El Gobierno firmó una iniciativa que entrega nuevas herramientas a tribunales de familia para intervenir ante situaciones de riesgo, reforzar habilidades parentales y aplicar medidas graduales cuando exista incumplimiento grave de los deberes de cuidado
El Presidente José Antonio Kast firmó en la Municipalidad de Independencia el proyecto de ley de Responsabilidad Parental, una iniciativa que busca reforzar el deber de madres, padres y cuidadores en la formación, orientación y supervisión de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta surge en medio de una creciente preocupación ciudadana por hechos de violencia, conductas de riesgo e ilícitos protagonizados por menores de 18 años. Su objetivo es combinar herramientas preventivas, apoyo familiar e intervención temprana, antes de llegar a sanciones frente a incumplimientos graves y persistentes de los deberes parentales.
Según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el proyecto crea un procedimiento especial ante los tribunales de familia, de carácter preventivo y colaborativo, para identificar casos donde haya faltado guía, orientación o supervisión parental. La regla general será acompañar, apoyar y prevenir, reservando medidas de mayor intensidad para situaciones graves y reiteradas.
El foco: prevenir antes de sancionar
Durante la ceremonia, el Mandatario planteó que el proyecto busca que las familias recuperen un rol más presente en la vida cotidiana de sus hijos. “Que los papás vuelvan a sintonizar con el día a día de sus hijos. Que es difícil y queremos hablar de eso, que es más profundo, el significado de lo que es cuidar un hijo”, señaló José Antonio Kast.
El Presidente agregó que la crianza no debe quedar entregada únicamente a las instituciones. “Hagámonos cargo de nuestros hijos. Antes que cualquier institución, los padres y muchas veces los abuelos son los que guían los primeros pasos de un niño”, afirmó.
En esa línea, la iniciativa considera programas de habilidades parentales, procesos de revinculación familiar, atención psicológica o psiquiátrica y sanciones proporcionales cuando exista incumplimiento persistente de los deberes de cuidado.
Tribunales de familia con nuevas herramientas
Uno de los cambios centrales es la creación de una vía más rápida y especializada para que los tribunales de familia puedan actuar ante situaciones de riesgo. El propósito es intervenir antes de que los conflictos escalen hacia hechos más graves, evaluando la realidad de cada grupo familiar y resguardando el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
El proyecto también busca facilitar la reparación de víctimas por daños causados por menores de edad, mediante mecanismos que permitan respuestas judiciales más oportunas. Con ello, el Ejecutivo intenta instalar una lógica de corresponsabilidad entre familias, comunidades y Estado.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, sostuvo que fortalecer las capacidades de la familia también forma parte de una política preventiva. “Fortalecer las capacidades de la familia no es solamente una política social, es también una política de prevención y de seguridad. Este proyecto no busca reemplazar a las familias, sino entregarles herramientas concretas para que puedan ejercer de mejor manera su rol”, afirmó.
Un debate que recién comienza
La ceremonia contó con la participación del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, parlamentarios del distrito y vecinos de la comuna. El Gobierno buscará ahora abrir la tramitación legislativa de una propuesta que probablemente genere debate en torno al equilibrio entre prevención, sanción, responsabilidad familiar y protección de la infancia.
El punto crítico estará en cómo se aplicarán las medidas sin confundir pobreza, ausencia de redes o dificultades familiares con abandono efectivo de los deberes parentales. También será clave precisar los criterios que usarán los tribunales para distinguir entre casos que requieren apoyo, acompañamiento o sanciones.
Con este proyecto, el Ejecutivo intenta poner en el centro una discusión compleja: el rol de las familias frente a las conductas de riesgo de niños, niñas y adolescentes, pero también la capacidad del Estado para intervenir a tiempo, apoyar a los hogares y proteger a quienes puedan resultar afectados por hechos protagonizados por menores de edad.
