La sobretasa de 12,5% alcanza salmones, frutas, vinos, lácteos y productos forestales. O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes concentran cadenas exportadoras expuestas a mayores costos y presión sobre el empleo
Desde los centros de cultivo de Aysén hasta los huertos frutícolas de O’Higgins, la nueva política arancelaria de Donald Trump comenzó a recorrer la geografía productiva chilena. La sobretasa de 12,5% alcanza salmones, frutas, vinos, lácteos, mejillones y manufacturas de madera, actividades que sostienen empleos, plantas procesadoras y redes de proveedores lejos de Santiago.
El impacto no será igual en todo el país. El cruce entre las mercancías gravadas y los territorios donde se producen permite identificar una mayor exposición en O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes. No son necesariamente las únicas regiones afectadas, pero reúnen algunas de las cadenas exportadoras más vinculadas con los productos sometidos al nuevo gravamen.
La decisión alcanza 989 categorías de productos y podría generar una carga arancelaria adicional de US$200,5 millones durante 2026, según la estimación entregada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Cerca del 53% de los bienes chilenos quedó excluido, principalmente por la presencia del cobre refinado, el carbonato de litio y otros minerales considerados necesarios para la industria estadounidense.
La cifra entrega una primera dimensión del problema, pero no muestra cómo el costo puede descender desde los grandes exportadores hacia agricultores, transportistas, trabajadores temporales, plantas de embalaje y pequeñas empresas proveedoras. Una reducción en los pedidos, una renegociación de precios o la pérdida de un comprador estadounidense puede extenderse por toda la cadena regional.
El costo se desplaza hacia los territorios
Estados Unidos protegió el ingreso de materias primas que necesita para sus cadenas industriales, pero mantuvo la sobretasa sobre productos que compiten directamente dentro de su mercado. Mientras el cobre y el litio quedaron entre las excepciones, el salmón, la fruta, el vino y diferentes manufacturas de madera deberán pagar el recargo de 12,5%.
La siguiente tabla no corresponde a una clasificación oficial del Gobierno chileno o estadounidense. Es una identificación periodística elaborada mediante el cruce entre los productos públicamente informados como afectados y las regiones que concentran su producción, procesamiento y empleo.
| Región | Actividades expuestas | Productos principales |
|---|---|---|
| O’Higgins | Fruticultura y vitivinicultura | Uvas, cerezas, manzanas y vinos |
| Maule | Fruticultura, vinos y forestal | Manzanas, arándanos, vinos y tableros |
| Ñuble | Fruticultura y forestal | Arándanos, frutas congeladas y madera |
| Biobío | Industria forestal | Tableros, molduras y madera aserrada |
| La Araucanía | Industria forestal | Madera, tableros y manufacturas |
| Los Lagos | Salmón, lácteos y mejillones | Salmones, lácteos y choritos |
| Aysén | Salmonicultura | Salmón fresco, refrigerado y congelado |
| Magallanes | Salmonicultura | Salmón fresco, refrigerado y congelado |
En O’Higgins y Maule, donde se concentra más de la mitad de la superficie frutícola nacional, la inquietud apunta a las próximas temporadas de exportación. O’Higgins reúne el 26,1% de la superficie nacional de frutales, mientras Maule representa el 25,4%.
Cerezas, uvas, arándanos, manzanas y vinos deberán competir en Estados Unidos con un costo adicional que puede terminar reduciendo el precio pagado al exportador chileno. Para las economías regionales, el riesgo no se limita al valor de la fruta embarcada, porque también alcanza el transporte, la refrigeración, el embalaje, los servicios agrícolas y el empleo temporal.
La medida llega cuando algunas de esas regiones ya arrastran señales de debilitamiento. En O’Higgins, la caída de actividades tradicionales y el deterioro del mercado laboral han expuesto la dependencia de una matriz concentrada en pocos sectores.
En Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, la preocupación se concentra en la industria forestal. Las cuatro regiones lideran distintos segmentos de la actividad de aserrío y transformación de madera, mientras Estados Unidos recibe productos como molduras, tableros, madera aserrada y elaboraciones utilizadas por su industria de la construcción.
