Trámites más simples, servicios públicos más accesibles y respuestas institucionales más oportunas son parte de los principales resultados que arroja el informe final de avance de la Agenda de Modernización del Estado 2022-2026 (AME), política pública transversal que ha articulado a más de 80 instituciones con el objetivo de mejorar la eficiencia estatal y fortalecer la confianza ciudadana.
El documento fue entregado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, al Presidente de la República, Gabriel Boric, en cumplimiento del Decreto Supremo N°12, noventa días antes del término del mandato. El informe da cuenta de un 62% de avance a septiembre de 2025, equivalente a 129 acciones ejecutadas, con una proyección cercana al 80% al cierre del período gubernamental.
Desde el Ejecutivo destacan que la Agenda responde a un diagnóstico estructural: la persistente brecha de confianza entre el Estado y la ciudadanía, evidenciada por la Encuesta Internacional de Confianza de la OCDE (2023).
Frente a este escenario, la AME se organizó en siete categorías, con 30 iniciativas y 207 acciones, orientadas a mejorar la experiencia de las personas en su relación cotidiana con los servicios públicos.
En esa línea, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, subrayó el carácter transversal del proceso y su impacto en la capacidad institucional, resaltando que “El Ministerio de Hacienda ha liderado, en coordinación con una multiplicidad de organismos públicos, privados y académicos comprometidos con la legitimidad del accionar del Estado, una exigente Agenda de Modernización, que ha permitido avanzar de manera importante en la capacidad de respuesta y confiabilidad del sector público”.
Gobernanza y coordinación interministerial
La conducción política y técnica de la Agenda ha sido uno de los ejes centrales del proceso, mediante una gobernanza compartida entre los ministerios de Hacienda y del Interior, articulada a través del Comité de Modernización. Esta estructura permitió alinear prioridades gubernamentales con acciones concretas, manteniendo coherencia y proyección estratégica.
Así lo planteó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, relevó que “Los ministerios de Hacienda y del Interior han ejercido la gobernanza del proceso de modernización mediante el Comité de Modernización, asegurando que las prioridades del Gobierno se traduzcan en acciones coordinadas y con impacto real en la ciudadanía”.
Rodrigo Lavanderos, coordinador de Modernización del Ministerio de Hacienda, resaltó que “Contar con una agenda de transformación transversal del Estado, liderada por un ecosistema coordinado desde el Ministerio de Hacienda y con una gobernanza estable, constituye una condición habilitante fundamental para una política pública permanente”.
Servicios ciudadanos, digitalización y mejor gasto público
Uno de los ámbitos con mayores avances ha sido el de Servicios Ciudadanos y Experiencia Usuaria, donde se registran progresos en simplificación de trámites, interoperabilidad digital y diseño centrado en las personas.
Destaca especialmente la implementación de la Ley N°21.770 Marco de Autorizaciones Sectoriales, que incorpora tramitación paralela, ventanilla única digital y una Oficina de Autorizaciones Sectoriales.
Estas medidas permitirán reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación, sin afectar estándares regulatorios, impactando directamente en la productividad y la experiencia de personas y empresas.
En materia de transformación digital, el informe releva el fortalecimiento de plataformas interoperables, la implementación de la Ley de Transformación Digital y el avance en identidad digital, con más del 80% de las municipalidades conectadas a sistemas integrados. A ello se suma el lanzamiento de la Política Nacional de Ciberseguridad y la incorporación del segundo factor de autenticación en Clave Única.
La directora de la Secretaría de Modernización del Estado, Isabel Millán, destacó que “Un elemento central de este proceso ha sido la consolidación de una arquitectura institucional que permite proyectar la modernización como una política de Estado”.
El informe también releva avances en mejor gasto público, compras públicas, integridad y monitoreo de programas, así como la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, con impacto directo en la vida cotidiana de las personas.
Entre los desafíos pendientes, se identifican brechas de madurez institucional, la necesidad de mayor vinculación con el ciclo presupuestario y el fortalecimiento de la continuidad de los procesos.
“Solo mediante compromisos que trasciendan gobiernos será posible avanzar hacia un Estado centrado en las personas y fortalecer la democracia”, concluyó el ministro Grau.
