La exalcaldesa de Antofagasta llegó desde Países Bajos para cumplir una condena por fraude al fisco. Su retorno expone una nómina transversal de autoridades comunales sentenciadas y procesos penales que todavía esperan juicio en distintos municipios
Karen Rojo regresó este miércoles 15 de julio a Chile bajo custodia de funcionarios de Interpol de la Policía de Investigaciones, más de cuatro años después de abandonar el país el mismo día en que la Corte Suprema confirmó su condena por fraude al fisco.
La exalcaldesa independiente de Antofagasta aterrizó durante la mañana en el aeropuerto Arturo Merino Benítez y fue trasladada al Centro de Justicia para cumplir el control correspondiente, paso previo a su ingreso al Centro Penitenciario Femenino de Santiago. Rojo no volvió para enfrentar un nuevo juicio. Su responsabilidad penal quedó establecida y la sentencia de cinco años y un día de presidio efectivo se encuentra firme.
La condena se originó en el uso de cerca de $25 millones provenientes de fondos de salud y educación administrados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta. Los recursos financiaron una asesoría de Main Comunicación Estratégica orientada a fortalecer la imagen política de Rojo y favorecer su reelección, sin responder a las necesidades institucionales de la entidad.
La exautoridad fue detenida en Países Bajos el 13 de julio de 2022 y permaneció recluida en Utrecht mientras avanzaba el proceso de extradición solicitado por Chile. Ahora los tribunales deberán determinar cuántos días de esa privación de libertad serán abonados y cuál será el saldo efectivo de la pena que deberá cumplir.
Su regreso cierra uno de los procesos internacionales más visibles protagonizados por una autoridad comunal chilena, pero está lejos de representar una anomalía. Rojo se incorpora a un listado de 25 alcaldes, exalcaldes y alcaldes suplentes condenados penalmente desde 2000 por delitos relacionados con el ejercicio del cargo, el uso de bienes municipales o el manejo de recursos públicos.
Un problema que atraviesa partidos y territorios
El listado recorre capitales regionales, municipios metropolitanos, comunas rurales y territorios aislados. También alcanza a autoridades vinculadas a RN, UDI, PS, PPD, DC, Chile Vamos e independientes, una distribución que impide reducir la corrupción municipal al comportamiento de una colectividad.
Uno de los casos de mayor impacto económico corresponde a José Luis Yáñez, exalcalde de Algarrobo elegido por la UDI y posteriormente expulsado del partido. El tribunal acreditó la sustracción de $1.154.772.584 mediante nóminas de pago adulteradas y le impuso catorce años de presidio efectivo, además de una multa superior a $2.309 millones.
En Tierra Amarilla, el exalcalde suplente Mario Morales, quien había ingresado al concejo municipal como representante del Partido Socialista, recibió diecisiete años de cárcel por fraude al fisco y cohecho, más cinco años y un día por asociación ilícita. El fallo describió una organización que condicionaba adjudicaciones municipales al pago de coimas y utilizaba sobreprecios incorporados a los contratos.
En Rancagua, Juan Ramón Godoy, elegido alcalde como militante del Partido Socialista y posteriormente expulsado de esa colectividad, fue condenado a doce años de presidio efectivo por cohecho y fraude al fisco, además de cuatro años por lavado de activos.
La sentencia acreditó que intervino en licitaciones, contratos y tratos directos para favorecer a proveedores a cambio de dinero, viajes, un vehículo y otras prestaciones. El tribunal ordenó el pago de $543.993.395 al municipio por daño emergente, junto con multas que superan los $400 millones.
Los montos involucrados no representan siempre el mismo concepto. Algunos corresponden al perjuicio fiscal o al dinero sustraído, mientras otros reflejan multas, indemnizaciones, restituciones o contratos cuestionados. Por ello, no pueden sumarse como una sola cifra, pero permiten dimensionar casos que van desde algunos millones hasta estructuras que movilizaron más de $1.000 millones.
Alcaldes, exalcaldes y suplentes condenados
La tabla separa la pena del monto para facilitar su lectura en dispositivos móviles. Cuando las fuentes no individualizan una cifra atribuible al condenado, se indica expresamente.
