La presidenta del Senado votó contra los cuatro capítulos de la acusación constitucional contra Nicolás Grau y marcó distancia de los partidos de gobierno que impulsaron el libelo contra el exministro de Hacienda de Gabriel Boric
El rechazo del Senado a la acusación constitucional contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda del Presidente Gabriel Boric, no solo cerró el intento de inhabilitarlo por cinco años para ejercer cargos públicos. También dejó expuesto un quiebre político al interior del oficialismo, luego de que Paulina Núñez, presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional, votara en contra de los cuatro capítulos del libelo.
La acusación, impulsada por sectores del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, buscaba responsabilizar al exsecretario de Estado por presuntas infracciones constitucionales asociadas al manejo de las finanzas públicas, las proyecciones fiscales y la coordinación presupuestaria durante su paso por Hacienda. Sin embargo, ninguno de los capítulos logró los votos necesarios para prosperar en la Cámara Alta.
La intervención de Núñez se transformó en una de las señales políticas más relevantes de la jornada. Desde la testera del Senado, la parlamentaria no defendió la gestión fiscal del gobierno anterior, pero sí rechazó que una acusación constitucional se use como mecanismo para resolver diferencias técnicas, controversias económicas o disputas políticas.
“El Senado no puede actuar movido por la presión del momento, por la temperatura de las redes sociales ni por la lógica de una trinchera política”, sostuvo la presidenta de la Cámara Alta al fundamentar su voto.
Señal directa al oficialismo
El pronunciamiento de Paulina Núñez apuntó directamente al corazón del debate abierto entre las fuerzas de gobierno. La senadora reconoció que, a su juicio, el manejo de las finanzas públicas durante la administración anterior tuvo errores graves, pero separó esa crítica política de la existencia de una infracción constitucional suficientemente acreditada.
“Aquí no basta con decir que hubo errores, no basta con afirmar que hubo malas decisiones, no basta con sostener que existió una conducta política deficiente para poder acusar constitucionalmente a una exautoridad”, afirmó.
La frase marcó distancia con el argumento de los acusadores, que habían sostenido que Grau desatendió advertencias técnicas y decisiones relevantes en materia fiscal. Para Núñez, ese reproche podía ser parte del debate político, de la fiscalización parlamentaria o incluso del juicio ciudadano, pero no necesariamente alcanzaba el estándar exigido para una acusación constitucional.
“No toda mala decisión es una violación a la Constitución, no todo error de cálculo es una infracción constitucional”, planteó la senadora.
Quiebre en la derecha de gobierno
El voto de Paulina Núñez profundizó la fractura entre los sectores más duros del oficialismo y la derecha tradicional. Mientras Republicanos y Nacional Libertario empujaron la acusación como una señal política contra el gobierno anterior, parte de Renovación Nacional y otros sectores de Chile Vamos advirtieron sobre el riesgo de abrir un precedente institucional difícil de controlar.
La presidenta del Senado fue explícita en ese punto. “Si transformamos la acusación constitucional en el camino habitual para resolver diferencias técnicas, controversias económicas o disputas políticas, dejamos de fortalecer la fiscalización y empezamos a debilitar la institucionalidad”, sostuvo.
Ese mensaje no solo apuntó al caso de Nicolás Grau. También tuvo una lectura hacia el actual Gobierno. Si se instala que una proyección fiscal fallida, una mala decisión presupuestaria o una discrepancia técnica pueden transformarse en causal de acusación constitucional, el mismo estándar podría terminar aplicándose contra ministros de la administración en ejercicio o de gobiernos futuros.
“Ese precedente sería dañino para todos, no solamente para este gobierno o para el exministro, sino para este actual gobierno y para los que vengan, de cualquier color político”, advirtió Núñez.
Problema fiscal sin condena constitucional
La senadora no evitó referirse al fondo económico de la controversia. Por el contrario, sostuvo que Chile enfrenta un problema fiscal serio y que sería irresponsable desconocerlo. Sin embargo, insistió en que la gravedad del cuadro fiscal no bastaba por sí sola para aprobar una acusación constitucional.
“Chile tiene un problema fiscal serio, sería irresponsable desconocerlo. Las finanzas públicas requieren orden, disciplina, transparencia y decisiones difíciles”, señaló.
En esa línea, Núñez llamó a concentrar los esfuerzos del Congreso en la reconstrucción, el crecimiento, la seguridad, el empleo y la confianza. La referencia fue leída como una señal a los partidos de gobierno, justo cuando el Ejecutivo necesita ordenar apoyos para su agenda económica y para proyectos clave como la Ley de Reconstrucción Nacional.
“El país necesita volver a crecer, recuperar inversión, generar empleo y cuidar el uso de los recursos públicos”, agregó.
El límite de la acusación constitucional
La intervención de la presidenta del Senado terminó instalando un límite político al uso de las acusaciones constitucionales. Para Núñez, la herramienta debe reservarse para infracciones claras, personales y suficientemente acreditadas a la Constitución o la ley, no para sancionar una mala evaluación de gestión.
“Muchas veces se requiere más coraje para actuar con prudencia que para sumarse al aplauso fácil”, dijo la parlamentaria, en una frase que reforzó su distancia frente a la presión política que rodeó la votación.
Luego cerró su intervención con la frase que marcó la jornada: “El Senado no está para seguir la corriente. El Senado está para cuidar la República”.
Con su voto en contra en los cuatro capítulos, Paulina Núñez dejó una señal incómoda para el oficialismo. La derrota de la acusación contra Nicolás Grau no solo golpeó a sus impulsores; también mostró que la derecha de gobierno no tiene una sola lectura sobre cómo ejercer la fiscalización ni sobre los límites que deben respetarse cuando se usa una de las herramientas más graves del Congreso.
Al final de la jornada, el Senado no absolvió políticamente la gestión fiscal del exministro. Lo que hizo fue algo distinto: rechazó transformar una controversia económica y presupuestaria en una condena constitucional. Y, de paso, la presidenta del Senado le recordó a los partidos de gobierno que la institucionalidad no puede quedar subordinada a la presión del momento.
