Contralora general detalló en el Congreso que se identificarón a 3.532 funcionarios públicos con licencias emitidas por alguno de los 44 médicos investigados por el Ministerio Público

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, compareció el pasado 30 de junio ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, creada el 17 de junio, que indaga el uso irregular de licencias médicas en el sector público. La investigación se origina tras un informe de Contraloría que evidenció miles de viajes al extranjero durante períodos de reposo médico, lo que encendió las alarmas.

Pérez informó que, a la fecha, 438 instituciones han reportado 5.260 sumarios administrativos por este motivo, mientras que 359 entidades públicas aún no han entregado información requerida. Estas cifras dan cuenta de la magnitud del problema y de los desafíos que enfrenta el organismo fiscalizador.

Uno de los puntos más críticos del informe reveló que 250 médicos que trabajan en el sector público asistieron partos en clínicas privadas mientras estaban con licencia médica. De ellos, solo 42 instituciones han iniciado los sumarios correspondientes, mientras 22 siguen sin adoptar medidas.

Asimismo, la Contralora indicó que se identificó a 3.532 funcionarios públicos con licencias emitidas por alguno de los 44 médicos investigados por el Ministerio Público, vinculados a la entrega fraudulenta de estos documentos.

Cruce de datos con casinos, parques y multas para rastrear irregularidades

En una nueva fase de fiscalización, la Contraloría anunció que cruzará datos de licencias médicas con registros de ingreso a casinos, parques nacionales y multas de tránsito. Estas medidas permitirán verificar si los beneficiarios realizaron actividades incompatibles con su condición médica y revelar patrones de fraude.

“Estamos revisando funcionarios públicos que hayan ido a apostar a los casinos, que hayan ingresado a parques nacionales o que hayan recibido infracciones en otras regiones”, puntualizó Pérez ante los diputados.

En paralelo, se presentó un informe que mostró un alarmante aumento del 321% en el gasto municipal por licencias médicas en la última década, pasando de $92 mil millones en 2015 a $388 mil millones en 2024. Sin embargo, 264 municipalidades aún no reportan el inicio de sumarios, mientras que 48 han iniciado 71 procesos disciplinarios.

Finalmente, se anunció que la información sobre los funcionarios regidos por Dipreca y Capredena estará disponible en un plazo de uno a dos meses, agregando una nueva dimensión a esta indagatoria que podría tener un impacto institucional y financiero de alto alcance.