Docentes, estudiantes, trabajadores públicos y pobladores anuncian manifestaciones en distintas regiones mientras el Congreso define el Presupuesto 2027. El Ejecutivo defiende acuerdos y ajustes fiscales, pero las organizaciones mantienen reclamos por educación, vivienda, pensiones y condiciones laborales
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrentará una semana de movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales que cuestionan los recortes presupuestarios y distintas decisiones del Ejecutivo. La agenda contempla protestas por la educación pública, vivienda, pensiones, derechos de las mujeres y condiciones laborales, con actividades anunciadas desde el lunes 23 de noviembre y nuevas convocatorias hasta diciembre.
La movilización social coincidirá con la etapa decisiva del Presupuesto 2027, que regresa este lunes a la Cámara de Diputadas y Diputados luego de los acuerdos alcanzados en el Senado. Aunque el Gobierno consiguió restituir recursos para programas sociales y recuperar la autorización de endeudamiento fiscal, permanecen diferencias legislativas y cuestionamientos de organizaciones que consideran insuficientes las modificaciones.
Un nuevo antecedente surgió este domingo, cuando la ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó una rebaja de las dotaciones máximas docentes. La declaración se produjo a dos días del paro nacional del Magisterio, que denuncia efectos sobre el empleo y el funcionamiento de la educación pública. El Ejecutivo defiende la reorganización del sistema mediante incentivos al retiro, mientras los profesores advierten sobre las consecuencias de reducir personal y financiamiento.
Educación encabeza las movilizaciones
El Colegio de Profesoras y Profesores, presidido por Mario Aguilar, convocó a una paralización y marcha nacional para el martes 24 de noviembre. En Santiago, la manifestación comenzará a las 10:30 horas en Plaza Baquedano y avanzará por la Alameda hasta Los Héroes. La convocatoria incluye actividades regionales y recibió el respaldo de la CUT, la Confech, organizaciones estudiantiles y asociaciones de funcionarios de la educación.
El gremio cuestiona la reducción del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública y posibles desvinculaciones de docentes y asistentes. Aguilar sostuvo que la convocatoria busca defender un sistema que, a juicio del Magisterio, enfrenta dificultades presupuestarias que podrían comprometer su funcionamiento.
“La próxima convocatoria para el martes 24 que tenemos como colegio de profesoras y profesores es en defensa de la educación pública, que la vemos amenazada en el presupuesto que se está gestionando en el Congreso por parte del gobierno”, declaró Mario Aguilar, presidente nacional del Magisterio.
El Senado acordó reponer $47.927 millones para Educación, incluyendo $35 mil millones para las Becas de Acceso TIC, asociadas al programa Yo Elijo Mi PC, y $6.300 millones para educación superior. También se incorporaron recursos para la Junji y otros programas. Sin embargo, las reposiciones no equivalen a una solución completa de las diferencias sobre dotaciones docentes y financiamiento territorial.
Vivienda, pensiones y derechos sociales amplían la protesta
La Coordinadora Feminista 8M convocó para el miércoles 25 de noviembre una marcha desde Plaza Baquedano, a las 18:30 horas, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La organización exige mayores garantías frente a la violencia de género, el retiro de un proyecto relacionado con denuncias falsas y la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuestionado por decisiones sobre rebajas de condenas.
“El miércoles 25 de noviembre a las 18.30 horas desde Baquerano marcharemos por una vida libre de violencia exigiendo la salida de Rabat y el retiro del proyecto de ley sobre supuestas denuncias falsas”, señaló Laura Manzi, vocera de la coordinadora.
El viernes 27, el Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores se concentrará frente al Ministerio de Vivienda desde las 11:00 horas. Sus integrantes cuestionan la reducción de cupos del subsidio DS49 y exigen la renuncia del ministro Iván Poduje. Aunque el Senado eliminó una restricción que afectaba los anticipos a constructoras, permanecen las diferencias sobre la disponibilidad de nuevas soluciones habitacionales para familias vulnerables.
El sábado 28 de noviembre, la Coordinadora NO+AFP realizará una marcha desde Plaza Italia, a las 11:00 horas, para exigir cambios al sistema previsional. La convocatoria surge también por las pérdidas del Fondo E, que acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre, según los antecedentes difundidos por las organizaciones. Sus demandas exceden el debate anual sobre asignaciones presupuestarias.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) anunció actividades para el lunes 23 y jueves 26 de noviembre, mientras continúa la negociación del reajuste de remuneraciones del sector público. Su presidente, José Pérez Debelli, confirmó que las movilizaciones se desarrollarán en paralelo al diálogo con Hacienda, incorporando exigencias salariales y de estabilidad laboral.
Los acuerdos del Senado no cierran las diferencias
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió los acuerdos parlamentarios y el objetivo de mantener la responsabilidad fiscal. El Presupuesto 2027 contempla un crecimiento real del gasto público de 1,5%, mientras el Ejecutivo sostiene una política de ajuste que las organizaciones consideran perjudicial para determinadas prestaciones y servicios.
El Senado incorporó cerca de $84 mil millones netos adicionales para destrabar partidas y recuperar programas. Entre los entendimientos destacan los recursos para Educación, la Ley Ricarte Soto, iniciativas culturales y el Fondo Autónomo de Protección Previsional. También se restituyó la autorización para contratar deuda por hasta US$25 mil millones durante 2027, medida que no equivale a un gasto automático por ese monto.
“Tenemos toda la disposición para dialogar y alcanzar un buen acuerdo. Nuestro compromiso es llevar adelante una negociación seria, con voluntad de entendimiento y sin perder de vista la responsabilidad fiscal”, sostuvo Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, al iniciarse la negociación con los trabajadores del sector público.
La partida del Ministerio de Agricultura permanece rechazada, debido a discrepancias por el financiamiento de programas sectoriales y de apoyo a la agricultura familiar. La Cámara revisará las modificaciones introducidas por el Senado y aquellas que no consigan acuerdo deberán resolverse mediante una comisión mixta. El plazo constitucional para despachar el Presupuesto vence el 29 de noviembre.
Una semana de definiciones políticas y sociales
La coincidencia entre movilizaciones, negociaciones salariales y votaciones presupuestarias abrirá una semana de actividad simultánea dentro y fuera del Congreso. Las organizaciones buscarán mantener visibles sus demandas, mientras el Ejecutivo deberá concluir la discusión fiscal y continuar las conversaciones sobre empleo público y políticas sectoriales.
El despacho de la Ley de Presupuestos 2027 determinará los recursos autorizados para el próximo año, pero no resolverá por sí solo las controversias sobre dotaciones educativas, subsidios habitacionales, pensiones y condiciones laborales. Con movilizaciones anunciadas hasta diciembre, la relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales continuará marcada por la distancia entre los acuerdos legislativos y las respuestas que exigen distintos sectores.
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