La Corporación Chilena de la Madera ya había advertido sobre los efectos regionales de una nueva barrera comercial. Una pérdida de competitividad puede traducirse en menores pedidos, reducción de inversiones y presión sobre los empleos que dependen de la cadena forestal.
Más al sur, la salmonicultura aparece entre las actividades más expuestas. Estados Unidos consume más del 40% del salmón chileno, por lo que una variación de precios o condiciones de acceso repercute directamente en empresas instaladas en Los Lagos, Aysén y Magallanes.
La industria ya había planteado esa vulnerabilidad durante las primeras ofensivas proteccionistas de Washington. En 2025, Hacienda y SalmonChile analizaron los efectos de los aranceles sobre los envíos nacionales, anticipando que el costo podía terminar distribuyéndose entre importadores, exportadores y consumidores.
Gobierno reconoce el revés y abre una negociación
La respuesta del Ejecutivo buscó contener simultáneamente el impacto económico y el costo político de la decisión. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que el resultado es desfavorable, pero evitó escalar el conflicto con Washington y reafirmó la posición chilena frente al comercio internacional.
“Obviamente es un revés, obviamente no es positivo. Chile favorece el libre comercio, el multilateralismo”, sostuvo el secretario de Estado. Quiroz agregó que Estados Unidos sigue desde hace tiempo una orientación distinta y expresó su expectativa de que la controversia pueda resolverse mediante las gestiones encabezadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El ministro explicó además que Hacienda se mantiene involucrado en el seguimiento de la medida y aporta antecedentes económicos, pero precisó que la conducción de las conversaciones corresponde a la Cancillería. Su respuesta confirmó que La Moneda no pretende convertir el arancel en una confrontación bilateral, aunque reconoció que Chile no consiguió evitar la tasa más alta aplicada por Washington.
La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, centró la estrategia gubernamental en la búsqueda de excepciones para las actividades que quedaron expuestas.
“La estrategia es que nuestros productos que están afectos ahora a esta sobretasa sean excluidos (…) ya estamos negociando”, declaró. El listado priorizado incluye salmones, carnes, vinos, lácteos, mejillones, tableros de madera, cerezas, uvas y arándanos.
Estévez planteó que la medida forma parte de una política comercial de alcance global y recordó que también afecta a socios cercanos de Washington. Desde esa perspectiva, el Gobierno descarta que se trate de una represalia dirigida específicamente contra Chile, aunque el país quedó con la tasa de 12,5%, superior a la aplicada a otras economías.
La respuesta institucional de la Cancillería buscó despejar una de las interpretaciones que comenzaron a circular después del anuncio. “La resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición”, afirmó el Gobierno.
La declaración recordó que Chile cuenta con legislación laboral, organismos fiscalizadores y compromisos internacionales destinados a prevenir y sancionar el trabajo forzoso. Por esa razón, el Ejecutivo considera que la sobretasa no se condice con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos entregados durante la investigación.
Una acusación diferente a la instalada en el debate
El reproche formal de Washington no apunta a cómo se producen los salmones, las frutas, los vinos o la madera chilena. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, cuestionó la ausencia de una prohibición aduanera que impida eficazmente el ingreso a Chile de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso en terceros países.
La diferencia es relevante. Chile concentró su defensa en demostrar que cumple los estándares laborales dentro de su territorio, mientras Estados Unidos evaluó los mecanismos utilizados para controlar las importaciones procedentes de otros mercados.
La USTR estableció una tasa de 10% para las economías que cuentan con prohibiciones, regímenes parciales o compromisos reconocidos sobre estas importaciones. Para el resto, entre ellas Chile, aplicó un gravamen de 12,5%, junto con un listado de productos exceptuados por razones de abastecimiento y necesidades de la economía estadounidense.
La pregunta que ahora enfrenta el Gobierno es por qué Chile no logró que sus normas, antecedentes o eventuales compromisos fueran considerados suficientes para acceder a la tasa de 10%. Defender la institucionalidad laboral era necesario, pero no respondía completamente al cuestionamiento aduanero formulado por Washington.
La diferencia inmediata frente a los competidores que accedieron al tramo menor es de 2,5 puntos porcentuales. El efecto dependerá de cada mercancía, de los contratos comerciales y de la posibilidad de distribuir el costo entre exportadores, importadores y consumidores.
