Por: Edgardo Riveros Marín. Académico Facultad de Derecho de la Universidad Central
El 7 de octubre de 2023 quedó grabado por la brutal acción terrorista de Hamas que significó el asesinato de 1200 israelíes, contando entre ellos mujeres y niños, además de la captura de más de dos centenares de rehenes, varios de los cuales continúa en esa condición y no se conoce su destino.
A ello siguió la represalia en la Franja de Gaza determinada por el gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, que hasta la fecha cuesta la vida de más de 30 mil personas y la afectación física y síquica de otras tantas. Entre las víctimas hay también mujeres y niños en un gran volumen.
Ambas acciones no tienen justificación, más aún a la luz de las consecuencias de sufrimiento humano que traen consigo. A la operación directa en Gaza se agrega el bloqueo que impide la entrada de insumos médicos, agua, medicamentos, gasolina, alimentos, entre otros bienes indispensables para la vida.
El bloqueo que impide la entrada de alimentos es particularmente condenable porque se puede concluir que se utiliza el hambre como un instrumento de guerra. Esto ha quedado visible a través de medidas paliativas que se han adoptado, como lanzar alimentos y otros insumos desde el aire. Esto permite observar a personas palestinas, millares de ellas desplazados de sus hogares de residencia, que corren angustiadas para recoger las bolsas que contienen dichos productos, los que de manera muy precaria pueden ayudar a enfrentar la situación de vulnerabilidad alimenticia básica.
Hasta el momento los líderes de Hamas y del gobierno israelí han imposibilitado el alto al fuego, elemento esencial para hacer posible enfrentar la actual situación que impacta las mínimas condiciones de vida. Esta posición radical en los liderazgos de ambas partes, es también la que ha impedido conducir el conflicto palestino-israelí a una solución que haga posible construir un escenario de paz en la región.
La gravedad que ha alcanzado el actual cuadro y lo que se puede derivar de su prolongación obligan a todos quienes tienen poder e influencia a presionar para una salida negociada. La base de ello debe estar en el reconocimiento de la existencia de dos Estados, con territorios y fronteras seguras y reconocidas internacionalmente.
Este es el aspecto central contenido en la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, de 22 de noviembre de 1967, que es jurídicamente vinculante y que está vigente y fue un referente en los denominados Acuerdos de Oslo de 1993, los que no prosperaron, precisamente por la imposición de las posturas radicales.
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