El Ejecutivo estimó que la medida habría significado una merma de 5 billones de pesos en la recaudación entre 2025 y 2035. La propuesta no podrá volver a presentarse en un año
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional que buscaba extender por diez años el Crédito Especial a la Construcción.
La iniciativa fue desestimada por 31 votos a favor, 56 en contra y 30 abstenciones, por lo que pasó a archivo. Esto significa que no podrá presentarse un nuevo proyecto de similares características durante al menos un año.
La propuesta -impulsada por la diputada independiente Yovana Ahumada y respaldada por Mónica Arce (IND), Viviana Delgado (IND), Félix González (IND), Carla Morales (RN) y Emilia Nuyado (PS)- pretendía prorrogar este beneficio tributario desde la fecha de publicación de la reforma.
Objetivo del Crédito
El objetivo e la propuesta legal era incentivar la construcción de viviendas, especialmente aquellas de interés social cuyo valor no supera las 2.000 Unidades de Fomento. Dicho beneficio permitía a las empresas constructoras deducir de sus Pagos Provisionales Mensuales (PPM) el 65% del débito de IVA asociado a la venta de inmuebles habitacionales. Según sus autores, la medida buscaba reactivar el sector de la construcción y mitigar el déficit habitacional que afecta al país.
Observaciones del Ejecutivo
Durante la discusión en la Comisión de Economía, el Ejecutivo manifestó objeciones tanto de forma como de fondo. Desde el Gobierno se cuestionó el uso de una reforma constitucional para sortear la iniciativa exclusiva del Presidente en materias tributarias, lo que -advirtieron- altera el equilibrio institucional entre los poderes del Estado.
Además, se recordó que la Ley 21.420, de 2022, ya estableció una eliminación progresiva del crédito en un plazo de tres años, con término previsto para enero de 2024. No obstante, la Ley 21.558, aprobada en 2023, extendió ese proceso hasta 2027, incorporando ajustes que permitieran una transición gradual y que redujeran el impacto fiscal.
A pesar de estas medidas, la extensión vigente ya representa una merma fiscal estimada en $125 mil millones para 2025 y $131 mil millones para 2026.
En cuanto a la nueva propuesta, el Ejecutivo advirtió que su aprobación habría implicado una pérdida de ingresos fiscales cercana a los 5 billones de pesos entre 2025 y 2035, lo que calificó como un impacto “significativo” para las finanzas públicas.
