La nueva Plaza Pública muestra que el crimen organizado concentra la preocupación ciudadana y aumenta la presión sobre el Ejecutivo: 78% lo identifica como principal problema y 42% pide priorizar gestión gubernamental y coordinación policial
La percepción de que el narcotráfico disputa espacios al Estado alcanza niveles prácticamente transversales. La nueva Plaza Pública Cadem muestra que 97% de los consultados cree que existen barrios o sectores donde bandas de narcotraficantes tienen mayor control o influencia que el propio Estado. Un 72% sostiene que son muchos y otro 25% que existen algunos.
La señal se cruza directamente con las expectativas sobre el Ejecutivo. 56% identifica al Gobierno como el principal responsable de resolver el problema de la delincuencia, frente a 27% que menciona a tribunales y jueces y 10% que sitúa esa responsabilidad en Carabineros y la PDI. El dato sube cuatro puntos respecto de agosto de 2024.
Crimen organizado concentra la preocupación
La lectura ciudadana se produce mientras la agenda gubernamental contra el crimen organizado intenta ampliar capacidades policiales e institucionales. Según Cadem, 78% considera que el principal problema actual es el crimen organizado, categoría que incluye narcotráfico, sicariatos, secuestros y bandas extranjeras. Solo 20% apunta a la delincuencia común, como robos, asaltos o portonazos.
La demanda tampoco está concentrada en nuevas leyes. Frente a la pregunta sobre dónde debería estar la prioridad para enfrentar la crisis, 42% señala la gestión del Gobierno y la coordinación con las policías, mientras 37% apunta a fiscales y tribunales. Apenas 18% considera prioritario aprobar nueva legislación en el Congreso.
Seis señales que deja la nueva Cadem
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Percibe barrios con algún grado de influencia narco superior al Estado | 97% |
| Identifica al crimen organizado como principal problema de delincuencia | 78% |
| Declara mucha o bastante preocupación por ser víctima de un delito | 70% |
| Considera que la delincuencia es más violenta que en 2025 | 68% |
| Señala al Gobierno como principal responsable de resolver la delincuencia | 56% |
| Prioriza gestión del Gobierno y coordinación policial sobre nuevas leyes | 42% |
El dato adquiere relevancia después de meses en que la estrategia de seguridad del Gobierno mostró señales de desgaste en las encuestas. La nueva medición refuerza una señal distinta: la expectativa ciudadana ya no parece concentrarse solo en anuncios o nuevas herramientas legales, sino en resultados perceptibles en barrios y espacios públicos.
Esa exigencia aparece cuando se consulta cómo debería evaluarse al Ejecutivo durante los próximos seis meses. 45% considera que la principal señal de avance sería sentir mayor seguridad en barrios y espacios públicos, 37% espera más presencia policial y 33% pide más detenidos vinculados al narcotráfico y crimen organizado.
Cárceles y control territorial
La percepción de pérdida de control no se limita a los barrios. 55% considera que el Estado controla poco o nada lo que ocurre dentro de las cárceles chilenas, 32% responde que existe algún control y apenas 12% cree que el dominio estatal es mucho o bastante.
El temor a convertirse en víctima también permanece elevado. 70% declara mucha o bastante preocupación por sufrir un delito, mientras 68% considera que la delincuencia es actualmente más violenta que en 2025 y 53% afirma que aumentó durante los últimos seis meses.
Los resultados aparecen en momentos en que la seguridad continúa siendo uno de los ejes políticos con los que el Presidente llegó a La Moneda y una dimensión central para evaluar los primeros meses de la administración de José Antonio Kast.
Desaprobación de Kast llega a 65%
La misma medición registra 65% de desaprobación a la forma en que José Antonio Kast conduce su Gobierno, frente a 32% que aprueba su gestión y 3% que no responde. La encuesta no establece una relación causal entre esa evaluación presidencial y los resultados sobre delincuencia, pero ambas cifras configuran una presión simultánea sobre La Moneda.
La encuesta también muestra amplio apoyo a medidas específicas contra organizaciones criminales. 91% respalda impedir que personas condenadas por crimen organizado puedan ocupar cargos de elección popular, 85% apoya entregar mayores facultades a Gendarmería para segregar reos de alta peligrosidad y 70% está de acuerdo con equiparar el crimen organizado al terrorismo.
El respaldo, sin embargo, disminuye cuando las medidas afectan directamente la vida cotidiana. La posibilidad de establecer toques de queda por barrio divide a los consultados: 47% está de acuerdo y 46% en desacuerdo.
La fotografía que entrega Cadem, por tanto, va más allá del temor al delito. Muestra una ciudadanía que identifica al crimen organizado como el principal problema de seguridad, percibe espacios donde el Estado pierde capacidad de control y coloca sobre el Gobierno la mayor responsabilidad para revertir esa situación.
