación financiera ayudará a que comprendan la relevancia de permitir el acceso a la información sobre sus deudas pagadas, con todos los resguardos que aquí se establecen para la protección de sus datos. Esto mejorará la evaluación del riesgo de los buenos pagadores, ya que como hoy las entidades financieras solo acceden a información negativa (deuda impaga), es la única que ponderan”.  Agregó que a medida que una medición más ajustada del riesgo permita a las instituciones financieras bajar las provisiones, el mercado debiera mejorar paulatinamente las condiciones de acceso a crédito.

El artículo 25 fue rechazado por seis votos versus dos a favor. Este modificaba el artículo 17 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos Personales, a fin de permitir que el acceso a información de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial sea tanto de obligaciones incumplidas (“deuda negativa”), como de obligaciones cumplidas (“deuda positiva”), con restricciones relativas a la “finalidad”. Así es que se mantiene el texto del artículo 17 de la referida ley, que permite el tratamiento de información relativa solamente al incumplimiento de obligaciones, siempre que se trate de información personal comunicable, en los términos en ella establecidos.

La Comisión Mixta estuvo integrada por las diputadas Flor Weisse (UDI) y Javiera Morales (CS); los diputados Miguel Mellado (RN), Daniel Manouchehri (PS), y Boris Barrera (PC); y los integrantes de la Comisión de Economía del Senado: senadora Loreto Carvajal (PPD) y los senadores Kenneth Pugh (RN), Gastón Saavedra (PS), Gustavo Sanhueza (UDI) y Rojo Edwards (Independiente), que ofició de presidente.