Por Richard Andrade C., director de Poderyliderazgo.cl
En Chile, la descentralización no ha fracasado por incapacidad técnica ni por falta de leyes. Ha fracasado porque el poder central nunca ha querido soltar el control. Ese es el problema real, estructural y persistente. Todo lo demás —mesas de trabajo, comisiones, discursos territoriales— ha sido administración del conflicto, no transformación del Estado.
Los datos son contundentes y políticamente incómodos. Según la OCDE, Chile es uno de los países más centralizados del bloque, con menos del 15% del gasto público ejecutado con autonomía subnacional. En países comparables, esa cifra supera el 30% e incluso el 40%.
La CEPAL agrega otro dato clave: cerca del 80% de las decisiones de inversión pública regional continúan siendo definidas por ministerios centrales, aun cuando los gobiernos regionales son electos democráticamente. Esto no es un accidente institucional. Es una doctrina de poder.
El Estado chileno desconfía de sus territorios. Los gobierna, pero no los reconoce como sujetos políticos plenos. Les transfiere responsabilidades sin poder, expectativas sin recursos y problemas sin capacidad de decisión. El resultado es un sistema diseñado para neutralizar la autonomía regional, no para fortalecerla.
El gobierno de Gabriel Boric llegó con un discurso descentralizador explícito. Sin embargo, al enfrentar la maquinaria estatal, optó por administrarla en lugar de reformarla. La Ley de Rentas Regionales no avanzó, el traspaso efectivo de competencias se ralentizó y los ministerios defendieron exitosamente sus feudos.
El centralismo volvió a ganar, como siempre. No por falta de convicción retórica, sino por ausencia de decisión política estructural.
Este antecedente vuelve aún más relevante la posición del presidente electo José Antonio Kast. Sus declaraciones sobre descentralización han sido claras: evitar “fragmentar el Estado”, impedir “autoridades regionales sin control” y resguardar la “unidad de mando”. En términos prácticos, esto refuerza una visión vertical, jerárquica y centralista, donde la región ejecuta, pero no decide; administra, pero no gobierna.
El problema es que Chile ya probó ese modelo, y fracasó.
El centralismo no ha generado eficiencia, ni cohesión territorial, ni paz social. Ha producido retrasos crónicos en infraestructura, conflictos socioambientales mal gestionados, servicios públicos desconectados del territorio y una ciudadanía regional que percibe —con razón— que las decisiones se toman lejos y tarde.
El diseño actual es revelador de esa desconfianza estructural:
- Gobiernos regionales electos, pero sin poder fiscal real.
- Delegados presidenciales con nulas capacidades de veto político.
- Seremías subordinadas al ministerio antes que al territorio.
- Servicios públicos que ejecutan órdenes, no políticas.
Eso no es descentralización. Es centralismo maquillado.
La evidencia internacional demuestra que descentralizar no debilita al Estado; lo vuelve más eficaz. Países OCDE con altos niveles de autonomía regional presentan mejores indicadores de inversión pública, cohesión territorial y legitimidad institucional. Chile, en cambio, sigue atrapado en una lógica del siglo pasado: creer que concentrar poder equivale a gobernar mejor.
Persistir en este modelo tiene consecuencias graves. Un Estado que promete descentralización y no la concreta pierde credibilidad política. Un poder central que acumula decisiones y distribuye culpas erosiona la gobernabilidad democrática. Y un próximo gobierno que refuerce esta arquitectura enfrentará los mismos límites, independientemente de su ideología.
La advertencia institucional es directa: sin rentas regionales, sin competencias vinculantes y sin poder fiscal real, la descentralización seguirá siendo una ficción útil para campañas y una frustración permanente para las regiones.
Chile debe decidir si quiere seguir gobernándose desde el miedo a perder el control, o si está dispuesto a construir un Estado moderno, distribuido y responsable.
Chile no necesita más discursos sobre regiones. Necesita decidir, con urgencia, si seguirá gobernándose desde el centro y el miedo a soltar el control, o si está dispuesto —por fin— a construir un Estado que reconozca y confíe en sus territorios.