Una empresa chilena puede verse obligada a reducir el precio para conservar al comprador, compartir el recargo con el importador o perder el contrato frente a un proveedor de otro país. Por eso, el impacto no equivale automáticamente a una caída de 12,5% en los ingresos, pero sí introduce una desventaja competitiva.
Muñoz cuestiona la estrategia ante Trump
El costo político de la decisión aumentó con la reacción del excanciller Heraldo Muñoz, quien calificó la sobretasa como un “golpe discriminatorio” y pidió al Gobierno negociar con mayor autonomía frente a Washington.
“Chile debe negociar con firmeza y sin hacerse el simpático con el gobierno de Trump”, señaló Muñoz. El exministro sostuvo que la cercanía política con la administración republicana no se tradujo en mejores condiciones comerciales y vinculó la medida con la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.
La explicación sobre China corresponde al análisis del excanciller y no al fundamento oficial entregado por la USTR. Sin embargo, abre una discusión sobre la posición que Chile deberá asumir frente a dos potencias que utilizan cada vez con mayor intensidad el comercio, los minerales y las cadenas de suministro como herramientas de influencia.
La crítica adquiere relevancia después de que Chile y Estados Unidos profundizaran su cooperación en minerales críticos. Washington considera al cobre y al litio chileno insumos necesarios para su industria, una prioridad reflejada en las excepciones concedidas a esos productos.
Chile ya había conseguido que sus exportaciones de cobre quedaran fuera de medidas arancelarias anteriores. Esta vez, sin embargo, la protección no se extendió a actividades intensivas en empleo regional, como el salmón, la fruta y la industria forestal.
Gremios piden agotar las gestiones
SalmonChile lamentó que el salmón nacional no fuera incorporado a las excepciones. El gremio había defendido ante la USTR que el producto chileno no desplaza una oferta estadounidense equivalente, sino que ayuda a abastecer un consumo que la producción local no puede cubrir por sí sola.
Tras conocerse la resolución, la organización llamó a la Cancillería a utilizar todas las instancias disponibles para revertir la medida y avanzar hacia futuras rebajas. La inquietud se concentra en la posibilidad de que los compradores estadounidenses busquen alternativas o exijan una disminución del precio pagado a los productores chilenos.
La Sociedad Nacional de Agricultura advirtió, por su parte, que la sobretasa afecta la competitividad y genera incertidumbre para miles de productores y trabajadores. La preocupación se extiende especialmente a frutas, vinos y otros alimentos con fuerte presencia en el mercado norteamericano.
El desafío del Gobierno será conseguir que las gestiones diplomáticas se traduzcan en resultados antes de que las decisiones comerciales comiencen a reflejarse en contratos, inversiones y empleo.
Una negociación con efecto regional
El arancel es pagado formalmente por el importador estadounidense, pero su impacto puede recorrer toda la cadena. El comprador puede trasladar el costo al consumidor, solicitar una rebaja al proveedor chileno o sustituir la mercancía por otra procedente de un país sometido a una tasa menor.
Para los territorios, cualquiera de esas alternativas puede significar menor rentabilidad, reducción de pedidos o postergación de inversiones. El riesgo es mayor en actividades con márgenes estrechos, alta dependencia de Estados Unidos y pocas opciones inmediatas para redirigir su producción.
La diversificación de mercados aparece como una salida necesaria, pero no instantánea. Abrir nuevos destinos para salmones, frutas, vinos o manufacturas forestales exige autorizaciones sanitarias, promoción comercial, inversiones logísticas y relaciones con compradores que toman años en consolidarse.
Chile también deberá resolver la brecha regulatoria que abrió la investigación. Crear un sistema capaz de fiscalizar y prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso no asegura automáticamente una reducción del arancel, pero entregaría un argumento concreto para solicitar una revisión.
Por ahora, la principal certeza es territorial. Estados Unidos resguardó el ingreso de los minerales que necesita, mientras mantuvo el gravamen sobre actividades que sostienen empleos y proveedores regionales. Una decisión adoptada en Washington amenaza así con trasladar sus costos hacia los lugares donde Chile produce, procesa y exporta buena parte de su riqueza.
