Los exjefes de Estado cuestionaron la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, impulsado por Donald Trump, y pidieron reconsiderarla. Advirtieron que la cooperación contra el crimen organizado no debe condicionar la política exterior ni las decisiones de seguridad y defensa del país. El Senado citó además a tres ministros para esclarecer los alcances del acuerdo
Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric pidieron al Gobierno reconsiderar la permanencia de Chile en el Escudo de las Américas y advirtieron que la cooperación internacional contra el crimen organizado no puede significar que el país subordine sus decisiones de política exterior, seguridad o defensa a las prioridades definidas por otra potencia.
En una declaración conjunta fechada este 24 de septiembre, ambos exmandatarios manifestaron su “preocupación” por la decisión del Ejecutivo de adherir a la iniciativa promovida por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reivindicaron la defensa de la soberanía, la autonomía, el derecho internacional, los derechos humanos y los intereses permanentes como principios históricos de la política exterior chilena.
El pronunciamiento profundiza una controversia que ya había alcanzado al Congreso, donde distintos sectores opositores comenzaron a exigir claridad sobre los compromisos asumidos por Chile y sus efectos sobre la política exterior. El Ejecutivo, por su parte, ha defendido la incorporación como una herramienta para fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado.
Cooperación sí, subordinación no
Bachelet y Boric no cuestionan la necesidad de trabajar con otros países frente a organizaciones criminales que operan a través de las fronteras. Su reparo apunta a las condiciones bajo las cuales debe desarrollarse esa coordinación.
“La cooperación internacional es indispensable para enfrentar amenazas transnacionales como el crimen organizado”, señalan, pero agregan que debe realizarse “resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile” y “sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”.
Los expresidentes también cuestionaron el concepto de “soberanía continental” asociado a la iniciativa. “Nos preocupa, asimismo, que conceptos como el de una ‘soberanía continental’ puedan terminar debilitando el principio fundamental de soberanía nacional que nuestro país históricamente ha defendido”, sostuvieron.
La discusión se cruza además con los antecedentes entregados un día antes por el excanciller Mariano Fernández, quien aseguró que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, había reconocido ante un grupo de exministros que existían presiones de Estados Unidos para que Chile ingresara al mecanismo.
Según su relato, el canciller señaló que era “muy difícil para Chile no suscribir” la iniciativa y, consultado sobre las razones, Fernández sostuvo que Pérez Mackenna respondió que Washington estaba presionando.
El Presidente José Antonio Kast rechazó posteriormente esa versión. Consultado por eventuales presiones estadounidenses, afirmó que “la única presión que sentimos nosotros es articularnos a nivel internacional para combatir el flagelo del crimen organizado” y descartó que la incorporación implique intervenciones militares o afecte las relaciones económicas que Chile mantiene con China.
“Chile no debe verse obligado a escoger un bando”
El núcleo político de la declaración aparece cuando Bachelet y Boric abordan directamente el escenario internacional. “En el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando”, plantearon.
A continuación agregaron que el país “debe fortalecer sus alianzas y relaciones con distintos países y regiones, sin exclusiones impuestas desde fuera y preservando siempre su autonomía estratégica”.
La posición contrasta con el énfasis del Gobierno, que ha presentado el Escudo de las Américas como un marco de coordinación voluntaria. Cancillería sostiene que la participación permitirá acceder a información sobre organizaciones criminales, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación para Carabineros y la PDI y una mayor coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia, Perú y otros países de la región.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha remarcado que cada Estado participa de acuerdo con sus obligaciones legales nacionales e internacionales. Junto con Chile y Estados Unidos, integran actualmente la iniciativa Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
Llamado directo al Gobierno
Bachelet y Boric cerraron su declaración con una petición explícita al Ejecutivo. “Llamamos al gobierno del Presidente José Antonio Kast a reconsiderar la permanencia de Chile en esta instancia”, señalaron.
Ambos expresidentes manifestaron además su disposición a colaborar en la construcción de estrategias de Estado para enfrentar el crimen organizado transnacional, pero condicionaron ese trabajo al resguardo de “los principios, la soberanía y la autonomía” que, según sostienen, han caracterizado a la política exterior chilena desde la recuperación de la democracia.
El debate llegará al Senado
La controversia tendrá ahora una instancia institucional. Los comités del Senado acordaron realizar una sesión especial el miércoles 7 de octubre, entre las 12:00 y las 14:00 horas, para conocer los alcances de la incorporación de Chile al Escudo de las Américas.
A la cita serán invitados el canciller Francisco Pérez Mackenna, el ministro de Defensa Fernando Barros y el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau. La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, sostuvo que corresponde al Congreso despejar las dudas sobre la naturaleza y efectos del compromiso asumido por el país.
Entre las materias que deberán aclararse está la naturaleza jurídica de la adhesión y si alguno de sus compromisos podría requerir intervención parlamentaria. La sesión especial trasladará así al Senado una controversia que hasta ahora se ha desarrollado principalmente en el terreno político y diplomático, poniendo bajo revisión tanto las obligaciones concretas asumidas por Chile como los límites que tendrá su participación en el mecanismo.
