Luego de la votación de este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, que envió la Ley de Prevención de Incendios a Comisión Mixta, el exministro advierte que dilatar su aprobación constituye una omisión ética frente al riesgo climático creciente
La Ley de Prevención de Incendios en Chile vivió este martes una jornada clave en la Cámara de Diputadas y Diputados. Aunque el proyecto había sido aprobado previamente por el Senado, la Cámara no respaldó íntegramente el texto y rechazó o modificó disposiciones relacionadas con obligaciones obligatorias de manejo en zonas de interfaz urbano-forestal, responsabilidades de propietarios y régimen sancionatorio.
Al no existir concordancia entre ambas cámaras, la iniciativa fue enviada a Comisión Mixta. La instancia —integrada por cinco senadores y cinco diputados— deberá ahora resolver las discrepancias y proponer un texto común que volverá a votarse en ambas salas.
Este paso no implica que la ley esté caída, pero sí extiende su tramitación y abre una negociación política cuyo desenlace dependerá de la capacidad del Congreso para alcanzar acuerdos antes del cierre del período legislativo.
En entrevista exclusiva con Poderyliderazgo.cl, Esteban Valenzuela sostiene que el debate dejó de ser técnico. A su juicio, la discusión interpela directamente la responsabilidad política del Congreso frente a un riesgo climático estructural que el país ya ha sufrido con consecuencias humanas y territoriales devastadoras.
¿Qué significa que el proyecto haya sido enviado a Comisión Mixta?
Significa que todavía no hemos logrado un acuerdo completo entre ambas cámaras. Pero quiero ser claro: esto no puede transformarse en una excusa para dilatar una ley que es un imperativo ético del primer orden.
Chile no ha tenido una legislación robusta de prevención de incendios. Este gobierno la trabajó, avanzó en ella, tuvo una ralentización en la Comisión de Hacienda del Senado y hoy está en su tramo final. No podemos volver a postergarla.
¿Por qué habla de imperativo ético?
Porque la aprobación de la ley de incendios y prevención de incendios es un operativo ético de la primera importancia. Chile está amenazado por el cambio climático y por episodios de viento y clima extremo que han azotado al mundo y también nos corresponden.
No estamos hablando de un riesgo hipotético. Estamos hablando de ciudades completas rodeadas por cordones forestales que son simplemente un peligro público.
Usted ha sido particularmente enfático respecto al manejo forestal en zonas pobladas.
Es inmoral tener bosques sin despejes, sin manejo, encima de aldeas, consultorios, escuelas rurales y ciudades completas. Eso es un peligro público. No hay excusa para mantener esa situación cuando el riesgo es conocido y documentado.
En ninguna parte del mundo se le paga a los propietarios por cumplir esta tarea básica cuando existe riesgo hacia terceros. Esto tiene que ver con una cultura de prevención. La prevención es responsabilidad, no subsidio.
¿Qué peso tiene la memoria de las tragedias recientes?
No podemos volver a sufrir lo que se vivió en Viña del Mar, Quilpué, Penco o Lirquén. Por la memoria de quienes allí murieron y perdieron sus viviendas, debemos actuar con verdadero amor territorial.
Normalizar esas tragedias sería aceptar que el país vive en vulnerabilidad permanente.
A su juicio, ¿Por qué la tramitación ha sido tan extensa?
Porque establecer obligaciones obligatorias redefine responsabilidades y toca intereses económicos. Siempre que la prevención deja de ser voluntaria y pasa a ser exigible, aparecen resistencias.
Hay sectores que prefieren modelos más flexibles o subsidiados. Pero cuando el riesgo afecta a terceros, la responsabilidad no puede ser opcional.
No podemos seguir dándonos vueltas como pirinola en algo que es un imperativo del primer orden.
Usted ha señalado que esta normativa pone a Chile en línea con estándares internacionales. ¿Qué significa exactamente elevar la ley de incendios al estándar de los países de la OCDE?
Estamos poniendo esta ley a la altura de los estándares de la OCDE, los cuarenta países más desarrollados del mundo.
Chile no puede aspirar a desarrollo económico sin asumir estándares equivalentes en seguridad territorial. Esta ley debe aprobarse antes del 11 de marzo. No por calendario político, sino por responsabilidad país.
La definición ya no es técnica: es ética y política
Esteban Valenzuela fue categórico: “la ley de incendios es un operativo ético de la primera importancia”. Cuando sostiene que es “inmoral mantener bosques sin manejo sobre ciudades completas”, no describe una opinión, sino una condición objetiva de riesgo conocido.
La Comisión Mixta no es un mero trámite. Es el momento en que el Congreso deberá demostrar si está dispuesto a asumir esa dimensión ética o si permitirá que el debate vuelva a diluirse en procedimientos.
Si la Ley de Prevención de Incendios en Chile no se despacha antes del cierre del período legislativo, no será por falta de diagnóstico ni por ausencia de tragedias que la justifiquen. Será por falta de acuerdo político. Y esa responsabilidad quedará registrada en las votaciones.
Como subrayó el exministro, el país ya conoce las consecuencias de no actuar a tiempo. La memoria de las ciudades arrasadas no admite neutralidad. La Comisión Mixta es la última oportunidad para demostrar que la prevención no es un discurso estacional, sino una convicción legislativa.