| Autoridad | Delito y pena | Monto informado |
|---|---|---|
| Karen Rojo Antofagasta, independiente |
Fraude al fisco. Cinco años y un día efectivos. | Asesoría: cerca de $25 millones. |
| Mario Morales Tierra Amarilla, PS al ingresar al concejo |
Fraude al fisco, cohecho y asociación ilícita. Penas efectivas que suman 22 años y un día. | Multa: $82,3 millones. |
| Juan Ramón Godoy Rancagua, PS al ser elegido y luego expulsado |
Cohecho, fraude al fisco y lavado de activos. Doce años, más otros cuatro efectivos. | Indemnización: $543,9 millones. Multa: $400,9 millones, más 200 UTM. |
| José Luis Yáñez Algarrobo, UDI y luego expulsado |
Malversación y lavado de activos. Catorce años efectivos. | Sustraído: $1.154,7 millones. Multa: $2.309,5 millones, más 200 UTM. |
| Cristián Alvarado Guaitecas, RN y luego independiente en Chile Vamos |
Malversación de caudales públicos. Diez años efectivos. | Perjuicio: $351,2 millones. |
| Luis Berwart San Fernando, independiente |
Fraude al fisco y soborno. Ocho años efectivos e inhabilitación perpetua. | Multa: $960,6 millones. |
| Miguel Ángel Aguilera San Ramón, PS durante parte de los hechos y luego expulsado |
Lavado de activos e incremento patrimonial injustificado. Cuatro años con libertad vigilada intensiva. | Incremento acreditado: $268,8 millones. Multas: cerca de $246 millones. |
| Álvaro Berger Puerto Varas, PS al momento de los hechos |
Fraude al fisco. Cinco años con libertad vigilada intensiva. | Recursos involucrados: $5,3 millones. |
| Juan Paulo Molina San Fernando, DC |
Fraude al fisco reiterado. Cuatro años con libertad vigilada intensiva. | Pagos irregulares: $37,5 millones. Multa: $18,7 millones. |
| Waldo Sankán Arica, independiente y ex-PPD |
Fraude al fisco y cohecho. Cuatro años de libertad vigilada intensiva, más 300 días. | Monto individual no precisado. La causa abarcó licitaciones por más de $3.600 millones. |
| Luis Plaza Cerro Navia, RN |
Fraude al fisco reiterado. Tres años y un día con libertad vigilada intensiva. | Daño: $14,4 millones. Multa: $1,4 millones. |
| Martín Arriagada Sagrada Familia, UDI |
Fraude al fisco. Tres años con remisión condicional e inhabilitación. | Indemnización: cerca de $16 millones. Multa: $813 mil. |
| Pedro Sabat Ñuñoa, RN |
Negociación incompatible. 61 días remitidos y suspensión de cargos públicos. | Contratos cuestionados: $13,5 millones. Multa: $675 mil. |
| Jaime Pavez La Pintana, PPD |
Malversación por distracción. Un año y un día de suspensión del empleo público. | Giro de $35 millones, posteriormente restituido. Multa: $1,75 millones. |
| Óscar Cortés Nogales, DC |
Malversación reiterada. Cinco años con libertad vigilada intensiva. | Restitución civil: cerca de $221 millones. |
| Teófilo Mamani Colchane, RN durante los hechos y luego independiente |
Malversación. Cinco años de inhabilitación para cargos públicos. | Perjuicio: $4,8 millones. Multa: $2,4 millones. |
| Rodrigo de la Puente Bulnes, independiente respaldado por la Alianza |
Fraude al fisco frustrado. Tres años y un día con libertad vigilada intensiva. | Monto pretendido: 9.450 UF. |
| Gonzalo Tejos Empedrado, UDI |
Obtención fraudulenta de prestaciones estatales. 541 días de pena remitida. | Restitución: $7,9 millones. |
| Atilio Gallardo Timaukel, PS |
Malversación de caudales públicos. Tres años y un día con libertad vigilada. | Indemnización: $21,8 millones. |
| Jorge Órdenes Andacollo, DC |
Fraude al fisco. 300 días remitidos e inhabilitación perpetua para ejercer como alcalde. | Monto individual no precisado. |
| Marcelo Rivera Hualpén, PPD |
Fraude al fisco y cohecho. Tres años remitidos e inhabilitación perpetua como alcalde. | Restitución: cerca de $32 millones. |
| Luis Eduardo Escanilla Nancagua, PPD durante los hechos y luego PS |
Negociación incompatible. Suspensión e inhabilitación por dos años. | Monto individual no precisado. |
| Marcos Hernández Galvarino, DC |
Fraude al fisco. Tres años e inhabilitación para cargos públicos. | Perjuicio: $352 mil. |
| Pedro Velásquez Coquimbo, DC durante los hechos y luego independiente |
Fraude al fisco. 300 días remitidos e inhabilitación perpetua para ejercer como alcalde. | Obligaciones posteriores: cerca de $165 millones. |
| Daniel Adaro Antofagasta, independiente y anteriormente DC |
Fraude al fisco en el Caso Asesores e inhabilitación política por siete años. | Monto individual no precisado. |
O’Higgins reúne cuatro casos
La Región de O’Higgins concentra cuatro exalcaldes dentro del listado. A Juan Ramón Godoy se suman Luis Berwart y Juan Paulo Molina, en San Fernando, además de Luis Eduardo Escanilla, en Nancagua.
