Por PhD Francisco Bravo y PhD Brigitte Leal, académicos UAI
Los sistemas alimentarios acuáticos se encuentran en una encrucijada. En 2024, la producción mundial de pesca y acuicultura alcanzó un récord de 235 millones de toneladas, confirmando su crucial rol en la seguridad alimentaria global. Este crecimiento, sin embargo, plantea desafíos ambientales, territoriales e institucionales que obligan a preguntarse no solo cuánto más se podrá producir, sino bajo qué reglas, límites ecológicos y formas de gobernanza.
De acuerdo con el reciente informe El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2026 de FAO, emergen tres puntos que deberían guiar la agenda de los próximos años. En primer lugar, la acuicultura se ha consolidado como el principal motor de producción de animales acuáticos.
En 2024, la acuicultura alcanzó un récord de 103 millones de toneladas y representó el 53% de la producción mundial de estos alimentos, consolidando el cambio histórico iniciado en 2022, cuando superó por primera vez a la pesca de captura. Hacia 2034, se proyecta que suministrará el 62% de los alimentos acuáticos para consumo humano.
Ese crecimiento, sin embargo, no puede entenderse como expansión productiva sin condiciones. La acuicultura será clave para la seguridad alimentaria, pero su legitimidad dependerá de operar dentro de límites sostenibles de producción. En Chile, temas particularmente relevantes son la definición de capacidad de carga ambiental, sanitaria, social (¿cuánto es demasiado?), impactos acumulativos, bioseguridad, competencia y conflictos de uso del espacio costero.
En segundo lugar, el preocupante estado de los recursos provenientes de la pesca extractiva también ha generado diversas interrogantes. Aunque la captura global se ha mantenido relativamente estable en torno a 92 millones de toneladas desde fines de la década de 1980, el deterioro ecológico es persistente: la proporción de poblaciones de peces marinos explotadas dentro de niveles biológicamente sostenibles cayó al 62,4% en 2023. En Chile, el diagnóstico también es exigente: entre las principales pesquerías con estado actualizado, un 46% estaba sobreexplotada o agotada en 2024.
Esta realidad exige una gobernanza pesquera estricta, precautoria y basada en evidencia. El desafío no es solo reconocer estos principios en normativas ambientales y sectoriales, sino implementarlos en decisiones efectivas: monitoreo robusto, incorporación del enfoque ecosistémico de manejo, cuotas consistentes con la evidencia científica, fiscalización efectiva y combate decidido a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La tercera señal es la urgencia de diversificar la producción de estos alimentos frente al cambio climático en Latinoamérica. La región es una potencia exportadora que generó un superávit comercial de 21.000 millones de dólares en 2024, fuertemente impulsado por el salmón y la anchoveta de Chile y Perú, y el camarón de Ecuador. Pero esta matriz está concentrada en pocas especies y mercados, y contrasta con una baja disponibilidad interna de alimentos acuáticos: 10,1 kg per cápita, frente a 21,1 kg de media mundial.
Esta paradoja obliga a mirar más allá de los volúmenes exportados. América Latina y el Caribe deben diversificar su producción, fortalecer cadenas de valor locales, mejorar el acceso a alimentos acuáticos nutritivos e incorporar la adaptación climática como eje de la planificación.
Para Chile, el desafío es especialmente relevante por su peso en la producción mundial. Sus avances legales, científicos y participativos solo serán efectivos si se traducen en planificación espacial marina, datos transparentes, coordinación institucional, cogestión y reglas basadas en límites ecológicos. Producir más alimentos acuáticos requerirá incorporar y atender necesariamente estos estándares.
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