Los gobiernos regionales valoraron la reunión en La Moneda, pero pidieron certezas ante posibles recortes, mayores atribuciones y menos trabas para ejecutar proyectos
La primera reunión formal entre el Presidente José Antonio Kast y los gobernadores regionales abrió un canal de diálogo con La Moneda, pero también dejó expuesta la tensión de fondo: cómo avanzar en descentralización si los presupuestos se ajustan, los proyectos siguen dependiendo de ministerios y la seguridad continúa definida desde el nivel central.
La cita de este martes 16 de junio reunió en el Palacio de La Moneda a gobernadores de casi todo el país, encabezados por Alejandro Santana, gobernador de Los Lagos y presidente de AGORECHI. Por el Ejecutivo participaron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro Segpres, José García Ruminot; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa.
La señal inicial fue de apertura. Los gobernadores valoraron haber sido recibidos por el Mandatario y reconocieron disposición a instalar mesas de trabajo con los ministerios, pero advirtieron que el nuevo trato no puede limitarse a una mejor relación política si no viene acompañado de autonomía, recursos y capacidad de decisión.
Santana resumió ese punto al señalar que la conversación permitió abordar cómo “fortalecer las decisiones del territorio y principalmente tener autonomía administrativa y financiera, transferencia, el traspaso de competencias para hacer que el Estado en su conjunto sea mucho más eficiente”. Para las regiones, la descentralización ya no pasa solo por declarar voluntad, sino por remover trabas que frenan inversión, empleo y respuestas estatales.
Presupuesto bajo tensión
El punto más incómodo apareció con la discusión presupuestaria. El gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, valoró el encuentro, pero dejó claro que las señales de Hacienda abrieron preocupación entre las autoridades. “Agradecemos al Presidente que nos haya recibido con tanto tiempo. Llegamos a algunos acuerdos, especialmente en relación al nuevo trato que va a tener este gobierno con los gobernadores regionales, sus ministros, delegados y seremis”.
Esa disposición quedó cruzada por la posibilidad de nuevos ajustes para 2027. Silva fue directo: “Uno de los temas que no nos cayó muy bien fue que el ministro de Hacienda insistió en que el próximo año va una nueva rebaja. Quedamos de conversarlo con Hacienda para ver situaciones. Claramente quedamos entusiasmados con el trato, pero se lo dije con todo respeto: ver para creer”.
La frase instaló el tono político de la jornada. Los gobernadores no salieron rechazando la reunión, pero tampoco entregaron un cheque en blanco. Su planteamiento apunta a una contradicción de fondo: las regiones pueden tener proyectos priorizados, pero si los recursos se reducen o la ejecución sigue atrapada en el aparato central, la descentralización pierde efecto práctico.
Tarapacá puso un ejemplo concreto. El gobernador regional José Miguel Carvajal llegó con una cartera superior a $82 mil millones en proyectos financiados por el Gobierno Regional, pero cuya ejecución depende de ministerios y servicios públicos. La lista incluye además definiciones sobre la Zona Franca de Iquique, el Corredor Bioceánico y proyectos estratégicos de largo plazo.
Carvajal lo planteó desde la urgencia de pasar de la planificación a la ejecución. “Los recursos regionales están disponibles y nuestra expectativa es que puedan ejecutarse oportunamente. Cada obra que avanza genera empleo, dinamiza la economía y entrega soluciones concretas a las familias”.
Seguridad con mirada territorial
La burocracia fue el otro nombre del reclamo regional. Los gobernadores apuntaron a las demoras de la Dipres, los tiempos de tramitación y la lentitud de ministerios que deben materializar iniciativas diseñadas y financiadas desde los territorios. Silva pidió que la Dipres no demore las tomas de razón y que los ministerios actúen con mayor agilidad.
La agenda también alcanzó a la Ley de Regiones Más Fuertes, que los gobernadores ven como una vía para dar mayor sustento institucional y financiero al proceso descentralizador. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, planteó que la iniciativa busca “capturar tributo de los puertos y las empresas que explotan recursos naturales en nuestro territorio”.
En seguridad, Mundaca puso otra tensión sobre la mesa. Los gobiernos regionales financian infraestructura, equipamiento policial y recuperación de espacios públicos, pero tienen baja incidencia en prevención. Por eso pidió habilitar una División de Prevención del Delito, como forma de reconocer el rol que ya cumplen los territorios.
El cierre político lo marcó el gobernador metropolitano Claudio Orrego, al recordar que los gobernadores no son funcionarios subordinados al Ejecutivo, sino autoridades electas. “No somos parte del Ejecutivo, fuimos elegidos por la ciudadanía igual que él y, en consecuencia, pedimos que ese respeto se manifieste en temas presupuestarios, en el trato que nos deben todos los ministros de Estado”.
La Moneda logró abrir una señal de diálogo, pero el verdadero test vendrá después. Los gobernadores esperan que las mesas comprometidas se traduzcan en decisiones medibles: inversión ejecutada, menos burocracia, seguridad con enfoque territorial y un nuevo trato que dependa del comportamiento concreto de Hacienda, los ministerios y la Dipres.
