La comisión revisará contratos, relicitaciones, tarifas y obligaciones de mantención durante 60 días. Los parlamentarios cuestionan la continuidad de peajes en rutas amortizadas, las deficiencias de infraestructura y los mecanismos de fiscalización aplicados por el MOP
La Cámara de Diputadas y Diputados abrió una investigación sobre el funcionamiento de las concesiones viales, en medio de cuestionamientos por el cobro de peajes en carreteras cuya inversión inicial estaría amortizada, deficiencias de mantención y multas que afectan especialmente a conductores provenientes de regiones.
Por 103 votos a favor y uno en contra, la Sala aprobó crear una comisión especial encargada de revisar la planificación, adjudicación, ejecución, renovación y operación de los contratos. La instancia también fiscalizará los actos del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Concesiones y la Dirección de Vialidad.
La solicitud fue presentada por 62 diputados y promovida por Patricio Briones, del Partido de la Gente. El grupo tendrá 60 días para elaborar su informe y podrá constituirse en cualquier lugar del país, permitiendo recoger antecedentes directamente en los territorios afectados.
Cobros después de amortizar las rutas
Uno de los asuntos centrales será la continuidad de los peajes en autopistas donde la inversión original ya habría sido recuperada. Los parlamentarios también revisarán cómo se fijan las condiciones de relicitación y cuál es el destino de los beneficios económicos generados por los contratos.
La investigación se produce mientras el Gobierno analiza fórmulas para una eventual rebaja de peajes mediante negociaciones con cada concesionaria, proceso condicionado por las compensaciones, extensiones contractuales y restricciones fiscales.
La comisión pondrá además atención al sistema TAG y a la denominada doble multa, cuestionada por agrupaciones de usuarios debido al impacto que puede generar sobre personas que ingresan ocasionalmente a rutas concesionadas desde otras regiones.
Seguridad y mantención bajo revisión
Los diputados advierten que algunas carreteras presentan fallas técnicas y deterioros que pueden afectar la seguridad vial. Estas condiciones aumentan el riesgo de siniestros y abren dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones de conservación asumidas por las empresas.
Los gremios del transporte también han reclamado por el estado de las rutas y la inseguridad que enfrentan conductores y cargas. La revisión buscará determinar si la fiscalización pública ha sido suficiente y si las concesionarias cumplen los estándares comprometidos.
El debate supera el precio del peaje. Las carreteras conectan comunas, centros productivos y servicios básicos, por lo que su calidad condiciona el desarrollo de las regiones. Esa relación ha quedado expuesta en proyectos destinados a reducir brechas de conectividad y seguridad en rutas interiores.
La comisión no podrá modificar contratos ni ordenar rebajas, pero sí entregar antecedentes, formular conclusiones y recomendar cambios. Su principal desafío será establecer si el sistema está equilibrando adecuadamente la rentabilidad privada con el interés público y el servicio que reciben quienes pagan diariamente por circular.