Berwart fue condenado en abril de 2026 mediante un procedimiento abreviado. La sentencia estableció que utilizó sus posiciones como alcalde, presidente de la Corporación Municipal de San Fernando y presidente del concejo para dirigir una estructura que obtuvo recursos públicos destinados, entre otros fines, a cubrir compromisos personales y políticos.
Molina fue sentenciado por hechos cometidos después de dejar la alcaldía. Una sociedad vinculada al exjefe comunal emitió 35 facturas por asesorías comunicacionales que no fueron prestadas, pero que se pagaron con fondos de educación y salud administrados por la corporación municipal.
La presencia de dos condenas relacionadas con la misma entidad muestra cómo las irregularidades pueden sobrevivir a los cambios de administración y mantenerse en organismos encargados de gestionar servicios esenciales.
Exalcaldes acusados que esperan juicio
El mapa municipal no termina con las sentencias dictadas. Otros exalcaldes enfrentan acusaciones del Ministerio Público y solicitudes de cárcel, pero mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución condenatoria.
| Exalcalde | Estado procesal | Petición fiscal |
|---|---|---|
| Cathy Barriga Maipú, independiente elegida en cupo UDI |
Preparación del juicio oral fijada para el 7 de octubre de 2026. | Más de 23 años. Fraude atribuido: cerca de $33.500 millones. |
| Raúl Torrealba Vitacura, ex-RN |
Debate sobre reapertura de la investigación el 1 de septiembre. Preparación del juicio el 30 de noviembre de 2026. | 28 años. Indemnización solicitada por el CDE: $766,8 millones. |
| Daniel Jadue Recoleta, PC |
Preparación del juicio oral fijada para el 24 de agosto de 2026. | Más de 18 años. |
| Gervoy Paredes Puerto Montt, ex-PS |
Acusación presentada por delitos relacionados con la administración municipal y recursos educacionales. | Más de 14 años. Perjuicio atribuido: superior a $500 millones. |
| Fernando Paredes Puerto Natales, UDI durante su administración |
Juicio oral programado desde el 31 de julio de 2026 por la arista Luminarias LED. | Acusado por cohecho y violación de secreto. |
Las penas solicitadas expresan la posición de la Fiscalía y de los querellantes. No anticipan el resultado de los juicios ni permiten presentar como culpables a quienes todavía no cuentan con una condena.
El caso de Cathy Barriga muestra, además, que las responsabilidades electorales y penales avanzan por vías distintas. El Tricel la inhabilitó durante cinco años para ejercer cargos públicos por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad, pero la acusación penal todavía debe ser discutida y probada en juicio.
Las sanciones electorales siguen otra vía
Durante el último año, el Tribunal Calificador de Elecciones también confirmó la inhabilitación por cinco años del exalcalde independiente de Antofagasta Jonathan Velásquez, por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad.
En O’Higgins, el alcalde de Chimbarongo Marco Contreras, independiente respaldado por RN, cumplió una suspensión de tres meses y retomó sus funciones en mayo. En Llanquihue, el Tricel descartó la remoción del alcalde DC Víctor Angulo, pero le impuso una suspensión por el mismo periodo.
Estas resoluciones no constituyen condenas penales. La justicia electoral puede remover, suspender o inhabilitar autoridades por infracciones a la probidad y abandono de deberes, pero no impone penas de cárcel ni determina la comisión de delitos.
Controles que llegan cuando el daño ya está hecho
Una investigación de CIPER, construida con antecedentes del Consejo de Defensa del Estado, identificó 203 querellas por hechos de corrupción vinculados con 135 municipios, cerca del 40% de las comunas del país. El levantamiento también mostró la distancia existente entre una denuncia y una sentencia, debido a que numerosas causas finalizaron con absoluciones, sobreseimientos, prescripciones o decisiones de no perseverar.
Los casos repiten mecanismos similares: licitaciones dirigidas, asesorías utilizadas con fines políticos, servicios no prestados, contratación de personas cercanas, adulteración de documentos y corporaciones municipales con controles insuficientes.
La transversalidad política descarta que la corrupción municipal pueda explicarse únicamente por la conducta de un partido. La reiteración de los mecanismos dirige la atención hacia concejos con capacidades limitadas de fiscalización, unidades de control dependientes de la propia administración y entidades comunales que manejan recursos públicos con menor trazabilidad.
La extradición de Karen Rojo demuestra que una condena puede ejecutarse incluso después de que una autoridad abandone Chile y prolongue durante años su regreso. También expone una debilidad anterior a la intervención de los tribunales: cuando la justicia establece responsabilidades, los recursos muchas veces ya fueron utilizados, las administraciones terminaron y el daño sobre la confianza pública está consumado.
El caso de Rojo es excepcional por su salida del país y la intervención de la justicia neerlandesa. No lo es por el uso irregular de recursos municipales ni por la demora con que el sistema logra detectar, perseguir y sancionar estas conductas.
