El Senado aprobó otros 30 días de despliegue en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, mientras persiste la presión para que el Gobierno defina una estrategia capaz de superar la excepcionalidad
El Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, prolongando por otros 30 días una medida que ya supera los cuatro años de aplicación continua.
La solicitud del Ejecutivo recibió 34 votos a favor, dos en contra y una abstención, confirmando el respaldo mayoritario a la continuidad del despliegue. La decisión se adoptó pese a que el Gobierno informó una reducción de 82% en los eventos de violencia respecto de los niveles registrados durante 2021.
El dato muestra una disminución sustantiva, pero no ha sido suficiente para iniciar el retiro de las Fuerzas Armadas. Durante el debate, senadores de distintos sectores sostuvieron que todavía existen grupos armados con capacidad operativa y que cualquier reducción del dispositivo debe estar precedida por su desarticulación y persecución judicial.
Una medida que dejó de ser transitoria
El estado de excepción comenzó a regir en mayo de 2022 y ha sido renovado sucesivamente por administraciones de distinto signo político. Lo que nació como una respuesta extraordinaria frente a los ataques en la zona terminó convirtiéndose en uno de los principales instrumentos de seguridad territorial del Estado.
En marzo, el Congreso aprobó la primera prórroga solicitada por el Gobierno de José Antonio Kast. En esa discusión ya surgieron llamados a revisar la estrategia, fortalecer a las policías y preparar condiciones que permitieran avanzar hacia una eventual reducción del despliegue.
Cuatro meses después, la medida continúa y la discusión vuelve a concentrarse en la misma contradicción. Los indicadores mejoran, pero el Estado todavía considera indispensable mantener una presencia militar que originalmente debía responder a una situación temporal.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la prórroga y aseguró que el estado de excepción ha sido fundamental para estabilizar la macrozona sur. “La implementación del estado de excepción constitucional ha sido fundamental para la estabilización de la zona, logrando una reducción del 82% en los eventos de violencia, en comparación con el año 2021”, afirmó.
La cifra entregada por el Ejecutivo se refiere a los eventos de violencia registrados en la zona y no a la totalidad de los delitos. Tampoco implica que hayan desaparecido las organizaciones capaces de cometer atentados incendiarios, ataques armados o acciones contra trabajadores, policías e infraestructura.
El Senado exige una estrategia de salida
Los parlamentarios respaldaron transversalmente la prórroga, pero advirtieron que no se puede normalizar una militarización permanente. Parte de las intervenciones apuntó a que el Gobierno debe explicar qué condiciones permitirían iniciar una reducción del despliegue y qué instituciones asumirían posteriormente las tareas de seguridad territorial.
La posición mayoritaria fue que el estado de excepción debe mantenerse mientras continúen operando células armadas. Los senadores también insistieron en diferenciar las reivindicaciones políticas y territoriales desarrolladas dentro del Estado de derecho de quienes utilizan las armas y el terror.
El Presidente Kast ya había entregado su respaldo a la continuidad del estado de excepción y al papel de las Fuerzas Armadas, situando el control territorial y el fortalecimiento operativo dentro de las prioridades de su administración.
La continuidad del despliegue entrega capacidad de respuesta inmediata, pero deja pendiente la construcción de una política permanente. Inteligencia, persecución penal, control de armas, fortalecimiento policial y presencia regular del Estado aparecen como condiciones necesarias para sostener la disminución de los ataques sin depender indefinidamente de una medida excepcional.
Los senadores también pidieron avanzar en las Reglas del Uso de la Fuerza y en el proyecto de incentivo a Carabineros. Ambas iniciativas fueron mencionadas como parte de una institucionalidad que debería entregar mayor respaldo jurídico y capacidad operativa a las policías.
Muerte de carabinero marcó la votación
La sesión comenzó con un minuto de silencio en memoria del cabo primero Marco Cosme Barquero, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de La Araucanía, quien murió después de resultar gravemente herido durante un procedimiento policial.
El funcionario participaba en un operativo destinado a detener a uno de los responsables del homicidio del cabo Eugenio Naín, ocurrido en 2020. La Mesa del Senado expresó sus condolencias a la familia, sus compañeros y Carabineros, junto con condenar los ataques contra quienes cumplen funciones de seguridad.
Su muerte fue utilizada durante la discusión como evidencia de que la reducción estadística no equivale a la desaparición del riesgo. Los hechos violentos pueden ser menos frecuentes, pero las organizaciones que permanecen operativas todavía conservan armamento y capacidad para responder frente a procedimientos policiales.
El caso también muestra que el control territorial no basta por sí solo. La estabilización de la zona dependerá de investigaciones capaces de identificar y detener a autores, financistas, colaboradores y redes de apoyo vinculadas con los ataques.
La reducción debe convertirse en normalidad
El desafío político recaerá principalmente en el Ministerio de Seguridad Pública, que deberá transformar la disminución de los hechos violentos en una situación sostenible y definir los indicadores que permitan evaluar una futura salida.
La cartera atraviesa una etapa de reorganización desde que Arrau solicitó la renuncia de sus dos subsecretarios, movimiento que abrió un reordenamiento interno del Ministerio de Seguridad cuando el Gobierno comenzaba a exigir resultados concretos en crimen organizado, control territorial y seguridad ciudadana.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha informado públicamente si una eventual reducción del contingente comenzaría en comunas con menor nivel de riesgo, si se aplicaría simultáneamente en toda la zona o qué capacidades policiales deberán estar instaladas antes de retirar a las Fuerzas Armadas.
Tampoco se ha definido un umbral de violencia, cantidad de organizaciones desarticuladas o nivel de control territorial que permita determinar cuándo la excepcionalidad habrá cumplido su propósito.
Después de cuatro años, el debate ya no consiste únicamente en determinar si el estado de excepción ha contribuido a disminuir los ataques. La pregunta central es cómo convertir esa reducción de 82% en una normalidad que no dependa permanentemente del despliegue militar.
La nueva prórroga entrega otros 30 días al Gobierno, pero también aumenta la presión por una estrategia verificable. Mantener la medida puede seguir siendo necesario, aunque su prolongación indefinida también expone la dificultad del Estado para construir una respuesta institucional capaz de reemplazarla.
